El PSOE propone un “nuevo impulso al autogobierno” como solución a la crisis territorial en Cataluña

Dar "un nuevo impulso al autogobierno" dentro de la Constitución es la fórmula que el PSOE contempla para la crisis territorial en Cataluña. Así consta en su programa electoral que se basa en los Presupuestos no aprobados para este ejercicio y en anteriores documentos electorales de los socialistas. "Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución puede construirse el futuro", recoge el documento programático, que no contempla en ningún modo la celebración de un referéndum sobre la independencia.

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En la Declaración de Granada de 2013 los socialistas propusieron "reafirmar" el Estado autonómico "avanzando y desarrollando reformas de naturaleza federal". La apelación al “Estado plurinacional” que reclamaban ya por entonces los socialistas catalanes no se aceptó. Un término que no aparece de forma explícita en el programa para el 28-A pero sí en la Declaración de Barcelona de 2017, que se reivindica en el programa electoral. En ella se aboga expresamente por “avanzar hasta reconocer plenamente” el “carácter plurinacional” de España.  

Frente a la recentralización que propone la derecha, el PSOE defiende que "se debe seguir avanzando" hacia un modelo de Estado autonómico "cada vez más capaz de integrar la pluralidad". Para el funcionamiento óptimo de los tres niveles de la Administración, estatal, autonómica y local, los socialistas reconocen que es fundamental que cuenten con una financiación "adecuada" y "garantizada". El modelo de financiación autonómico vigente quedó obsoleto en 2014. Dentro de su revisión para el futuro entra la armonización del impuesto de sucesiones y que se fije un mínimo común. En el programa no aparece de manera expresa, aunque sí lo hacía en documentos internos que han servido de base para la elaboración del programa. "Aunque no este en la letra, esta en el espíritu", afirman en la dirección del PSOE. Para ambas ciudades se contempla un nuevo régimen económico y fiscal.

Las 110 medidas que Pedro Sánchez presentó hace unas semanas son la espina dorsal de las 152 páginas del programa, aunque incluye novedades. Una de las más llamativas es la incorporación del acceso al agua y a la energía "como servicios de interés general". También se incluye la prohibición de la escolarización "con criterios de segregación" en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. La aplicación efectiva de la Ley de Partidos para ilegalizar los partidos racistas, xenófobos, y los que promuevan la discriminación, el odio y la violencia es otro de los compromisos socialistas.

El programa contempla un plan global de exhumación de fosas de carácter cuatrienal, así como la creación de un sistema de banco nacional de datos de ADN y un censo nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Otras de las medidas sobre Memoria Histórica es la realización de las modificaciones legislativas necesarias para declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas "contra quienes defendieron la legalidad republicana y lucharon por la democracia". En cuanto al Valle de los Caídos, de donde está prevista la inhumación de los restos de Franco el 10 de junio, lo que se propone es modificar su régimen legal para "dignificar y homenajear" a los represaliados, así como "explicar el significado del monumento y su construcción".

Como adelantó EL PAÍS, el PSOE apuesta por la ubicación de unidades militares en zonas que sufren problemas de despoblación. Se realizaría en todo caso con el acuerdo y en colaboración de las autoridades locales y autonómicas "y dejando a salvo los intereses de la defensa nacional". Otra iniciativa para combatir la pérdida de población en el interior peninsular es "fortalecer el papel de Correos en el medio rural para que a través de sus oficinas puedan prestar servicios bancarios y entregar medicamentos.

Dentro de las medidas sociales, el PSOE se compromete a ampliar la financiación de audífonos de forma escalonada, priorizando a los colectivos más vulnerables. La puesta en marcha de un plan para la prevención integral del suicidio y el abordaje de la conducta suicida es otro de los puntos del programa que no figuraba como tal en el de las generales de 2016.