La fiscalía denuncia al alcalde de La Vall d’Uixó por prevaricación
Pagó 700.000 euros, pese a la oposición de los técnicos
La fiscalía de Castellón acusa al alcalde de la Vall d’Uixó, Óscar Clavell (PP), de un presunto delito de prevaricación por aprobar el pago de facturas de algo más de 700.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos (Secopsa Medioambiente SL), a pesar de contar con la negativa de los técnicos municipales. La querella ha sido remitida a los juzgados de Nules y en ella, el fiscal acusa a Clavell de autorizar el pago de al menos una decena de estas facturas, pese a contar con las objeciones del interventor.
La fiscalía ha estado investigando las supuestas irregularidades que viene denunciando la oposición desde que la entonces alcaldesa Isabel Bonig decidió privatizar este servicio, que el equipo de gobierno acabó adjudicando en 2009 a Secopsa durante veinte años. El edil socialista Josep Tur ya reclamó explicaciones a Clavell en el pleno de mayo del pasado año por la aprobación de facturas por valor de 706.789 euros “si los informes de los técnicos encargados del seguimiento del contrato no las conformaron porque no se ajustaban a la realidad del contrato”. Se trata de facturas aprobadas cuando Clavell era concejal de Urbanismo y se autorizaron a sabiendas del informe contrario. El escrito de reparo del interventor accidental firmado el 23 de diciembre de 2010 recoge que la aprobación de este pago cuenta con el informe desfavorable del director del área de servicios económicos al poner de manifiesto que “no consta” la certificación acreditativa de la conformidad por la prestación realizada por la empresa.
Los problemas detectados en el servicio privatizado de limpieza viaria y recogida de basuras se remontan a esa fecha. PSPV y EU pidieron abrir un expediente a Secopsa. El expediente se abrió en 2011 pero se archivó por caducidad y se inició otro porque los problemas detectados no se habían resuelto. La oposición reclamó una comisión de investigación (negada por el PP) por la “absolutamente injustificada tardanza en la tramitación del expediente”.
Los incumplimientos del contrato detectados por los funcionarios son de tal calibre que el secretario municipal ha emitido un informe en el que insta “directamente” a dar por finalizado el contrato con Secopsa y no a seguir abriendo expedientes sancionadores que, además, no han logrado que la empresa rectifique su modus operandi.
En este informe, fechado el 25 de abril de 2013, el secretario recoge el expediente abierto en octubre de 2012 y que acabó con una sanción de 174.000 euros por varias faltas. Cuatro meses después se abrió otro por prestación defectuosa del servicio de limpieza de contenedores y por falta de personal mínimo adscrito al contrato. Secopsa optó al contrato ofreciendo 48 puestos de trabajo que, según el acuerdo plenario de adjudicación, son los que debe tener. Pero los técnicos han constatado que, de media, no llega a los 43 y hay días que solo trabajan 26 personas. A ello se suma que otra empresa fue descartada del concurso por no contar con el mínimo establecido de 43 trabajadores. Tampoco ha realizado inversiones en maquinaria por valor de casi un millón de euros sin que haya sido requerido por el órgano de contratación, según consta en otro informe municipal.
La privatización del servicio de recogida de residuos provoca muchas protestas
Junto a las sanciones, el consistorio aprobó minorar las facturas a pagar a la empresa al entender que el servicio no se está ofreciendo tal y como se firmó. Secopsa siempre ha negado que este no sea de “máxima calidad” y alegando que la contratación de trabajadores es una cuestión de “exclusiva organización y criterio de la contrata”.
La fiscalía de Castellón ha estudiado todos estos expedientes abiertos y el no cumplimiento de las mejoras que la empresa debía realizar, pero ha sido la autorización de las facturas por más de 700.000 euros lo que ha motivado la denuncia por presunta prevaricación del actual alcalde de la Vall d’Uixó.
