El muerto que nunca “existió” en un pueblo de Castellón

Aitor Iureta Oteiza falleció el 11 de agosto de 2014 a los 82 años. Supuestamente, fue enterrado en el nicho 46 del cementerio municipal de la localidad castellonense de Vall d’Uixó, de casi 32.000 habitantes. Este lunes el consistorio lo abrió. Estaba vacío. La lápida que lo cubría tenía un nombre falso. "No existe ninguna persona llamada Aitor Iureta Oteiza", indican desde el Ayuntamiento. No consta en el Instituto Nacional de Estadística. El equipo de gobierno socialista acusa al exalcalde y actual diputado nacional del Partido Popular, Óscar Clavell, de ordenar un falso enterramiento por un supuesto beneficio electoral y de saltarse el orden de enterramiento establecido permitiendo así que terceras personas se hicieran con una mejor ubicación para sus muertos dentro del camposanto.

Así lo concluye el expediente averiguatorio iniciado por el actual Gobierno local, que detalla la concejala de Urbanismo del municipio, Francesca Bartolomé. “Es una burla”, apostilla. Y recuerda que con esta actuación irregular el Ayuntamiento de Vall d’Uixó dejó de ingresar 1.000 euros por la venta del nicho y que por ello insistirán por la vía judicial para reclamar la cuantía.

El equipo de gobierno denunció el caso a finales de 2015 ante la fiscalía, que lo archivó por falta de documentación, y al juzgado, que finalmente sobreseyó la causa. No obstante, en su auto de noviembre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules sí aprecia irregularidades en el enterramiento, y aunque las califica de "grotescas" indica que no alcanzan "la gravedad grosera exigida". Del mismo se desprende la existencia de un segundo caso similar al del nicho 46 en el mismo cementerio.

La sentencia recuerda que la ordenanza reguladora de los servicios funerarios municipales fija que la asignación de los nichos "se realizará por riguroso orden de turno de arriba abajo tomando como referencia el momento del aviso a los servicios administrativos".

"De la investigación aquí practicada —indica— ninguna duda existe en esta juzgadora respecto de que existen indicios de que no se acató esa ordenanza" en la asignación de los dos difuntos a quienes correspondían los nichos 46 y 106 pero a quienes se dio sepultura en el 48 y el 107, respectivamente. El mismo auto señala que las órdenes de enterramiento en ambos casos fueron dadas por la alcaldesa accidental Sara Gracia y por la concejala de Sanidad, Olga Salvador, "si bien la orden directa de no seguir el orden establecido se deduce indiciariamente que vino del alcalde Óscar Clavell".

La misma versión corroboran los testimonios de funcionarios recogidos en el auto. Uno de ellos asegura que los familiares de la difunta a la que correspondía el nicho 46 pidieron "un trato especial" para enterrarla en el 48, y al ser informados de la imposibilidad de que así fuera por el orden fijado en la ordenanza dijeron que hablarían "con quien fuera". Fue el mismo Clavell, indica este testimonio, quien ordenó entonces que el nicho 46 "debería quedar tapado". Y así se hizo. Hasta este lunes, cuando amaneció vacío.

La jueza considera que las autorizaciones de enterramiento enjuiciadas son "nulas de pleno derecho" por dictarse sin seguir el procedimiento de adjudicación por orden correlativo. Pero incide en que, al margen de "la situación grotesca de inventarse un nombre falso de enterramiento en el nicho 46 para ocultar una irregularidad", no alcanza la gravedad de los hechos denunciados. "Puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa o políticamente pero sin que alcance la calificación de arbitrariedad flagrante que haya causado la lesión de un derecho o interés colectivo que merezca la intervención de la jurisdicción penal", sostiene la magistrada.

La concejala de Urbanismo de Vall d’Uixó, Francesca Bartolomé, lamenta que Óscar Clavell "no haya dado explicaciones públicas sobre este asunto" y ha pedido "responsabilidades políticas" por "utilizar un tema tan sensible y perjudicar a tantas personas por beneficiar a unos pocos". "Hay que cumplir una ordenanza que trata a todos por igual", concluye.