La Junta andaluza revisará uno a uno 9.000 contratos de 12 agencias públicas

Una de las primeras decisiones del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos en Andalucía fue encargar a los interventores de la Junta un informe de auditoría de 12 de las 18 agencias públicas para saber si su continuidad está justificada o no. Las 585 páginas de este informe preliminar no arrojan, por el momento, datos concluyentes que hagan pensar en un cierre inminente de algunas de esas agencias, pero los interventores sí describen el siguiente panorama: las competencias de los entes con las consejerías a las que están adscritas no están bien delimitadas; hay duplicidad de funciones; no son el medio más idóneo para prestar servicios; y no tienen aprobadas relaciones de puestos de trabajo.

En estas 12 agencias trabajan 9.461 personas, de las que sólo 498 son funcionarios. Reciben al año en su conjunto transferencias de financiación por 2.411 millones de euros, de los que el 11,7% (283 millones) se destinan a pagar nóminas.

En el lenguaje político de brocha gorda del PP y de Ciudadanos estos trabajadores son “enchufados” del PSOE, partido que gobernó durante casi 37 años ininterrumpidos la comunidad más poblada de España. Las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre sacó a los socialistas de la Junta de Andalucía tras un pacto de coalición entre PP y Ciudadanos, sostenido parlamentariamente por la extrema derecha de Vox.

La pregunta que todos se hacen es si, una vez pasadas todas las cribas y trámites de discusión del informe de auditoría, el Gobierno andaluz despedirá a las 9.000 personas que entraron a trabajar en esas empresas públicas sin pasar por una oposición. La respuesta este martes del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, fue “no”, aunque luego desde su consejería, de la que depende las competencias de Función Pública, aclararon que se mirará contrato a contrato y que una vez estudiado se tomará una decisión. Es decir, puede haber despidos, pero no 9.000.

“No se puede despedir sin más, porque sería inconstitucional, ni vas a despedir a gente que entró hace tres décadas y tiene ahora 58 años. Hay que ver cuáles son sus funciones y si estas pasan a manos de las consejerías y no pueden ejercerlas porque no son funcionarios. Va a haber un proceso de estabilización de plazas que va a ser duro”, señalaron fuentes de la secretaría general de Administración Pública.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró a tenor del informe de los interventores que las agencias públicas evaluadas “no son el medio más idóneo para el cumplimiento de sus funciones”, ya que carecen de técnicas y autonomía de gestión, evaluación de objetivos, ni los representantes de la sociedad civil tienen cabida, ni tampoco instrumentos para la ordenación del personal. Respecto a la duplicidad de funciones, Bravo puso este ejemplo: desde la Agencia de Obra Pública se decidió en su día rescindir el contrato de un tramo de la autovía del Almanzora que costó a las arcas autonómicas 16 millones de euros y la Consejería de Fomento la volvió a licitar por 35 millones.

De las 12 agencias, sólo dos sacan nota: la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El resto suspenden en algunos de los parámetros analizados. Se trata de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Este informe de auditoría, que no abarca aspectos contables, será remitido al grupo de trabajo de evaluación de las entidades instrumentales que dirige el vicepresidente andaluz, Juan Marín. De ahí saldrá una regulación legal para delimitar las funciones de las distintas agencias.

El Gobierno andaluz en sus tres meses de vida ha acelerado la extinción de 89 entes sin actividad o con actividad mínima. Bendodo informó de que el próximo día 2, el patronato de la Fundación Progreso y Salud analizará la situación del investigador y ex ministro Bernat Soria por si “podría haber podido cometer alguna irregularidad al compaginar la actividad privada con su contrato público” en dicha fundación, “que exigía claramente exclusividad”. Según Bendodo, Bernat Soria “es el trabajador de la Junta de Andalucía que más cobra”. Según el diario Abc, percibió 1,2 millones de euros desde 2009.