PSOE y Cs también concluyen en el Congreso que el PP se financió irregularmente

PSOE y Ciudadanos atraviesan por uno de sus momentos más críticos en sus complicadas relaciones políticas, con duros ataques entre sus líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, en vísperas de la inminente campaña electoral para el 28-A pero apenas discrepan en cuanto a cómo se financió "irregularmente" el PP durante años. Los dos partidos han presentado este martes sus conclusiones sobre la comisión de investigación abierta hace casi dos años en el Congreso sobre la financiación del PP y han sido contundentes: el PP tuvo una caja b, entre otras razones para pagar sobresueldos a muchos de sus cargos, y compitió en varias campañas dopado ilegalmente. La comisión se ha cerrado sin un dictamen conjunto por desacuerdos cruzados de última hora entre casi todos los partidos.

El PSOE tenía pocas dudas sobre cuáles iban a ser sus conclusiones de la comisión que lleva trabajando en el Congreso desde abril de 2017.Los socialistas determinan así que el PP mantuvo desde su fundación en 1989 "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, con el objeto de financiar irregularmente los gastos ordinarios electorales del partido y de abonar sustanciosos sobresueldos a sus dirigentes".

El balance que hace Ciudadanos de las decenas de comparecencias mantenidas en la comisión no es muy diferente y lo enlaza con la sentencia del verano pasado de la Audiencia Nacional. Ciudadanos deduce así que "existía una contabilidad paralela en el seno del Partido Popular" y que dicha “contabilidad b operaba como un mecanismo a través del cual se percibían donaciones por parte de empresas afines al Partido que se beneficiaban de las licitaciones llevadas a cabo en las administraciones gobernadas por el Partido Popular, y que escapaban de esta forma a cualquier tipo de fiscalización".

Podemos, ERC y Bildu también llegaron a ese mismo punto de destino pero no votaron para permitir que saliese adelante un dictamen de conclusiones porque reclamaron a última hora, como llevan haciendo desde hace dos meses, algunas nuevas presencias en la comisión que no fueron aceptadas por el PP y el PSOE. Esos partidos, que en su momento apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy por la condena de corrupción en la Audiencia Nacional, reclamaron que el expresidente acudiera al Congreso para explicarse, así como el actual portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, y también algunos empresarios muy reconocidos, como Florentino Pérez o Juan Miguel Villar Mir. Y como no lo lograron reprocharon "el cierre estrafalario y en falso" de esos trabajos.

La portavoz de Podemos, Carolina Bescansa, exigió esas comparecencias, incluso con el compromiso de que se efectuaran en la nueva legislatura tras las elecciones, y recibió el apoyo de ERC, Bildu y hasta Ciudadanos. Pero no del PP, el PSOE ni del presidente de la comisión, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias. Esa discrepancia y el adelanto electoral abocaron que la comisión se haya cerrado este martes sin acuerdo final y con acusaciones por parte de Podemos de un "curioso" pacto entre PP y PSOE contra el partido morado por no asumir las conclusiones finales como si estuvieran al lado del PP.

Pedro Quevedo, que se ha desgañitado para mantener el orden y controlar algunas exposiciones muy polémicas durante las más de 40 comparecencias y 100 horas de trabajo que ha durado la comisión, se lamentó con un "profundo malestar" de este final frustrado "y no muy feliz". Eso sí consideró que las aportaciones realizadas en la comisión han servido para determinar que aún hacen falta más medidas legislativas para luchar en serio contra la corrupción.

Los que sí presentaron en cualquier caso informe final de conclusiones fueron Ciudadanos y PSOE, que no fueron votados. Y fueron muy similares.

"El PP dispuso de una estructura financiera y contable paralela a la oficial, una auténtica caja B, nutrida mayoritariamente con fondos opacos vinculados a los favores otorgados a través de contratación pública, ajena a la legislación sobre financiación de partidos y no fiscalizada por el Tribunal de Cuentas", señalan los socialistas en sus conclusiones, supervisadas por la portavoz, Adriana Lastra, y elaboradas fundamentalmente por el diputado Artemi Rallo. En otro punto se mantiene que "la doble contabilidad del PP ha amparado el pago de generosos sobresueldos a dirigentes del partido", que, como cargos públicos, "incurrían en incompatibilidad" con el salario público que percibían.

Ciudadanos, por su parte, sostiene tras las comparecencias en la comisión de los extesoreros del Partido Popular, de los empresarios citados y de los cargos que acudieron que "la finalidad última y principal de la contabilidad b del PP (más allá de otorgar sobresueldos a sus dirigentes) era operar como un mecanismo mediante el cual el Partido Popular detraía fondos públicos fundamentalmente para perpetuarse en el poder; es decir, para mantener a todos sus cargos públicos y para mantener también una gran red clientelar, que en el caso de la Comunidad de Madrid era realmente importante".

El partido de Rivera, que ha tenido como portavoz en esta comisión a Toni Cantó, con intervenciones muy duras contra los dirigentes del PP, infiere de varias de las exposiciones realizadas en el Congreso y en especial de algunos comisarios de la Policía Judicial que los populares concurrieron "a distintos procesos electorales con financiación extra, no declarada y no cumpliendo con la legislación relativa a la financiación de las campañas electorales, algo que tuvo graves efectos sobre el proceso electoral, tales como vulnerar las bases de la competición electoral y deslegitimar el resultado y las instituciones para las que fueron electos cargos públicos en dichas convocatorias electorales".

De todas las comparecencias realizadas, Ciudadanos concluye que el PP "disponía de una contabilidad no declarada (o caja B)"; que  "gracias a la existencia de esa contabilidad no declarada, repartía sobresueldos entre los altos cargos del Partido Popular, una práctica que se prolongó en el tiempo y que, si bien los principales dirigentes del partido han afirmado no tener conocimiento de ella (aunque algunos sí lo han reconocido), parece difícil que pudiera haberse desarrollado sin su concurso; que  "a través de diversos cargos del Partido Popular, influía en las licitaciones de obra pública con el ánimo de favorecer a aquellas empresas que realizaban donaciones al partido; que por todo ello, "se financiaba de forma irregular"; y, finalmente, que "merced a dicha financiación irregular y no sujeta a control alguno, el Partido Popular destinaba a los procesos electorales una cantidad de fondos no fiscalizable y no declaraba, que conducía a una desigualdad manifiesta en la competición electoral y menoscababa la calidad de la democracia española".

Estas y el resto de las conclusiones de los otros partidos no surtirán ningún efecto salvo el de la denuncia política toda vez que no hay ya tiempo para incluir un dictamen final en un pleno del Congreso para su votación ya que las Cortes se disolverán el próximo 5 de abril que es el plazo legal para celebrar las elecciones generales el próximo 28 de abril.

Ciudadanos aprovechó sus conclusiones para recordar y denunciar que en la reunión de la Mesa de la Comisión del 13 de febrero de 2019 el PP y el PSOE acordaron vetar la comparecencia de Mariano Rajoy "pese a que éste ostentaba el cargo de máxima responsabilidad (el de presidente del partido) durante los años objeto de estudio por parte de la Comisión".