El apagón diario por la marihuana en Granada
Ayuntamiento y Endesa, enfrentados por los cortes eléctricos en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad
En el distrito norte de Granada se va la luz cuatro o cinco veces al día. Y no siempre vuelve a los diez minutos. Hace años ya que la zona sufre apagones con cierta regularidad y, con frecuencia, pasan muchas horas antes de que recuperar la electricidad. Eso está poniendo en jaque a un distrito vulnerable y a los responsables de dar una solución. La compañía eléctrica asegura que tiene la red eléctrica en perfecto estado y que los choques se deben a “un desorbitado número de acciones con fines delictivos, especialmente destinadas a cultivar plantaciones de marihuana”. El Ayuntamiento endosa el problema a la desidia de la empresa con sus instalaciones.
Antonio Fernández, educador del Centro de Servicios Sociales del Distrito Norte, habla de un “maltrato generalizado de Endesa a este barrio que roza el delito, con instalaciones antiguas para una población que ha crecido muchísimo. Con los apagones, nos encontramos con gente enferma que sufre mucho o, sencillamente, con gente que no puede comer ni calentarse. La gente está muy enfadada en el barrio porque nos tratan como a perros”. Fernández relata como la falta de suministro les ha obligado a cerrar el centro durante una semana: "Huemos dejado de atender a niños y familias cuyo espacio más seguro y confortable es precisamente nuestro centro”.
El instituto del barrio decidió cancelar las clases: “Generalmente la luz se va más tarde, pero este martes se fue a las ocho de la mañana y ya no nos dio ni tiempo a calentar las aulas ni había modo de iluminarlas”, explica la directora.
Endesa argumenta que han invertido sustancialmente en la red eléctrica del barrio, más de cinco millones de euros en los últimos años y que, de hecho, su oferta eléctrica ahí es muy superior a la contratada, ya que las viviendas con contrato, “las que dimensionan la red”, suponen 4.336 Kilovatios y ellos tienen instalados 11.480. La compañía, según una portavoz, tiene contabilizadas 4.000 viviendas en el barrio de las que 1.700 tienen contrato de luz. Las 2.300 restantes no lo tienen, pero la electricidad sí corre por sus cables.
La compañía ofrece algunas estadísticas más extremas. Periódicamente sus empleados, acompañados por la policía, inspeccionan viviendas donde creen que existe fraude eléctrico, por cierto, un delito que se castiga penalmente con hasta 12 meses de cárcel. La semana pasada revisaron seis bloques y de las 138 viviendas con electricidad, explican, solo una tenía contrato legal. Las otras 137 estaban enganchadas irregularmente. Antonio Fernández admite ese problema pero acusa a la compañía de “acabar cortando el suministro a los enganches ilegales y a los legales y, además, cuando la gente quiere ir a legalizar sus instalaciones, la cantidad de trabas es infinita”.
El Ayuntamiento está muy enfrentado a la compañía eléctrica y no compra sus argumentos. Califican de “intolerable” la situación que padecen los vecinos. El Consistorio, sin competencias en Industria, ha instado a la Junta de Andalucía a “abrir expedientes sancionadores a Endesa por dejar de prestar el servicio”. Y la concejalía de Derechos Sociales valora denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores por “una situación gravísima de vulneración de los derechos de la infancia”.
Para el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE), “la compañía tiene que garantizar sin más excusas el derecho de los vecinos, y el resto de Administraciones deben exigir a la empresa el cumplimiento de ese derecho”. Este fin de semana, el Ayuntamiento ha abierto la piscina municipal del barrio para que los vecinos puedan usar sus instalaciones para ducharse o calentar su comida.
