La jueza del tarot concedió indultos a presos que solo es prerrogativa del Gobierno

La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, María Jesús García, que fue investigada por anunciarse como echadora de cartas del tarot, ha concedido el indulto a tres presos del centro penitenciario de Monterroso y ha obligado a actuar a la fiscalía para anular estas resoluciones.

La supuesta injerencia de la magistrada se ha detectado en al menos tres providencias en las que esta concede indultos parciales a los internos, pese a ser una prerrogativa exclusiva del Gobierno a través de su Consejo de Ministros.

Nada más conocerse las resoluciones de la juez, la Fiscalía de Lugo recurrió en apelación dos de ellas ante la Audiencia provincial y esta ya ha anulado uno de los indultos. En su auto la sala le ha recordado a la magistrada que solo tiene autoridad para tramitar los expedientes con la petición de indulto al Ministerio de Justicia para que el Consejo de Ministros decida si los concede o no. El tercer recurso ha sido presentado ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria del que es titular María Jesús García, y esta ha tenido que rectificar y anular su propia resolución en otro auto, según confirmaron fuentes judiciales.

En los casos tres casos, la magistrada concedió el indulto parcial a tres reclusos que ya habían cumplido las tres cuartas partes de la condena y estaban cumpliendo el tercer grado penitenciario, contando con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión.

En octubre del pasado año, la juez García Pérez se libró de ser expedientada y suspendida por seis meses por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e una ajustada votación, aunque se consideró acreditado “indiciariamente” que cobra por echar el tarot y que siguió haciéndolo incluso cuando trascendió su actividad extrajudicial como vidente. El órgano de gobierno de los jueces acordó archivar el expediente abierto a la magistrada porque consideró ilícita la prueba presentada contra ella. La juez había sido grabada con cámara oculta en su domicilio, donde echaba las cartas, por unos periodistas del diario El Progreso, que se hicieron pasar por clientes.

Cuatro magistrados votaron a favor de exculparla, mientras otros tres votaron a favor de suspenderla de sus funciones por seis meses, tal y como pedía la fiscalía que consideró incompatible el desarrollo de las dos actividades para un juez, que además se publicitaba con pasquines que se distribuían por la calle.

Era la segunda vez que la comisión disciplinaria amparaba a la juez ya que este mismo órgano había rechazado (por cinco votos a dos) suspender de forma cautelar a la magistrada mientras se tramitaba el expediente abierto contra ella. Valoraron que una sanción cautelar era una medida muy grave y resultaba excesiva en este caso.

El expediente disciplinario se abrió a raíz de una investigación iniciada en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por un escrito del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo en el que comunicaba que había tenido conocimiento de que la magistrada “de forma pública reparte octavillas publicitarias (…), anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia en echar cartas de tarot”.