Detenido un catedrático de Cádiz por desviar fondos de investigación para construirse un “lujoso” chalé

El proyecto del catedrático Tomás Ángel del Valls estaba llamado a analizar los métodos más adecuados para evaluar la calidad ambiental y la microbiología de los sistemas marinos. O al menos eso es lo que aseguraba en la web de su grupo de investigación en la Universidad de Cádiz, donde se enorgullecía de haber firmado hasta 23 contratos por un valor de 1,2 millones de euros. Sin embargo, para la policía, lo que hizo Del Valls fue desviar 730.000 euros de fondos públicos para construirse un chalé en una lujosa urbanización gaditana. Tanto él como su esposa -también profesora- y cuatro empresarios están detenidos ahora por este supuesto fraude.

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La policía les investiga a ellos y a dos personas más no detenidas por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita, estafa y falsedad documental; aunque considera a los dos profesores universitarios artífices de un fraude sustentado en facturas falsas. Un primer informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz cifra lo desfalcado en 730.000 euros, cargados a la Universidad de Cádiz (UCA), a su Fundación Universidad Empresa (Fueca) y, en menor medida -unos 30.000 euros-, a la Universidad de Jaén. Sin embargo, los investigadores creen que la estafa podría crecer hasta rebasar el millón de euros y acercarse así a la cantidad que el propio Del Valls publicitaba en la web de la UCA.

Del Valls y su mujer acabaron detenidos a finales del pasado mes de marzo a petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz y quedaron posteriormente en libertad, según asegura su abogado defensor Felipe Meléndez. No parece que el matrimonio vaya a hacer gran oposición a los cargos que se les imputan. "Él se ha ofrecido a colaborar, aunque parezca un poco extraño, es así. El informe está bien hecho. Analizaremos los apartados y se discutirán, pero lo que sea cierto se va a reconocer", reconoce Meléndez.

La policía da por probado que los dos profesores se aprovecharon "de su cargo como responsables de sus correspondientes áreas" universitarias para desviar el dinero para fines particulares. Al parecer, los fondos procedentes de subvenciones públicas y privadas de carácter nacional y europeo no fueron en su totalidad al grupo investigador RNM375: Contaminación de sistemas acuáticos, sino a financiar la construcción de "una lujosa vivienda particular situada en la exclusiva urbanización de Vistahermosa de El Puerto de Santa María", como detalla la policía.

El matrimonio modificaba los conceptos de las facturas para aparentar servicios relacionados con proyectos de investigación, tales como servicios, trabajos o actividades que “nunca llegaron a materializarse”, según asegura la policía. Así conseguían que la UCA, la Fueca o la Universidad de Jaén diesen por buenos los pagos y autorizasen la liberación de los fondos públicos. Para completar el supuesto engaño, Del Valls y su mujer necesitaron de la colaboración de empresarios -varios de ellos de Sanlúcar de Barrameda- que participaron en el falseo de las facturas. Seis de ellos han acabado también detenidos y otros dos están siendo investigados.

La investigación sobre Del Valls lleva más de dos años de pesquisas. El abogado recuerda cómo ya en marzo de 2017 el propio catedrático de Química Física acudió al juzgado para “autodenunciarse” y reconocer un desfalco que entonces cifraba en unos 20.000 euros. El profesor reconoció partidas de “viajes que no han sido tales, como obras o adquirir aparataje para el departamento que luego no era para eso”, según explica Meléndez sin entrar en más detalles.

Lo cierto es que el catedrático dio el paso de reconocer parte del fraude después de que la UCA pusiese en conocimiento de la Fiscalía de Cádiz, en febrero de 2017, un importante descuadre entre el dinero gastado por su grupo de investigación y el material presente en la universidad. La Universidad de Cádiz tomó entonces medidas contra los investigados: les suspendió de empleo y sueldo. También sospechaba que "un grupo de empresarios había incrementado de forma inusual su volumen de facturación como proveedores de servicios", según señala la policía. En concreto, interventores de la UCA detectaron “anomalías en la ejecución y seguimiento de algunas unidades de gasto entre los años 2007 y 2016”, según reconoció la propia universidad.

En su apartado en la web de la universidad, el grupo investigador aseguraba haber firmado 23 proyectos y haber realizado 29 más, todos ellos relacionados con el “estudio de energías renovables en ambientes marinos, además de en métodos integrados de evaluación de la calidad ambiental y microbiología de sistemas acuáticos”. Analizar la peligrosidad de los fangos en los dragados o el diseño de formulaciones para controlar plagas en las vides son algunos de los proyectos reseñados en la web en la que se aseguraba que acumulaban contratos por valor de 1.295.119,49 euros.

La policía mantiene, sin embargo, que ese elevado montante pudo estar destinado a “mantener el elevado tren de vida” del que el matrimonio hacía gala. De ahí que la investigación continúe abierta ya que “parece probable que el fraude haya podido alcanzar a otras partidas presupuestarias de fondos públicos”, aseguran fuentes de la investigación. De momento, el juzgado ya ha ordenado el embargo preventivo de dos propiedades del matrimonio, una de ellas, la lujosa casa de la polémica. “Con el aval de esas dos propiedades ha quedado cubierta la posible responsabilidad económica de ellos”, según señala su abogado.