Un grupo de trabajo de la ONU ve arbitraria la prisión de Junqueras y ‘los Jordis’

Un grupo de trabajo de la ONU considera que las detenciones de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en el marco del procés fueron arbitrarias. El llamado grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha emitido una comunicación relativa a la prisión provisional que guardan los tres desde finales de 2017 por su presunta implicación en la organización del proceso independentista. El trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, interpreta que esa privación de libertad vulnera los principios de la declaración universal de derechos humanos. Para restaurar sus derechos, llega a pedir al Gobierno medidas “sin dilación”, entre ellas la puesta en libertad de los presos —una decisión que no depende del Gobierno, sino de la justicia—, indemnizaciones a los encausados y una investigación “exhaustiva e independiente”.

El escrito, de 19 páginas y firmado por el presidente relator de ese grupo de la ONU, José Antonio Guevara Bermúdez, se trasladó a España el pasado 27 de mayo, a pesar de que lleva aprobado desde el 25 de abril, según la fecha que figura en la última página. El momento elegido para esta comunicación, adversa para el Gobierno, coincide con la fase final del juicio a la cúpula del procés que se celebra en el Tribunal Supremo y con la publicación este martes de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que da un varapalo a los dirigentes independentistas al avalar al Constitucional en su decisión de suspender el pleno del Parlament de Cataluña en el que el entonces president, Carles Puigdemont, pretendía declarar la independencia.

El grupo de trabajo, al que se dirigieron Junqueras, Sànchez y Cuixart para que estudiara sus casos, asume muchos de los argumentos secesionistas. Entre ellos, que los tres encausados “fueron acusados por sedición en relación a la protesta social pacífica del 20 y 21 de septiembre de 2017”, en referencia a los altercados durante los que los Jordis se subieron a un coche de la Guardia Civil para dirigirse a los manifestantes (la justicia trata de determinar si para arengarlos o para frenar las protestas).

Otro elemento que el órgano da por bueno es que el exconsejero de Interior, Joaquim Forn —también procesado y en prisión preventiva—, “fue persuadido de suprimir su activismo en favor de la causa independentista a cambio de ser liberado”. Y reitera hasta en tres ocasiones, aunque sin asumirlo expresamente, que la vicepresidenta del Gobierno (entonces Soraya Sáenz de Santamaría) “felicitó al primer ministro [Rajoy] por tener éxito al decapitar y liquidar a los líderes independentistas”. La elección de esas palabras probablemente responda a un error de traducción de un texto originalmente escrito en inglés.

Argumentos del independentismo

El texto prima, además, la versión independentista, a cuyos argumentos dedica casi seis páginas frente a las tres escasas que recogen la respuesta del Gobierno. La posición de este grupo de trabajo omite que el referéndum del 1 de octubre había sido declarado ilegal y, en su lugar, presenta la consulta como si se ajustara a la ley. “El grupo de trabajo constató que el referéndum está permitido en España para una amplia gama de temas, incluso el relacionado al presente caso”, asevera. El relator enmarca las medidas adoptadas contra los presos preventivos como respuesta a actuaciones relativas a la libertad de expresión o de opinión.

En sus alegaciones, el Gobierno lo niega y aporta como prueba que los partidos secesionistas son legales en España. Consultado sobre el escrito, un portavoz de Exteriores confirma su existencia y asegura que el Gobierno analiza su contenido para decidir cómo proceder.

El episodio constituye una muestra más del calado del discurso independentista en determinados sectores relacionados con la defensa de los derechos humanos. Aunque ninguna institución ha avalado los postulados independentistas, los esfuerzos de sus líderes en lo que denominan internacionalización del conflicto —en algunos casos con elementos de desinformación— han dado alas a algunas de sus demandas. El escrito firmado por 41 senadores franceses sobre la presunta vulneración de derechos a los líderes independentistas y la reciente moción de la izquierda minoritaria en el Parlamento alemán con postulados parecidos constituyen dos de los últimos ejemplos.