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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares investigará al juez y al fiscal del ‘caso Cursach’

El instructor eleva la causa tras un informe policial que achaca a los dos funcionarios una decena de delitos

Sede Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Sede Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. efe

Nuevo giro en las investigaciones por el caso Cursach, que indaga en los negocios del principal empresario del ocio nocturno de Mallorca y alcanza a policías, políticos y funcionarios. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares investigará al juez y al fiscal que dirigieron durante años esta investigación. El magistrado Miquel Florit, instructor de una causa abierta inicialmente por la filtración a la prensa de informaciones secretas del sumario, ha dictado un oficio para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de las islas tras recibir un informe elaborado por la Policía Nacional que achaca la presunta comisión de una decena de delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal y detención ilegal, al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

El Tribunal Superior de Justicia de las islas ha registrado el asunto y ha acordado la designación de un ponente. Los magistrados de la sala Civil y Penal también han acordado devolver al juzgado de instrucción el material enviado por el juez y pedirle que argumente la petición de extender la investigación al juez y el fiscal, que son aforados y sólo pueden ser investigados y juzgados por este organismo. En el oficio remitido al TSJB, el instructor alude a un informe elaborado por la Policía Nacional en el que se apunta a la presunta comisión de una decena de delitos por parte de los investigados, entre los que hay cuatro miembros del cuerpo policial. El grupo de investigadores de la policía apunta en el documento a la presunta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, amenazas, coacciones, denuncia falsa, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, alteración de pruebas e inducción al falso testimonio.

El pasado mes de julio el juez abrió una pieza para investigar inicialmente un presunto delito de revelación de secretos tras la denuncia de las defensas de varios de los principales investigados en el caso Cursach. Los abogados defensores se quejaron por reiteradas filtraciones públicas de información sumarial declarada secreta. Tras meses de indagaciones, el pasado diciembre se ordenó la detención del exjefe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional en las islas y de un agente que también participó durante años activamente en las pesquisas.

Conversaciones de chat

Fuentes jurídicas explican que los investigadores analizaron el contenido de los teléfonos móviles de estos dos agentes y lograron recuperar varios grupos privados de chat en los que varios miembros de la policía intercambiaban información y comentarios sobre la causa con el juez y el fiscal. Un informe entregado por la Policía Nacional al juez Florit con el contenido y las conclusiones sobre las conversaciones de chat provocaron la detención el lunes de otros dos exmiembros del grupo de Blanqueo, un subinspector y una inspectora destinada ahora en Madrid.

En el oficio remitido al TSJB, el juez traslada las sospechas plasmadas en el informe policial y que deslizan la comisión de un rosario de delitos que abre la puerta a anular la causa principal, que tiene que ser juzgada en los próximos meses. La fiscalía reclama ocho años y medio de cárcel para el empresario y acusa a otras 24 personas de un total de 13 delitos. En la pieza abierta por Florit por presunta revelación de secretos también están implicados cuatro miembros del grupo de Blanqueo, desmantelado por completo cuando el juez Penalva fue apartado del caso Cursach tras prosperar una denuncia de las defensas y estimar el TSJB que el magistrado había perdido “la apariencia de imparcialidad” por unas conversaciones de mensajería instantánea con una testigo en las que descalificaba a los investigados.

Precisamente en el marco de estas investigaciones, que han discurrido de forma paralela a la investigación de la causa contra Cursach que arrancó hace seis años, el juez Florit ordenó el decomiso de los teléfonos móviles de los periodistas de Diario de Mallorca, Kiko Mestre y Europa Press, Blanca Pou. Florit también está siendo investigado por el TSJB a raíz de la querella que ambos periodistas y sus respectivos medios de comunicación presentaron contra él por presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el derecho al secreto profesional.

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