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La legislatura arranca con bronca y descalificaciones a Meritxell Batet

La sesión inaugural dejó clara la precariedad del Gobierno para alcanzar la mayoría absoluta sin contar con los independentistas.

Ana Pastor junto a Meritxell Batet, tras su elección como presidenta del Congreso.
Ana Pastor junto a Meritxell Batet, tras su elección como presidenta del Congreso.

La XIII legislatura arrancó este martes en un clima de excepcional aspereza por la presencia de los políticos independentistas presos en el hemiciclo, lo que provocó broncas y protestas, básicamente de Vox, por las fórmulas heterodoxas que usaron para acatar la Constitución. PP y Cs descalificaron la candidatura de la socialista catalana Meritxell Batet a presidir el Congreso. Y reforzaron las críticas tras su elección por admitir gran variedad de expresiones para adquirir la condición de diputado, con algunas referencias incluso al referéndum ilegal del 1-O. Batet obtuvo 175 votos, suficientes para salir elegida sin el voto independentista.

Bronca, tensión y ruido. Y una mayoría muy justa que anticipa dificultades. La legislatura arrancó de lo más tensa: con fuertes descalificaciones del PP y Ciudadanos contra el Gobierno en funciones y contra la recién elegida presidenta. Las cinco horas que los diputados presos pasaron en las Cámaras, por autorización del Tribunal Supremos, soliviantaron a PP, Cs y Vox. En ningún caso, según el criterio de los dirigentes de esos partidos, Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez (Junts per Cat) debieron aparecer en el pleno del Congreso, pese a que así lo había autorizado el Supremo. Sostienen esas tres formaciones, además, que no se debió consentir que incluyeran en su acatamiento a la Constitución alusiones directas a la República, al referéndum ilegal del 1-O y a la situación de sus presos. Junqueras, por ejemplo, prometió el cargo “desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal”. Convertidos en protagonistas de la jornada, los independentistas presos recibieron muestras de afecto de sus propios grupos y de algunos miembros de Unidas Podemos (UP), lo que enrareció más el ambiente.

El largo trámite para votar a los nueve miembros de la Mesa, individualmente con papeleta y urna, permitió que el salón de plenos se convirtiera en una zona donde deambular y charlar. Hubo muchos reencuentros, fotos de grupos y hasta apretones de manos y besos entre rivales, como el que se dieron Inés Arrimadas y Josep Rull. Para irritación de los diputados de Vox, los independentistas aprovecharon al máximo esta libertad de movimientos; singularmente Junqueras, quien se acercó a saludar a Pedro Sánchez. El político republicano habló más con el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, y se detuvo a charlar con la de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, con Pablo Iglesias y con miembros del PNV.

En medio de una situación de lo más extraña, los diputados presos fueron recibidos con aplausos de sus partidarios, con los que se sentaron. Este martes aún no estaban asignadas ubicaciones fijas, por lo que hubo vecindades de escaño bastante curiosas. La mayor crispación llegó cuando comenzó el llamamiento para acatar la Constitución, requisito imprescindible para ser diputado. Eso no es nuevo. Ya en 2015 y 2016 los parlamentarios de Podemos desarrollaron una panoplia de fórmulas. Muchos años atrás, los diputados de Batasuna incluyeron la apostilla “por imperativo legal”: hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan ese tipo de complementos a las clásicas promesas o juramentos, y en distintos idiomas oficiales. Pero los precedentes no evitaron que PP, Cs y Vox recriminasen a Meritxell Batet que consintiese esas fórmulas.

Los rostros de los representantes de Ciudadanos denotaban indignación y su líder, Albert Rivera, se levantó y pidió la palabra para denunciarlo. Batet se lo permitió una vez. PP y Vox optaron por golpear sus mesas en señal de desaprobación. Los populares abandonaron enseguida esa actitud, pero Vox la mantuvo hasta el final. El ruido provocado cuando tomaban la palabra los independentistas para prometer sus cargos, con alusiones constantes de estos a la República y a la situación penal de sus líderes, era tan intenso que las intervenciones resultaban inaudibles. Ya fuera del salón de plenos, el líder del PP, Pablo Casado, acusó a Batet de “estar a favor de aquellos que han venido al Congreso a insultar” y la tachó de “cómplice de los independentistas en blanquear delitos contra la Constitución”. Rivera insistió en una idea similar y culpó a los socialistas de que los presos “golpistas humillaran al pueblo español”.

Los tres partidos del bloque de la derecha presentaron luego sendas peticiones para invalidar las tomas de posesión de los diputados independentistas. En el caso de los cuatro dirigentes catalanes en prisión, con toda probabilidad dejarán de ser diputados en pocos días. La Mesa del Congreso, que celebrará hoy su primera reunión, pedirá un informe jurídico a los letrados de la Cámara sobre la situación de los diputados reclusos. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Reglamento del Congreso establecen que deben ser suspendidos por estar procesados, como ya advirtió también el Supremo.

La sesión inaugural dejó clara la precariedad del Gobierno para alcanzar la mayoría absoluta (176 escaños) sin contar con los independentistas. La elección de Batet fue el mejor exponente: la socialista necesitó dos votaciones para sumar 175 apoyos, los del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. Batet comunicará hoy al Rey el inicio de la legislatura. Y el monarca valorará cuándo abre la ronda de consultas para la investidura del próximo presidente.

 

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