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“La mejor vacuna contra las ‘cloacas’ de la Policía es la legalidad y el control interno”

Mónica Gracia, secretaria general del SUP, el sindicato mayoritario entre los agentes, culpa a los políticos de la existencia de 'brigadas patrióticas'

Mónica Gracia, secretaria general del SUP, en una imagen de 2017.
Mónica Gracia, secretaria general del SUP, en una imagen de 2017.

Mónica Gracia (Barcelona, 1971), secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), se enfrenta el próximo 19 de junio a las elecciones más inciertas de la historia del sindicalismo policial. Una nueva organización de agentes, Jusapol, surgida durante las negociaciones que los sindicatos tradicionales mantuvieron con el Ministerio del Interior para lograr su ansiada equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, ha convulsionado un panorama sindical que parecía estable. Todo ello mientras las continuas novedades judiciales del escándalo de la policía patriótica y el caso Villarejo minan la imagen de la Policía. 

Pregunta. Los policías van a elegir a sus representantes en un momento de inestabilidad política, con un ministro en funciones, pero también con alta conflictividad policial. ¿Está justifica esta última después del acuerdo de equiparación?

Respuesta. Las reivindicaciones policiales siempre están presentes. Es normal y es bueno. Somos un colectivo que queremos, como cualquier otro, mejorar las condiciones laborales, empezando por las retributivas. El acuerdo de equiparación salarial es histórico y supone el mayor impulso a la nómina de un policía en todo el periodo democrático, con 561 euros al mes de incremento acumulado que se culminará en 2020. Pero hay otras muchas mejoras pendientes, que van desde lo económico a la jornada laboral, pasando por los medios de protección o las infraestructuras.

P. -Llama la atención el enfrentamiento que se está viviendo en los últimos tiempos entre los sindicatos tradicionales y organizaciones de nuevo cuño.

R. Ese nuevo sindicato [Jupol, surgido de Jusapol] nació como asociación de policías nacionales y guardias civiles con un solo objetivo, la equiparación salarial, y un discurso en el que los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil éramos los culpables de todos los males. Renegaron del sindicalismo y prometieron no dar ese paso nunca. Pues bien, ya son sindicato. El problema de estos nuevos dirigentes sindicales es que para abrirse paso han tratado de destruir a los demás con malas formas y sin respeto.

P. ¿Tienen los partidos responsabilidad en esta situación? Los dirigentes de varias formaciones se han apresurado a ponerse en primera fila en muchas de sus manifestaciones.

R. Cuando un colectivo de más de 140.000 funcionarios, entre policías y guardias civiles, reclama mejoras de cualquier tipo y lo hace en un periodo electoral, los partidos políticos se acercan a ti con mucho mayor interés. Se juegan nuestros votos y los de nuestras familias. Es fácil encabezar una manifestación y desde la oposición reivindicar, sin aportar. Lo importante es cómo se retratan esas mismas formaciones cuando comienza la legislatura. 

P. ¿Cuando se materialice totalmente el acuerdo de equiparación estará la policía española bien pagada?

R. La Policía española nunca ha estado bien pagada. Las retribuciones de quienes defienden la vida de los demás con la suya nunca son suficientes. Creemos que se debe seguir avanzando en ese ámbito y vamos a luchar por ello.

P. Lo cierto es que sus reclamaciones han contado con el respaldo de un sector importante de la sociedad, ¿se sienten valorados por los ciudadanos?

R. Sin duda. Cuando una y otra vez los estudios sociológicos del CIS nos sitúan en la cabeza de instituciones más valoradas de nuestro país, es evidente que los ciudadanos nos respaldan.

P. ¿Cómo han afectado el escándalo de la policía patriótica y el caso Villarejo a esa imagen?

R. En el SUP creemos que la incidencia ha sido mínima. Y lo decimos porque negamos la mayor. No ha habido policía patriótica sino algunos mandos, con responsabilidades delicadas, cuyo trabajo ahora está bajo análisis judicial. Ningún colectivo profesional está libre de errores y episodios de mala praxis. Si los jueces y fiscales están trabajando para esclarecer episodios oscuros es gracias a los elementos que la Unidad de Asuntos Internos les traslada en sus investigaciones e informes.

P. ¿Es cierto, como dijo el ministro Grande-Marlaska, que las cloacas del Estado han sido desmanteladas?

R. Las cloacas, entendidas como delitos cometidos por compañeros, acaban cuando se descubre el delito y se sentencia. Más allá de eso, hacen falta procedimientos para evitar casos similares, cultura corporativa que repudie esas prácticas y mecanismos de depuración ágiles. La mejor vacuna contra las cloacas es la legalidad, el control interno y la transparencia.

P. ¿Cómo se pudo llegar a esa situación? ¿Por qué nadie lo denunció?

R. Esa es una pregunta esencial. Una de las quejas históricas del SUP tiene que ver con el capricho de los políticos de interferir en la carrera profesional de los mandos de la Policía Nacional. Eso genera ansiedades y ambiciones que perjudican al Cuerpo. Los ascensos y nombramientos deben someterse a principios previsibles y tasados, que la legítima competencia entre mandos se salde en el terreno de los méritos objetivos. Sobre el grado de conocimiento de esas actuaciones dentro de la Policía, la respuesta es sencilla: ¿se puede llegar a conocer la actividad concreta e individual de quienes dirigen unidades policiales de máxima reserva? Para denunciar algo, hay que conocerlo y lo que ahora es público antes no lo era.

P. ¿Cómo son las actuales relaciones entre los policías y los mossos? ¿Se ha vuelto a la situación anterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017?

R. Seamos claros, la desconfianza existe. La política catalana ha manoseado demasiado los nombramientos en la cúpula policial. Y los Mossos no son solo sus mandos, evidentemente, pero son ellos los que dirigen el Cuerpo. Cuando varios actores comparten un mismo escenario de trabajo, la protección de la seguridad ciudadana en Cataluña, deben ser los aspectos operativos y la coordinación los que primen frente a la competencia política.

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