Las asociaciones judiciales y fiscales piden reunirse con Delgado tras la huelga del 19-N

Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales que el pasado 19 de noviembre convocaron una huelga para exigir mejoras salariales y laborales y para defender la independencia del Poder Judicial han solicitado este lunes una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado. En ese encuentro, las siete asociaciones esperan recibir del Gobierno “propuestas y ofertas concretas” a sus reivindicaciones. En la jornada de paro de la semana pasada, la segunda en lo que va de año, alrededor de la mitad de los jueces —un 48% según el Consejo General del Poder Judicial y un 61% según los convocantes— y aproximadamente el 40% de los fiscales secundaron la movilización.

En una carta abierta, las asociaciones piden a la titular de Justicia “una reunión inminente” para saber si el ministerio va a dar “respuesta de forma específica a alguna de las peticiones” de los jueces y fiscales, o si, por el contrario, “nada nuevo hay” en este sentido. “La Justicia, los fiscales y los jueces, entendemos que siguen plenamente vigentes nuestras pretensiones. Usted, como titular ministerial, tiene mucho que aportar positiva y negativamente”, manifiestan la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales. A este último colectivo perteneció Dolores Delgado durante su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional antes de ser nombrada ministra.

En las reuniones previas al paro del 19 de noviembre, similar al convocado el 22 de mayo, siendo ministro el popular Rafael Catalá, la ministra Delgado advirtió a las asociaciones de que, si la huelga se llevaba a efecto, las negociaciones sobre la recuperación de los salarios que quedaron congelados con la crisis o las mejoras en medios materiales quedarían suspendidas. En caso de que Delgado no les convoque a un nuevo encuentro tras la movilización, las asociaciones anuncian que procederán a “actuar con las medidas legales” que entiendan “adecuadas”.

La incidencia de la huelga del 19 de noviembre fue mucho mayor en los juzgados territoriales que en los tribunales superiores, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. No obstante en estos órganos, aunque mínimamente, el paro también se dejó notar. Siete magistrados del alto tribunal secundaron la huelga, cuando en mayo ninguno lo hizo. Una treintena de magistrados del Supremo firmó un comunicado similar a otro del pasado mayo en el que manifiestan su "reiterado y total apoyo" a las reivindicaciones planteadas por los huelguistas, que dicen compartir "enteramente".

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia manifestaron en un comunicado que su “posición institucional” les impedía sumarse al paro, pero apoyaron las “justas y legítimas reivindicaciones” de las asociaciones. “Las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia y que los poderes Ejecutivo y Legislativo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible”, afirman.

Entre otras demandas, ambos estamentos reclaman recuperar los salarios que quedaron congelados durante la crisis económica y mejorar sus condiciones y cargas de trabajo. España es el tercer país con mayor litigiosidad de la Unión Europea —en 2017 se resolvieron 5,47 millones de asuntos— y cuenta con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, aproximadamente la mitad de la media de los países de la Unión Europea. Los convocantes también exigen mejores medios materiales para impartir justicia y reforzar la independencia del Poder Judicial.