El Congreso se impone renovar el prorrogado Poder Judicial en seis meses

El Congreso de los Diputados se ha emplazado este martes a renovar con un amplio consenso político el máximo órgano de poder de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, en menos de seis meses. El Poder Judicial está ahora en funciones desde que el pasado 4 de diciembre acabó su mandato el anterior Consejo, presidido por Carlos Lesmes y tras fracasar las negociaciones y el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP para su renovación tras el escándalo de los mensajes de WhatsApp conocidos públicamente del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, donde se revelaba que su partido pretendía "controlar por la puerta de atrás" ese órgano.

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes con 166 votos a favor una moción consecuencia de interpelación presentada el pasado 21 de noviembre por el PDeCAT, y pactada con otras formaciones como el PSOE, ERC, Nueva Canarias y Podemos, en la que se fija ese plazo para cambiar a los 20 vocales de elección del Poder Judicial. PP y Ciudadanos han votado en contra (163) y se han abstenido PNV y parte del Grupo Mixto (EH-Bildu y Coalición Canaria).

La portavoz de Justicia del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha justificado el motivo de su moción en la necesidad de promover la verdadera independencia del Consejo del Poder Judicial con una elección de sus miembros, presidente y vocales, más transparente y para "dejar atrás el circo que vivimos hace unos semanas" en alusión al frustrado intento de cambio entre PP y PSOE. Ciuró destacó en su intervención que con la moción "el Congreso reconoce que hay falta de independencia en las altas instancias judiciales y se autoimpone acordar la renovación en un plazo de seis meses".

La diputada nacionalista catalana también interpretó que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, había reconocido "injerencias" en el Poder Judicial y había comentado como ejemplo de ellas "las presiones externas" al Tribunal Supremo para que cambiara la polémica sentencia sobre las hipotecas. Ciuró concluyó que aquel cambio de criterio del Supremo causó "estupor e indignación" en la ciudadanía y argumentó que ese tipo de comportamientos hacen más necesaria la renovación de los criterios de elección en el Poder Judicial "para que deje de ser una agencia de colocación de afines a una sola y concreta concepción del Estado" y para que no persiga a los que consideró "disidentes". Fue ahí cuando mencionó el recurrente argumento por parte de los diputados separatistas de los "presos políticos" catalanes ahora en huelga de hambre" que han recurrido su situación ante el Tribunal Constitucional aún sin resolución.

El PSOE ha respaldado la necesidad de esta moción pero su portavoz, Juan Carlos Campo, ha expresado sus dudas en el pleno sobre las verdaderas intenciones del PDeCAT para sacar como argumentos la situación de los políticos presos por liderar acciones del proceso independentista en Cataluña.

PP y Ciudadanos han cuestionado en esa línea la propuesta del PDeCAT y le han reclamado que condene, sin embargo, los escraches y presiones a los jueces en Cataluña. Los dos partidos de la derecha han aprovechado el momento para recordar que ahora defienden un modelo distinto de elección del Poder Judicial con el que proponen que 12 de los 20 vocales los seleccionen los jueces a través de sus asociaciones judiciales. Ciudadanos siempre se ha mantenido en esa postura. El PP ha cambiado y de hecho había pactado con el PSOE mantener el actual modelo hasta que estalló el escándalo de los mensajes internos de Cosidó y el aspirante para cambiar a Lesmes, Manuel Marchena, renunció.