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La Fiscalía pide el archivo de la causa de la F-1 contra Camps porque el supuesto delito ha prescrito

La magistrada, a petición de Anticorrupción, envía a la Audiencia Nacional los indicios de financiacion ilegal del PP

Francisco Camps en los juzgados de Valencia en una imagen de archivo.
Francisco Camps en los juzgados de Valencia en una imagen de archivo.

La larga contienda entre Francisco Camps y la Fiscalía Anticorrupción ha dado este viernes un nuevo giro. El ministerio público ha pedido el archivo de la causa de la Fórmula 1 en la que el expresidente de la Generalitat valenciana fue procesado hace dos semanas. El fiscal cree que existen indicios de que los tres primeros contratos de construcción del circuito, adjudicados en 2007, fueron amañados. Pero concluye que los delitos habrían prescrito en 2017, porque no se denunciaron hasta enero de 2018.

La petición de archivo de la Fiscalía llega dos semanas después del durísimo auto de procesamiento de la juez Carmen García Mingo, en el que apreciaba "indicios suficientes" de que Camps se excedió en sus funciones, infringió la Ley de Contratos del Sector Público y "urdió una trama" en torno a la construcción del circuito urbano con la "única finalidad" de lograr un "rédito personal a través de su proyección pública y política" meses antes de las elecciones autonómicas que ganó en 2007. Tras serle notificada la resolución, el exdirigente del PP anunció que iba a querellarse contra la magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia por dirigir contra él una causa que calificó de "puramente política".

En el auto, la juez pedía a las acusaciones que se pronunciaran sobre si debía abrir o no juicio contra Camps y otros 15 procesados, entre ellos su vicepresidente Vicente Rambla y varios empresarios. Queda por saber qué hará la Abogacía de la Generalitat, que también ejerce la acusación, pero fuentes jurídicas consultadas este viernes opinaban que el escrito de Anticorrupción dejaba el caso al borde del naufragio.

Posible financiación irregular

La Fiscalía sí observa indicios de delito, en este caso no prescrito, en los hechos expuestos ante la juez por Ricardo Costa respecto a la supuesta caja b del PP. El ex secretario general regional del partido sostuvo que en 2008 fue a verle a su despacho José Mayor Oreja, entonces directivo de FCC, una de las empresas que construyeron el circuito, el cual le entregó 150.000 euros en billetes de 500. Anticorrupción considera relevante la declaración, pero cree que debe ser investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ya instruye una causa sobre el dinero negro presuntamente entregado al PP por diversos empresarios. Y ello, dice el fiscal, porque Costa no relacionó "en ningún caso" la entrega del dinero con las adjudicaciones de la F-1 que integran la causa de Valencia.

La magistrada García Mingo ha aceptado la petición del fiscal y ha remitido el testimonio de Costa a la Audiencia Nacional.

El fiscal mantiene que las tres primeras adjudicaciones del circuito urbano de Fórmula 1 "revisten presuntamente las características de un delito continuado de prevaricación" y de otro de malversación, porque la empresa adjudicataria, Typsa, tuvo presuntamente reuniones con los responsables de la Generalitat y empezó a trabajar en el diseño del trazado antes de que se celebrara el concurso. Pero los hechos han prescrito. Y no cree que las "irregularidades" detectadas en las adjudicaciones de 2008 sean cimientos suficientes para sustentar una acusación.

En parte, porque la Intervención General de la Generalitat no ha podido establecer "un perjuicio económico evaluable" del circuito. Anticorrupción señala que la Intervención admitió en su informe que carecía del "criterio técnico" necesario "para valorar que los importes de los presupuestos base de licitación y los precios de contratos analizados" fueran "adecuados al mercado en el momento en que se adjudicaron". Y que, además, "se limitó a comprobar la regularidad de los pagos y su contabilización", sin entrar a valorar si hubo "sobrecostes" o se "desvió dinero para otras finalidades", porque tampoco le fueron proporcionadas "las facturas ni los justificantes de pago" de las obras.

Fraude en Turquía

La juez también ha remitido a la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía los indicios de otro fraude presuntamente cometido por Typsa detectados en la causa: el posible fraude de un contrato de ingeniería ferroviaria en Turquía, cofinanciado por la UE, por importe de 24,5 millones.

El origen de esta sospecha es, como en el conjunto de la causa, la declaración y los documentados aportados por un exempleado de la empresa. La Audiencia Nacional es la competente para investigar los hechos al tratarse de supuestos delitos cometidos por españoles en el extranjero.

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