Los patinetes eléctricos se vieron involucrados en casi 300 accidentes en 2018

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quiere una mayor vigilancia de los últimos vehículos en llegar a nuestras calles: los patinetes eléctricos. Para ello, la Fiscalía ha enviado este jueves un oficio a todas las policías locales para que se esmeren en la investigación de los también llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que se han visto involucrados en un total de 273 accidentes en lo que llevamos de 2018. Vargas ha hecho especial hincapié en la responsabilidad de los conductores de patinetes y también de bicicletas en accidentes que impliquen a peatones y ha lamentado "el extendido desconocimiento de las normas viales" que tienen muchos ciclistas y patinadores.

"Está extendida la idea de que un patinete es un juguete pero no lo es. Obliga a responsabilidades muy relevantes", ha asegurado Vargas, que ha avanzado que la cifra de accidentes es "muy provisional" ya que faltan datos de varias urbes. Además, la Fiscalía cree que debido a la falta de denuncia, la fuga en muchas ocasiones del autor y las dificultades para identificar a estos vehículos por la falta de matrícula, existe una cifra negra de accidentes. Según datos de la Fiscalía sobre patinetes, la cifra es mayor en cuanto a número de denuncias por infracciones administrativas, ya que "no están siempre cuantificados". Solo en la ciudad de Barcelona llevan más de 3.000 multas a usuarios de patinetes.

"Observamos que desde su fabricación hasta que llega al usuario, no hay apenas normativa, circulan en una situación de alegalidad" ha detallado Vargas, que ha explicado que en muchos casos los patinetes "no llevan la iluminación adecuada" y pueden tener "problemas de frenos". El fiscal ha pedido un esfuerzo a los legisladores para que fijen los estándares de los VMP y asegurar así que los fabricantes ponen en el mercado vehículos que cumplan todos los requisitos.

Respecto a su movilidad en ciudad, el fiscal ha recalcado que ese asunto está "en manos de los Ayuntamientos y del Gobierno" pero sí que ha incidido en que "en ningún caso el patinete o la bicicleta pueden circular por la acera, que es una zona sagrada para el peatón". Además, ha recordado que la policía local puede proceder a la retirada y depósito de cualquier vehículo que no se ajuste a las normas de circulación y que los conductores de patinetes también son susceptibles de realizar controles de alcohol y drogas. 

Si un conductor de patinete tuviera responsabilidad en un accidente, sus obligaciones son las mismas que las de cualquier otro conductor de vehículo. Si un patinador causara una lesión a un peatón y se considera que hay una imprudencia grave (por ejemplo si circulaba por la acera, a mucha velocidad o bajo el efecto del alcohol), podría pasar de 6 meses a 3 años en la cárcel. Si incurriera en homicidio imprudente, las penas van de 1 a 4 años de prisión. En todo caso, el patinador tiene la misma obligación de ayudar a las víctimas de accidente y puede incurrir en penas, más graves, de denegación de auxilio si no lo hace.

Según los informes remitidos por las Policías Locales, los accidentes en los que intervienen los denominados VMP "se deben, entre otras causas, a la falta de control sobre los posibles eficiencias o carencias técnicas del vehículo, así como a la velocidad del patinete en relación con las circunstancias del tráfico, su irrupción súbita y sin control en la vía o el atravesar la calzada en rojo para los peatones, subrayándose la dificultad de convivencia en los carriles-bici con los ciclistas, así como con los peatones y vehículos de motor".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado que están trabajando ya en una regulación nacional de los patinetes, que tendrán la consideración de "vehículos de propulsión eléctrica", no podrán circular por aceras y estarán limitados a 25 kilómetros por hora. Sin embargo, desde su aparición en los últimos años y sobre todo a partir de su popularización este 2018, varias ciudades españolas, como Madrid y Barcelona, han regulado ya el uso de los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y otras, como Valencia o Zaragoza, preparan normativas de inminente aplicación