La fiscalía se opone al intento del PP de evitar que la prensa grabe el juicio de los discos duros

La Fiscalía se opone a las pretensiones del PP de evitar la grabación del juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. En un escrito remitido al Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, donde arranca la vista oral el próximo 14 de junio, el ministerio público ha respaldado la solicitud del gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de emitir una señal de televisión de las sesiones para que todos los periodistas puedan tener acceso a las mismas. Una medida a la que se opusieron los populares, como adelantó este lunes EL PAÍS, porque "generaría un juicio paralelo en los medios de comunicación y en la sociedad, entre quienes se fomentaría un veredicto anticipado de culpabilidad" y afectaría así al derecho a la presunción de inocencia de los acusados.

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La formación liderada por Pablo Casado pretendía que los reporteros no pudieran captar imágenes del juicio. "El derecho a la información se ve salvaguardado por la presencia de periodistas en la sala del juicio, quienes no necesitan la utilización de medios audiovisuales para proporcionar información veraz a la ciudadanía", aseguraba el PP en un escrito enviado al juez de lo Penal, donde añadía que se vulneraría el derecho a la imagen y al honor de la formación, acusada como persona jurídica, y de las otras tres personas que se sientan en el banquillo: la extesorera, Carmen Navarro; Alberto Durán, director de los servicios jurídicos; y José Manuel Moreno, exresponsable informático de la formación.

Al ser vistas públicas, los periodistas pueden entrar a las sesiones, a no ser que los magistrados decreten lo contrario para garantizar algún derecho de los implicados. En los juicios mediáticos, además, los magistrados suelen dejar que se retransmita una señal de televisión para que los reporteros las sigan en directo, ya que no todos caben en las salas donde se celebran. En ocasiones se permite que las cadenas puedan ofrecer esta señal en tiempo real —como ocurre con el juicio del procés— y, otras veces, solo se da autorización para utilizar en diferido.

En el caso de los discos duros, la Fiscalía no considera adecuado que las televisiones puedan emitir en directo la vista oral, porque podrían provocar que testigos que tengan que declarar sepan lo que han manifestado otros testigos antes y para "proteger la identidad e intimidad de testigos anónimos". Eso sí, el ministerio público defiende que se graben las sesiones del juicio y que todos los periodistas puedan tener acceso a la señal.

Es más, en un escrito de dos párrafos remitido la semana pasada al juzgado, la Fiscalía reconoce que el "interés relevante y público" de la causa justifica que se "adopten las medidas oportunas para permitir la grabación" y para que los medios de comunicación acreditados tengan acceso a la vista y su contenido.

El PP ya ha maniobrado en varias ocasiones para evitar el daño político que le provoca esta causa, donde a los implicados se les imputa delitos de daños informáticos y encubrimiento después de que el exresponsable informático declarase que borró 35 veces los discos duros y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido. La formación conservadora trató de apartar a la juez que investigó la causa, Rosa María Freire, alegando que tenía una "evidente cercanía" con el PSOE —tesis rechazada por la Audiencia Provincial—. Y también, para tratar de evitar el juicio oral, invocó la doctrina Botín, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que en los delitos en los que existe un perjudicado directo no se puede celebrar un juicio si no acusan la Fiscalía o el propio interesado. Solicitud que no tuvo éxito.