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El fiscal pide dos años y medio de cárcel para Camps por los contratos de Gürtel

El Ministerio Público solicita dos años y medio de cárcel para el expresidente valenciano por prevaricación y fraude

Francisco Camps, en los juzgados de Valencia./ Vídeo: Declaraciones del exdirigente del PP.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano Francisco Camps por delitos de prevaricación y fraude en relación con los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel. El político supuestamente influyó para que el Gobierno autónomo adjudicara bajo cuerda el contrato de grandes eventos para la feria de Turismo Fitur entre 2005 y 2009 a la empresa Orange Market, filial valenciana del entramado societario de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta. Camps supuestamente favoreció a esta mercantil “para contentar” a sus gestores “ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008” con ellos por la preparación de actos del Partido Popular.

Según el escrito de acusación, las empresas de organización de eventos de Correa se asentaron en 2003 en la Comunidad Valenciana para “aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció” Camps, no solo para organizar los actos y campañas del PP sino también para “conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos”, en especial los expositores de la comunidad en Fitur.

El hombre de Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, “intervino activamente” aprovechando “la estrecha y fluida relación” que le unía a Camps por la preparación de los actos de la campaña electoral de las autonómicas de 2003. El presidente de la Generalitat, afirma el acusador público en su escrito, “facilitó a Álvaro Pérez el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y de otras ferias”. Estos altos cargos, “siguiendo las instrucciones” de Camps, “posibilitaron” que Orange Market “obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, de organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat”.

Anticorrupción señala que Camps dispuso lo necesario para que los contratos de Fitur dependieran de Presidencia de la Generalitat, a través de la Dirección General de Promoción Institucional, encabezada por la coimputada Dora Ibars, en lugar de depender de la Agencia Valenciana de Turismo. Fue El Bigotes quien “llevó a cabo todo un conjunto de actuaciones previas” para lograr que Camps “diera verbalmente instrucciones” a Ibars para que se le adjudicasen a Orange Market los trabajos relativos de montaje del estand de Fitur, que en 2009 tuvo un coste de 366.529 euros.

El juez instructor del caso, José de la Mata, desgranó el pasado 4 de junio una serie de indicios de la supuesta actuación irregular de Camps, como la declaración “directa y contundente” que hizo Álvaro Pérez en enero de 2018 en el juicio del caso Gürtel Valencia, sobre la financiación del PP valenciano. En esa vista oral, El Bigotes aseguró que fue su “amiguito del alma” Camps quien obligó a Orange Market a cobrar en negro de empresarios valencianos alrededor de un millón de euros por actos de campaña para el Partido Popular.

“Constan múltiples evidencias de que Camps y Pérez alcanzaron compromisos mutuos: el primero le aseguraba al segundo trabajo [la producción de todos los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana]; y el segundo se trasladaba a Valencia y montaba allí la empresa del Grupo Correa”, afirma el magistrado. Esos servicios generaron una deuda de 800.000 euros que estaba “impagada” y, según el juez, el expresidente “estaba plenamente al corriente” de la existencia de ese pasivo.

La Generalitat valenciana solicitó el pasado 5 de junio siete años, nueves meses y un día de prisión para Francisco Camps, por los supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación en la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia. En esta causa, la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones.

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