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Un exdirectivo demanda a la Junta andaluza al despedirle por “razones políticas”

Albert Rivera tildó a ocho gerentes de la agencia pública Idea de “enchufados por el PSOE”

junta de andalucia
El consejero de Economía andaluz, Rogelio Velasco (izq.), junto al presidente de su partido, Albert Rivera, en enero.

El exgerente en Málaga de la agencia pública Idea, José Aguilar, ha demandado a la Junta andaluza por vulnerar sus derechos fundamentales al despedirle supuestamente por razones políticas e ideológicas tras llevar a cabo una “persecución y limpieza ideológica orquestada”. El Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) despidió a los ocho gerentes provinciales de Idea el pasado 28 de mayo para “despolitizar” la dirección de la agencia pública, según afirmó el consejero de Economía, Rogelio Velasco (Cs). Al día siguiente, el líder de este partido, Albert Rivera, criticó: “El Gobierno Ciudadanos-PP destituye a los gerentes enchufados por el PSOE en Idea, epicentro de la corrupción en la Junta. La meritocracia sustituye a los dedazos”.

El problema es que según la ley una Administración no puede alegar la adscripción política para despedir a un trabajador como los exgerentes, acusados de ser “enchufados” del partido socialista, en el poder hasta el pasado enero. De ahí que Aguilar reclame a la justicia de lo Social la nulidad de su despido por vulnerar los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución, una vía que posiblemente sigan más exdirectivos cesados, según confirman varios de ellos.

Idea es una de las 12 agencias públicas que la Junta va a auditar y cuyos 9.000 contratos —de trabajadores que no son funcionarios y accedieron a sus puestos sin oposición pretende examinar uno a uno. Para el PP y Ciudadanos, estos trabajadores son “enchufados” del PSOE, como han repetido varios dirigentes en diversas ruedas de prensa.

En su demanda, el exdirectivo reclama una indemnización adicional de 10.000 euros al discriminarle supuestamente por sus “ideas políticas”. “El hecho de menospreciar públicamente a los empleados cesados, señalarlos de forma directa y hacerlo a través de redes sociales con un número de seguidores significativamente elevado, debiera conllevar una reparación adicional”, argumenta el escrito.

En paralelo, el exgerente de Málaga, en su puesto desde hace cinco años con contrato de alto directivo, alega que no ejerció como tal para la agencia Idea, sino que llevaba a cabo funciones como personal laboral, una reclamación que los tribunales ya atendieron con sentencia firme en las dos demandas interpuestas por los últimos gerentes de Idea. “Las decisiones del actor [Aguilar] eran siempre controladas, debiendo superar un triple filtro que quiebra la relación especial de alta dirección, emergiendo una relación laboral común”, argumenta el exdirectivo de la Junta en su demanda, interpuesta la semana pasada.

¿Despidos en las agencias públicas?

El acuerdo entre Vox y los socios de Gobierno en la Junta andaluza, PP y Ciudadanos, incluye una partida de 15 millones en los Presupuestos de 2020 bajo el título “costes indemnizatorios” en la remodelación prevista para las 12 agencias públicas, en las que trabajan 9.000 personas que no son funcionarios.

Mientras que el PSOE alerta sobre los despidos que prevé la Junta forzada por el partido de ultraderecha, tanto el PP, como Ciudadanos y Vox rechazan que los ceses se vayan a producir. Los socialistas han avanzado la cifra de 9.000 despidos -es decir, casi la totalidad de las plantillas- y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y Vox, en el otro extremo, niegan la mayor. “En ningún caso se ha hablado de despidos”, ha afirmado Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox, informa Efe. Hace un mes y medio fuentes de la Dirección General de Función Pública dejaron la puerta abierta a futuros despidos tras analizar los 9.000 contratos uno a uno.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha alimentado la polémica de los “enchufados” por los anteriores Gobiernos socialistas, entre ellos alcaldes y altos cargos que encontraron refugio en alguna de las 18 agencias públicas de la Junta. “No hay ninguna predisposición para despedir a ningún trabajador (…) La partida es para ordenar la función pública”. Sin embargo, a pesar de evitar mencionar los despidos al ser preguntado por el destino de la partida de 15 millones, Nieto tranquilizó a los trabajadores de la Junta que accedieran a su puesto “según criterios de concurrencia, capacidad y mérito”, situación ajena a la mayoría de esos 9.000 empleados de las agencias públicas.

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