La cámara de Interior que vigilaba el chalet de Iglesias y Montero fue pirateada

La Guardia Civil tuvo que resetear la cámara de vigilancia e instaló en ella nuevos dispositivos de seguridad para evitar que pudiera ser hackeada nuevamente. La formación política que lidera Iglesias recibió tres días antes de denunciar los hechos un anónimo con pantallazos de esa web donde se veían las imágenes de la vivienda de Galapagar (Madrid) captadas por la cámara.

Los detalles del operativo de seguridad que el Ministerio del Interior aprobó para la casa de Iglesias y Montero se filtraron unos días antes de que se produjera el hackeo. Entre ellos se citaba la existencia de la cámara oculta para la vigilancia permanente del inmueble. La investigación sobre el origen del pirateo que llevó a cabo la Guardia Civil condujo a los agentes hasta un servidor en Singapur, pero no pudieron identificar a los autores, según indica un portavoz del ministerio. Interior comunicó a Podemos que había existido un error en el dispositivo de seguridad, pero que se había subsanado.

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Pablo Iglesias ha denunciado en los últimos días las maniobras policiales de Interior durante el mandato del PP para espiar a Podemos y fabricar pruebas falsas de financiación ilegal contra el partido. El político acusa a las cloacas del Estado de juego sucio e insiste en que el Gobierno socialista no ha hecho la limpieza suficiente en la Policía para acabar con esas prácticas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, replicó que las cloacas del Estado son “cosa del pasado”. Pero el líder de Podemos insiste en que la prueba de que aún no se ha limpiado lo suficiente es que se mantiene en la Secretaría General de la Policía a José Ángel Fuentes Gago, uno de los inspectores que buscó pruebas para poder acusar a Podemos de financiación ilegal.

El partido de Iglesias, fundado el 11 de marzo de 2014, ha sufrido en sus cinco años de vida varios episodios de espionaje. Algunas de las investigaciones especiales contra la formación fueron ejecutadas desde los propios aparatos del Estado a través del Ministerio del Interior. Las maniobras para buscar datos de su actividad que pudieran suponer un descrédito o dañar a este partido se iniciaron en las vísperas de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Las expectativas de un éxito electoral de Podemos eran enormes, según las encuestas que se publicaron por aquellas fechas. Un año antes, el partido había logrado cinco escaños en los comicios europeos.

Financiación ilegal

Unos días después de aquellas elecciones generales en las que Podemos obtuvo 69 diputados y se situó como la tercera fuerza política en España, la policía comenzó a difundir un informe sobre su supuesta financiación ilegal a través del régimen iraní. Pablo Iglesias hacía un programa en Hispan TV (cadena de televisión iraní) por el que cobraba. Con ese hecho, los policías que buscaban trapos sucios del partido construyeron un relato para culpabilizar a la formación de financiarse ilegalmente.

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El relato policial llegó a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, que archivaron las denuncias que otros presentaron aprovechando el informe que manejaba Interior. Tras aquel episodio, el líder de la formación tuvo que desmentir otra investigación impulsada desde la brigada política de la policía a través de un confidente venezolano. La información sostenía, con documentos supuestamente oficiales, que el líder de Podemos había cobrado 272.000 dólares —242.400 euros— del Gobierno de Nicolás Maduro en el paraíso fiscal de Granadinas. El informe que acreditaba el pago era tan falso como la noticia por la que el Ministerio del Interior concedió un permiso extraordinario de residencia en España al confidente que la facilitó.

Podemos está personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y ha pedido que se investigue si la trama policial usaba a un grupo de periodistas para difundir sus bulos y dañar a la formación.