Justicia descuenta por primera vez el sueldo a los jueces y fiscales que hicieron huelga

El Ministerio de Justicia ha dado la orden, como anunció, de descontar el sueldo a los jueces y fiscales que secundaron la huelga de ambos estamentos el pasado 19 de noviembre. El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, siguiendo órdenes de la ministra, Dolores Delgado, ha firmado ya la orden por la que se detrae a los magistrados y fiscales huelguistas el salario de aquella jornada, según confirmaron a este periódico fuentes de ese departamento. La decisión tiene un calado que va más allá de lo económico: supone que por primera vez el Gobierno reconoce por la vía de los hechos que los jueces y fiscales, que además de ser funcionarios encarnan un poder del Estado, tienen derecho a la huelga como cualquier otro trabajador y, por lo tanto, están sujetos a las consecuencias derivadas del ejercicio de ese derecho, según las mismas fuentes.

La huelga del pasado noviembre —la segunda de este año tras la del 22 de mayo, cuando gobernaba el PP— fue seguida por el 48,3% de los 5.500 jueces y el 39,3% de los fiscales, según datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Las asociaciones convocantes elevaron el seguimiento entre los jueces al 61%. El paro acarreó la suspensión de al menos 3.500 actuaciones judiciales en toda España, como juicios, declaraciones o audiencias previas.

La medida de presión de jueces y fiscales busca una mejora en sus condiciones profesionales, en particular recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes de la crisis que se inició hace una década, recuperar el régimen de vacaciones y permisos anterior a la reforma del año 2012 o la implantación de cargas máximas de trabajo. La huelga también reclama medidas para reforzar la independencia del Poder Judicial y de la autonomía de la fiscalía, como la elección por parte de los jueces de los 12 vocales pertenecientes a este estamento de los 20 que componen el Consejo General del Poder Judicial o una mayor transparencia en los procesos de nombramiento de altos cargos judiciales.

En las huelgas anteriores de jueces, convocadas en 2008 y 2013, y en el paro del pasado mayo, los magistrados que las secundaron no vieron descontado ese día en la nómina que les paga el Ministerio de Justicia y su paro solo quedó reflejado a efectos estadísticos. Tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Ministerio de Justicia con el PP y entre la propia carrera judicial existe el debate sobre si un poder del Estado que se individualiza en cada juez o magistrado podía ponerse en huelga. Un sector consideraba que la huelga es un derecho fundamental que no puede negarse a ningún trabajador y otro entendía que el Estado ni ninguno de sus poderes puede ponerse en huelga.

El ministerio que dirige Dolores Delgado, con la decisión de descontar el dinero de la nómina, parece optar por la primera de las posiciones, la de que los jueces, como cualquier trabajador, tienen reconocido el derecho de ausentarse del trabajo para reclamar mejoras laborales.

Las asociaciones convocantes —las cuatro de la magistratura y las tres del ministerio fiscal— a la hora de convocar la huelga, comunicaron el paro tanto al CGPJ como a los ministerios de Justicia y de Trabajo. Unos días antes de que se llevara a efecto el paro, el ministerio ya anunció a las asociaciones que se descontaría la jornada de huelga de la nómina.

Fuentes de las asociaciones judiciales respetan la medida económica y ven en ella “un reconocimiento del derecho de huelga de los jueces”. “Somos consecuentes y no podemos protestar ni vamos a permitir que se nos trate con ningún tipo de privilegio, no vamos a recurrirlo, es una decisión coherente del ministerio con el despliegue del derecho constitucional a la huelga”, señalan los jueces consultados. “Solo nos extraña esta medida por su anuncio tardío como consecuencia del fracaso del intento del Ministerio de Justicia de que desconvocásemos el paro”, añaden, bajo condición de anonimato.