La fiscalía inicia los trámites para la extradición del asesino de los abogados de Atocha

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha dado el primer paso para la extradición a España de Carlos García Juliá, uno de los ultraderechistas condenados por la matanza en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, y que estaba fuera del alcance de la justicia española desde mayo de 1996. García Juliá fue detenido el pasado jueves en São Paulo (Brasil) tras una huida de 22 años. El ultra fue condenado en el año 1980 a 193 años de prisión. En 1991, recibió un permiso para desplazarse a Asunción (Paraguay), donde había obtenido un trabajo, y con la condición de no abandonar ese país sudamericano y presentarse una vez al mes en la Embajada de España.

Sin embargo, en agosto de 1996 fue detenido en una operación antidroga en Bolivia, lo que llevó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León a revocar la libertad condicional otorgada cinco años antes por motivos laborales. En noviembre de 2000, el juzgado decretó la prisión de García Juliá para cumplir entre rejas los 3.855 días de condena –diez años y medio- que le quedaban por completar.

La Fiscalía ha solicitado este lunes a la Sección Primera de la Audiencia Nacional, la que condenó a García Juliá en 1980, que proponga al Gobierno que solicite a las autoridades brasileñas la extradición de García Juliá en virtud del tratado de extradición entre ambos Estados firmado en 1988. Salvo que se aceleren los trámites, la decisión final sobre la entrega del asesino ultraderechista corresponderá previsiblemente al Gobierno de Jair Bolsonaro, que tomará posesión el próximo 1 de enero.

Sobre este antiguo militante de Fuerza Nueva pesaba una orden de detención internacional por su participación en la masacre donde fueron asesinados a tiros cuatro abogados y un trabajador de un bufete de la capital española vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista. García Juliá tenía 24 años cuando perpetró los cinco asesinatos por los que fue condenado en 1980. En diciembre de 2016, casi cuarenta años después de la matanza, la Audiencia Nacional actualizó ante el Ministerio de Justicia la petición de extradición.

Varios pistoleros irrumpieron el 24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha. Mataron a tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá perpetró la masacre de Atocha junto a una milicia fascista de seguidores del fallecido notario Blas Piñar. José Fernández Cerra, que fue condenado a 193 años como ejecutor, y Francisco Albaladejo, sobre el que cayeron 73 como inductor, le acompañaron en el crimen. Lerdo de Tejada fue procesado, pero huyó antes de sentarse en el banquillo. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".