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La justicia se lanza a la calle frente a una de los suyos

El sector suma en solo una semana su tercer paro contra la ministra Delgado, que apoyó la huelga cuando ejercía de fiscal

La manifestación de los funcionarios de Justicia, el pasado viernes.
La manifestación de los funcionarios de Justicia, el pasado viernes.

La justicia vive semanas de revolución. Después de la sorprendente marcha atrás del Tribunal Supremo en la sentencia de las hipotecas y el polémico reparto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el sector se ha echado ahora a la calle en una ola de movilizaciones que culmina este lunes con la huelga de jueces y fiscales. Es el tercer grupo que se pone tras la pancarta en menos de una semana: tras el parón de los letrados de justicia, el pasado martes; y el de los funcionarios de justicia, el viernes. Todos ellos pertrechados frente a la ministra Dolores Delgado, fiscal de carrera, a la que consideraban una de los suyos y a la que ahora reprochan falta de voluntad para sacar adelante iniciativas que ella reivindicó en mayo, cuando se sumó a la huelga contra el entonces titular de la cartera, Rafael Catalá (PP).

"Los avances han sido inexistentes precisamente por la pasividad, cuando no oposición, del propio ministerio", insiste el Foro Judicial Independiente, una de las asociaciones de jueces. "En ninguna de las reuniones se nos ha ofrecido nada concreto de lo que venimos reclamando desde hace casi dos años", remachan todos los colectivos de magistrados y fiscales.

Una línea argumental que se repite en los otros grupos levantados en armas: "La legislatura va pasando y no vemos voluntad de abordar los temas", dice Abigail Fernández, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), que reclama una adecuación salarial tras asumir en 2010 más competencias por una reforma legislativa. En su caso, según el ministerio, el 45,8% de los trabajadores secundó la huelga —casi 2.000 de los más de 4.000 letrados—.

Un dato más bajo otorga Justicia a la movilización del viernes de los funcionarios: el 18,8% de los 54.310 llamados al paro —los sindicatos lo elevan al 80%—. "Se ha producido un ataque a nuestras condiciones de trabajo", explica Luis Calero (CC OO), que denuncia que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima el Senado "abre la puerta a la movilización forzosa y discrecional del personal".

Pero el encontronazo más duro con Delgado llega desde las asociaciones de jueces y fiscales, que llevan años reclamando mejoras salariales y la reforma del sistema —como la modificación del método de elección de vocales del CGPJ—. Tras abrir negociaciones al llegar al cargo, el enfrentamiento se ha enconado y la posibilidad de acercar posturas saltó por los aires el pasado lunes. Varias asociaciones judiciales se citaron con Delgado y, según manifestaron, les amenazó con que, si no frenaban la convocatoria de este lunes, se acabarían las conversaciones: "Recordando épocas ya superadas de nuestro país en que el derecho de huelga no estaba garantizado en la Constitución", dijeron cinco de las asociaciones en un comunicado —que no firmaron las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece Delgado—, en referencia a la dictadura franquista.

En el equipo de Justicia, molestos, creen que los jueces aprovechan para envolver la prioridad de sus reclamaciones salariales con una batería de demandas a las que ya están dando respuesta, como derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, paralizada por PP y Ciudadanos en las Cortes. En el ministerio señalan que la mejora de las retribuciones depende de Hacienda y este departamento no va a ceder. "Sus condiciones se enmarcan en el acuerdo entre Gobierno y Sindicatos —que afecta a todos los funcionarios del Estado— firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Pese a ello, los colectivos insisten en tener un marco salarial diferenciado respecto del resto", le reprochó Justicia en un comunicado.

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