La lucha contra el narco, atascada en un embudo judicial

Que a Francisco Tejón, rey del hachís en el Estrecho, le gusta la fama es algo que quedó claro cuando, estando huido, protagonizó un videoclip de reguetón. Lo que se desconoce es qué le parece al mayor de los hermanos Castañas que su nombre aparezca en las miles de páginas de una de las causas judiciales en las que ha trabajado la Fiscalía Antidroga de Cádiz. El cerco policial al narco, iniciado a mediados de 2018, se ha traducido en un efecto embudo en la justicia que puede acabar beneficiando la situación procesal del narco. Fiscales y jueces piden un refuerzo de medios que, de entrada, no llegará hasta septiembre.

Es una de las conclusiones a las que llega la Fiscalía Antidroga gaditana en su memoria del año pasado. Y en esa misma línea abunda un informe de los cuatro juzgados de instrucción de Algeciras, que lamentan que les es “materialmente imposible dedicar el tiempo necesario” a estas operaciones que, un día sí y otro también, culminan los agentes en el Campo de Gibraltar. “Hay causas de 23 y 25 tomos. Y un tomo tiene 400 páginas”, explica una fuente cercana a la Fiscalía gaditana como ejemplo del volumen de trabajo provocado por el narcotráfico.

Desde que en julio de 2018 se puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, el ritmo de detenciones se ha hecho frenético. El refuerzo de agentes y medios para Policía Nacional y Guardia Civil ha provocado la caída de clanes del hachís en operativos que suman de 20 a 50 detenidos en cada golpe. Desde el verano pasado y hasta mediados de marzo, ambas fuerzas detuvieron a 2.758 personas vinculadas al narcotráfico, según datos del Ministerio del Interior. Pero esto se ha topado con eso que la Fiscalía Antidroga denomina “efecto embudo”.

“Las consecuencias de no actuar de inmediato pueden ser funestas”, reconoce la misma institución, presidida por la fiscal Ana Villagómez. Y avanza los efectos más inmediatos que benefician a quien se ve investigado por delitos de tráfico de drogas o vinculados a éstos, como el blanqueo de capitales: “Plazos de instrucción —limitados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal— o de prisión preventiva vencerán con la consiguiente puesta en libertad de los cabecillas”. Y eso, advierte Ministerio Público generará “de nuevo situación de impunidad” o impedirá iniciar todos los procedimientos.

“Diría que el informe hasta se queda corto. Hay situaciones graves”, reconoce Alberto Ruiz, juez decano de Algeciras, donde se van acumulando tomos y tomos en los juzgados. Como ejemplo, las diligencias previas de un caso que, en 2018, acabó con 24 detenidos, 40 investigados y 23 registros. Solo en intervenciones telefónicas la causa suma siete tomos y 10 autos de autorización para estos pinchazos. La rama principal acumula ya cinco tomos y 23 piezas separadas.

Al aumento de operaciones policiales que ha traído el Plan Especial se suman la escasez de medios —la Fiscalía Antidroga tiene diez fiscales en la provincia, seis en Cádiz, dos en Algeciras y dos en Jerez— y la investigación de causas especialmente enrevesadas. En las investigaciones por narcotráfico resultan claves medidas como las intervenciones telefónicas, la colocación de dispositivos de geolocalización o de grabación de audio y vídeo. Todas ellas “son muy complejas, dada la importantísima afectación de derechos fundamentales de las personas investigadas”, insisten fuentes judiciales.

La Fiscalía advierte que las causas pueden demorarse varios años, con el peligro de que se acaben declarando dilaciones indebidas y eso provoque una rebaja de las penas. Ya en 2018, según el informe de Antidroga, al menos seis enjuiciados a los que se les pedían penas de seis años ya se vieron beneficiados por la demora injustificada en la tramitación judicial de sus casos. Las condenas quedaron reducidas a cuatro años y varios meses en unas causas que tardaron de tres a nueve años en llegar a juicio.