España blindará las cotizaciones de los residentes en Reino Unido por el Brexit

Un ex jefe del mítico servicio de inteligencia británico cree que el Brexit duro puede acabar afectando a la seguridad nacional del Reino Unido. Los bancos de la todopoderosa City buscan refugio en la eurozona. Y varias grandes empresas —Jaguar, Honda y Vodafone ayer mismo— anuncian despidos con esa excusa, o ante esa amenaza (o ambas cosas a la vez). Con acuerdo o sin él, el Brexit será un formidable quebradero de cabeza para ciudadanos, empresas y Gobiernos de toda Europa. El Ejecutivo español desvelará hoy sus planes de contingencia ante el peor de los escenarios: el no acuerdo. Esa planificación incluye garantizar el cómputo de las cotizaciones sociales de los más de 200.000 españoles que viven en el Reino Unido para calcular la pensión o cobrar el seguro de desempleo, según aseguran fuentes del Gobierno.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, presenta este viernes en el Consejo de Ministros un informe sobre las labores de planificación. El presidente Pedro Sánchez pidió en otoño acelerar esos planes, a la vista de que las empresas españolas iban rezagadas respecto a las de otros países, y a finales de ese mes presidió por primera vez la comisión interministerial creada para mitigar el impacto del Brexit.

El sector aeronáutico será uno de los más afectados, en especial por la posición de Vueling e Iberia dentro del grupo IAG. Pero el plan de Borrell recoge medidas institucionales, no sobre empresas en particular. El Ministerio de Fomento recordó ayer que Iberia es “una compañía española, con licencia de explotación como operador aéreo emitida de acuerdo con la normativa europea”. El Gobierno confía en que Iberia hará los ajustes necesarios: la sociedad que controla la mayoría de los derechos políticos en Iberia tras su fusión con British Airways es Garanair, controlada por El Corte Inglés, tal como publicó EL PAÍS en diciembre. Pero Bruselas tiene dudas al respecto.

Decreto ley en febrero

Quedan poco más de dos meses para el Brexit, que se materializará el 30 de marzo, con o sin pacto, y Borrell dará hoy detalles de un plan que garantiza los derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido —y de los británicos en España, que son unos 300.000—; por ejemplo para proporcionar garantías acerca de la residencia legal desde el 30 de marzo, e incluso permitir el voto en elecciones municipales, junto con las medidas destinadas a blindar el cómputo de las cotizaciones y del seguro de desempleo. El segundo objetivo es mantener los flujos comerciales con Reino Unido, con medidas de carácter normativo: a través de un decreto ley que se aprobará a finales de febrero. Todos los ministerios han hecho sus planes, que incluirán medidas en áreas fundamentales como aduanas y control de fronteras, y en el apartado de ciudadanía, para facilitar la transición en el estatus de los residentes británicos en España.

El impacto del Brexit está por ver: un informe interno del Gobierno alertaba en marzo de 2017 de que España sufriría “graves repercusiones”: entre dos y cuatro décimas de PIB (entre 2.000 y 4.000 millones). Las fuentes consultadas confían en que esas cifras hayan bajado por los trabajos de preparación. Pero Reino Unido y sus socios, incluida España, se adentran en terra incógnita.