Vecinos de la zona norte de Granada protestan por los apagones

La movilización vecinal por los frecuentes apagones de luz que desde hace años padecen usuarios del distrito norte de la capital granadina ha motivado una reunión entre todas las Administraciones. Es un primer paso, pero los implicados y diversos colectivos reclaman una intervención integral. El problema se agudiza con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, pero no es menor en otras épocas del año. “Hay personas mayores que necesitan la conexión a una máquina de oxígeno, por ejemplo, y los apagones suelen ser largos”, lamenta Isabel Salinas, presidenta de la Plataforma Zona Norte.

El derecho a la energía, igual que la vivienda, la sanidad o la educación, es básico para “vivir con dignidad”, según destaca la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que se ha solidarizado con los afectados por las consecuencias que esos cortes de luz tienen en sus vidas personales, familiares e incluso sociales. “Son derechos mínimos vulnerados sistemáticamente por todas las Administraciones públicas implicadas que repetidamente miran hacia otro lado y no se responsabilizan de que los derechos se respeten también en esa parte de la ciudad”, critica la asociación.

El Ayuntamiento de la capital acogió el pasado mes de diciembre una reunión entre todas las Administraciones en la que se comprometieron a realizar un “esfuerzo de coordinación conjunto” con la empresa Endesa para garantizar el suministro de luz contratado por los ciudadanos de la zona norte. “Estamos diariamente renovando la instalación, pero la potencia demandada es 10 veces superior a la contratada”, defiende un portavoz de la empresa, que sostiene que el origen del problema está en la existencia de plantaciones de marihuana en el interior de algunas viviendas que “demandan más energía de la que legalmente se puede instalar”.

Los vecinos afectados, que son fundamentalmente los de Cartuja y La Paz, consideran que lo que se están poniendo son “parches” y reclaman, como el resto de usuarios, un servicio adecuado como clientes que son. “Desde principios de diciembre parece que ha mejorado la situación, pero lo que pedimos es un derecho que tenemos”, insiste Salinas. Desde la plataforma creen que la situación no se debe en exclusiva a esas plantaciones e insisten en que lo único que reclaman es que “la gente que pague tenga luz” y un compromiso para ayudar a los que no pueden, que en esos barrios no son pocos.

En la reunión de coordinación, en la que estuvieron presentes Ayuntamiento, Junta, Gobierno central, administración de justicia y la propia Endesa, se hizo un llamamiento a la “colaboración ciudadana” para que comunique “las posibles incidencias y anomalías que perjudiquen el correcto funcionamiento del servicio de suministro eléctrico”. La respuesta de los afectados, entre los que también hay comerciantes, no solo viviendas, es reclamar su derecho a un servicio igual que el del resto de la ciudad. Y añaden que no quieren ser “policías de nadie”, así que si hay “enganches ilegales” no es una cuestión que les competa, sostienen.

La Asociación Pro Derechos Humanos ha criticado precisamente que las administraciones “no fuercen” a las compañías eléctricas a cumplir su compromiso y denuncian que estas priorizan “su lucro y negocio en lugar de a las personas”. De igual modo, ha censurado en este caso que se haya reforzado desde algunas administraciones el prejuicio y estereotipo de una zona, “estigmatizando y culpabilizando a todos los que lo habitan”, al tiempo que reclaman soluciones desde las causas, anteponiendo a las personas y sus derechos más elementales.

El problema se solventó con anterioridad en dos guarderías y un centro de día tras una intervención de las autoridades y el compromiso de la compañía. Lo que plantean los vecinos es que se solucione en todos los puntos. “Hubo un difunto y tuvieron que amortajarlo con velas”, asegura la portavoz de la plataforma.

“Al margen de que haya que perseguir el fraude, estamos en invierno y a la gente no se le puede cortar la luz durante varias horas con frecuencia en pleno siglo XXI”, recalca Luis Romero, portavoz de Facua en Granada, quien también trabaja en este tema apoyando a los usuarios. La organización echa en falta más implicación de las administraciones, que ante las críticas cargan únicamente contra los “enganches ilegales”.

El defensor del ciudadano, Manuel Martín, considera que el problema no es político, pero la implicación de estos sí es necesaria para solventarlo. A los pocos días de la reunión entre administraciones, se desarrolló la Operación Urko, en la que la Policía Nacional se incautó de 2.657 plantas de marihuana cultivadas en el interior de 19 habitáculos, entre viviendas y trasteros.

El subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, aseguró que es “una de las causas por las que los vecinos de esa zona de la ciudad tienen problemas con el fluido eléctrico” y para ello detalló que en esos invernaderos había 212 lámparas halógenas de alta intensidad, 212 balastros eléctricos, 25 cuadros eléctricos, 5 cuadros eléctricos temporizadores multienchufes, 29 aparatos de aire acondicionado, 8 compresores, 26 aparatos ventiladores, 35 turbinas, 33 tubos flexibles de aluminio y otro tipo de utillaje destinado al cultivo de marihuana. Este material “da una idea de la magnitud del fraude” y mandó un mensaje de tranquilidad. Lo que los vecinos persiguen es recibir el suministro con garantías.