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Los escándalos que afectan al PP

Un segundo juez reclama a Interior todos los detalles del espionaje a Bárcenas

El magistrado De la Mata, que investiga la caja b del PP, rechaza “de momento” llamar como investigada a Cospedal

Barcenas
Luis Bárcenas, a la salida de su casa, el pasado mayo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso de la caja b del PP, ha citado este miércoles a declarar como imputado para el próximo 21 de diciembre al extesorero del partido Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, y ha reclamado al Ministerio del Interior que le envíe “toda la documentación” relativa a la Operación Kitchen, la trama policial de espionaje ilegal a Bárcenas a través de su chófer supuestamente encabezada por el comisario jubilado José Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una trama policial.

De la Mata es el segundo magistrado que reclama al Gobierno información sobre esta operación policial, inicialmente concebida para ayudar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre las finanzas irregulares del PP, pero que se adulteró para tratar de arrebatarle a Bárcenas papeles que pudieran resultar comprometedores para la formación conservadora durante la investigación del caso Gürtel. La semana pasada ya la solicitó el juez Diego de Egea, en su caso dentro del macrosumario sobre los negocios ilegales del comisario Villarejo.

De la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, rechaza, “por el momento”, cita como imputados a la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su esposo, Ignacio López del Hierro, como había solicitado la acusación popular del Observatori DESC. Ambos supuestamente se pusieron en contacto con Villarejo durante los inicios de la instrucción del caso Gürtel y el comisario les ofreció información sobre la investigación policial e incluso la destrucción de pruebas incriminatorias. De la Mata solicita a su compañero De Egea una copia de dos informes recientes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional sobre la Operación Kitchen, que permanecen secretos.

Además, De la Mata ha reclamado “de modo inmediato” a la Secretaria de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, el “informe completo” que ya había solicitado “sobre los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, reporte, supervisión y control de la Operación Kitchen desarrollada en la Dirección General de la Policía”. El magistrado exige a Interior que detalle “las identidades de todas las personas que hayan participado en la misma y las de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades”. El informe “deberá ir acompañado de toda la documentación generada u obtenida durante su desarrollo”.

En una resolución aparte, el magistrado solicita al Consejo de Ministros la “desclasificación oficial” de la documentación de la Operación Kitchen que pueda estar sujeta a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y de fondos reservados de 1995. La decisión del juez De la Mata de citar a declarar a Bárcenas y su esposa ha llevado a la fiscalía a pedir al magistrado Diego de Egea que suspenda la declaración de ambos como testigos en su juzgado prevista para el miércoles de la semana que viene.

Sacar del 'caso Villarejo' lo que afecte a la seguridad del Estado

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles que, antes de levantar el secreto de sumario que todavía pesa sobre la documentación intervenida al comisario Villarejo, se analice el contenido de la misma para sacar "definitivamente" del sumario aquella que "pueda comprometer la seguridad del Estado" o esté sometida a la ley de secretos oficiales. Los tres magistrados piden al juez instructor del caso Villarejo, Diego de Egea, que para decidir qué documentos se quedan fuera de la causa evalúe previamente el "impacto" de cada uno de ellos.

La decisión de la Audiencia Nacional se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera la decisión del magistrado De Egea de levantar el secreto de sumario sobre la causa. En su recurso, el ministerio público alertaba de que la medida podía afectar a la seguridad del Estado dado el contenido de parte de la documentación en papel y en formato digital -en parte aún encriptada- que se intervino al comisario jubilado cuando fue detenido en noviembre de 2017. En ella había, por ejemplo, información referida a Corinna Larsen, antigua amiga del rey emérito Juan Carlos I. La petición de la fiscalía fue rechazada en parte en primera instancia por el juez, por lo que Anticorrupción volvió a recurrir. La Sala de lo Penal ha resuelto ahora la disputa.

En su auto de este miércoles, los tres magistrados aceptan parcialmente el recurso de la fiscalía al decidir que, además de sacar de la causa el material afecte a la seguridad del Estado, se mantenga el secreto de sumario sobre el material intervenido al comisario Villarejo que aún no ha podido ser desencriptado. La Audiencia Nacional recalca que las especiales medidas de seguridad que el policía adoptó para dificultar que se pudiera conocer su contenido son "reveladoras de la magnitud de su importancia". Por ello los jueces aceptan el argumento de Anticorrupción de que dar acceso a la misma a todas las partes personas en el sumario puede ponerla en riesgo e impedir el avance de la investigación. El auto también destaca que el secreto se mantendrá algún tiempo, ya que para poder desentrañar su contenido se va a necesitar el apoyo del Instituto Nacional de Seguridad o del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, lo que retrasará los futuros análisis que la Policía haga. 

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