Marlaska refuerza la lucha contra la financiación del yihadismo y el ciberterrorismo

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo elaborada por el Ministerio del Interior contempla la creación de nuevos instrumentos para mejorar la lucha contra el yihadismo. Uno será la creación de un comité específico para la lucha contra el terrorismo dentro del Sistema de Seguridad Nacional. El segundo será elaborar el primer Plan Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo. Este incluirá el refuerzo de las unidades de investigación financiera tanto de las Fuerzas de Seguridad como del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. También contempla convertir el ciberespacio en un “espacio de actuación prioritaria” contra el terrorismo.

Con el plan contra la financiación de los grupos armados, Interior pretende “localizar y, eventualmente, congelar” los activos de las organizaciones terroristas. Para ello, plantea que España impulse en los foros internacionales en los que participa —principalmente Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional y la UE— la elaboración de normativas y de manuales de buenas prácticas financieras que permitan localizar prácticas sospechosas.

Blanqueos “emergentes”

En este sentido, otra Estrategia Nacional recientemente elaborada por Interior, la que pretende combatir el crimen organizado, ya alertaba sobre los cada vez mayores vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo yihadista, que ha permitido a este último contar con financiación y apoyo logístico. Aquel documento, que planteaba reforzar el control financiero para combatir las estructuras económicas del crimen organizado, ponía el acento en las nuevas formas de blanqueo “emergentes”, entre las que citaba las criptomonedas, el juego online y las inversiones en energías renovables.

Sobre el ciberespacio, la Estrategia Nacional recalca que la ausencia de fronteras físicas y la dificultad de regular su actividad legislativamente de una manera global lo ha convertido en un espacio “idóneo para la actuación del terrorismo y los extremismos violentos”. La preocupación de los expertos de la lucha antiterrorista se centra tanto en su utilización “como medio para la captación, el adoctrinamiento, el reclutamiento y la difusión de su propaganda” como los posibles ataques que a través de él puede lanzar contra infraestructuras críticas. Por ello, Interior plantea la necesidad de “establecer y desarrollar una coordinación efectiva entre operadores públicos y privados” y “elaborar criterios comunes de defensa y protección de intereses nacionales”.

El documento también establece como prioridad “incrementar la protección de las redes telemáticas con el fin de dificultar la utilización de Internet y los sistemas de comunicación a través de la red como instrumento u objetivo del terrorismo y del extremismo violento” y propone “armonizar los procedimientos internacionales para la obtención de evidencias en el ámbito digital” para que posteriormente se puedan utilizar como prueba en los procesos penales contra los terroristas. Todo ello enmarcado en “una estrategia común internacional”, para lo que España se compromete a “promover las iniciativas encaminadas al compromiso internacional para un ciberespacio seguro que aumente la protección frente al ciberterrorismo”.