El pacto constitucional que saltó por los aires

Aquel 5 de mayo de 1978, Miquel Roca, representante de la minoría catalana, habló en la comisión constitucional del Congreso para tranquilizar a quienes temían un desafío inquietante sobre la independencia de Cataluña: “Desde mi perspectiva nacionalista no puedo dejar de constatar, no sin emoción, que hoy coincidimos todos en la voluntad de poner fin a un Estado centralista; coincidimos todos en alcanzar, por la vía de la autonomía, un nuevo sentido de la unidad de España; y coincidimos casi todos en dar al reconocimiento de la realidad plurinacional de la nación española el sentido de un punto final a viejas querellas internas”.

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El diputado vasco Xabier Arzalluz también empleó palabras conciliadoras para explicar sus intenciones: “No hemos venido aquí a establecer —y que quede esto bien claro— un trampolín o una plataforma de más fácil secesión. Nosotros traemos aquí una misión muy concreta: limitarnos a reclamar una integración”.

Aquel pacto fabricado con palabras para la reconciliación y no agresión está gravemente herido.

Veintiséis años después de aquel compromiso político, el Gobierno nacionalista vasco impulsó un proyecto para la secesión con un nuevo estatuto que consideraba Euskadi un Estado libre asociado a España. El pleno del Parlamento vasco lo aprobó (39 votos a favor y 35 en contra) en diciembre de 2004. Dos meses después, el Congreso de los Diputados lo rechazó por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, CiU, EA, NaBai y BNG) y dos abstenciones (ICV). Tres años después, el lehendakari Juan José Ibarretxe lo volvió a intentar. Convocó una consulta sobre el derecho a decidir, pero el Constitucional sentenció que aquello no era posible: “El único titular del derecho a decidir es el pueblo español”.

Frenados por el Estado de derecho y por la Constitución, los nacionalistas vascos que gobernaban Euskadi aceptaron las reglas del juego y olvidaron sus aventuras independentistas.

El ejecutivo nacionalista de Cataluña es quien ha izado ahora esa bandera para abordar un proceso unilateral de independencia de España sin pasar por el Congreso de los Diputados, orillando su propio Estatuto de Autonomía y de espaldas a la Constitución.

El socialista Alfonso Guerra, que asistió a la sesión constituyente de mayo de 1978 donde Roca y Arzalluz se dieron por satisfechos con el modelo de Estado de las Autonomías que establecía la nueva Constitución, se muestra muy decepcionado con el comportamiento de nacionalistas vascos y catalanes. “Fuimos bastante ingenuos en aquel momento. Los hechos vienen a confirmarlo, los que decían que tenían ya suficiente respecto a la descentralización, después ha resultado que no. Entonces dieron un punto de vista para calmar, para que nadie pensara que iban a llegar adonde están hoy. En ese sentido, hay una cierta deslealtad”, declaró Guerra a este periódico hace unos años.

El exvicepresidente socialista describió así el problema: “Al hacer la Constitución, aquí se hizo un pacto. El quid de la cuestión está en que en España históricamente había habido dos Estatutos, el catalán y el vasco. Cuando se recupera la democracia en 1977, la posición del PSOE es: recuperemos la legalidad de aquellos Estatutos. Eso no fue posible porque el Gobierno de entonces, no exento de razón, argumentó que la recuperación de la legalidad republicana no sería aceptada por el Ejército. No se pudo hacer, y entonces llegó la fórmula del café para todos, aceptada por todo el mundo, incluyendo el nacionalismo vasco y catalán. Y ellos siempre argumentan que no se oponen a que los demás tengan todo lo que quieran. Pero los hechos no responden a eso: cuando los demás han igualado las competencias del País Vasco y Cataluña, ellos quieren un escalón más, y cuando los otros piden subir ese escalón, ellos piden otro más. Y así estamos en un cuento de nunca acabar. Hasta llegar uno [País Vasco] a querer ser un Estado asociado, y otro [Cataluña] a querer ser un Estado independiente. Ese es el problema”.

 El miedo a la ruptura sobrevoló las primeras sesiones de las Cortes Constituyentes, cuando se discutió el artículo 1.2 (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”) y el artículo 2 (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”).

El artículo 1.2 se aprobó por 310 votos a favor, tres en contra (dos parlamentarios de ERC y uno de EE) y 11 abstenciones (PNV, dos diputados de AP, uno de UCD y uno de Minoría Catalana). El artículo 2, que hablaba de “nacionalidades y regiones” recibió 278 votos favorables, 20 en contra (incluidos 16 de AP) y 13 abstenciones (PNV).

Mientras Manuel Fraga (Alianza Popular) defendió “la unidad sagrada de España”, el socialista Gregorio Peces-Barba sostuvo que España era “una nación de naciones”. Los dirigentes de UCD defendieron que España había sido siempre “una y varias” y plantearon “armonizar la unidad con la diversidad”.

Fraga fue beligerante desde el comienzo de las deliberaciones. No admitía el término nacionalidades y advertía sobre el peligro de deshacer España. "Si España no existe, como algunos pretenden, si hay respecto de ella derecho de autodeterminación entendido como de secesión, aquí no hacemos nada. Si estamos aquí es porque queremos hacer una Constitución para España, y por eso sí que yo creo que no podemos pasar, que la hagamos en contra de España. Esa unidad es sagrada, y ahí sí que no admitiremos trágalas de nadie".

Los comunistas aceptaron la realidad de un país unido. Jordi Solé Tura declaró que España no era una invención sino “una realidad forjada por la Historia”. “Hay que terminar con el eufemismo de designar esto con el nombre de Estado español. España es una realidad multiforme, pero es una realidad".

Solo dos portavoces, con una mínima representación, esgrimieron razones para diseñar en la Constitución mecanismos de ruptura de la unidad de España. “El anteproyecto ignora la verdadera naturaleza del Estado español y persiste en el grave error de no restituir lo esencial de su soberanía a cada una de las naciones que lo integran”, señaló Heribert Barrera (ERC). “Esto no significa, de ninguna manera, que yo sea separatista, que la mayoría de los catalanes seamos separatistas, que queramos destruir el Estado español. Consolidado por siglos de Historia, este Estado es hoy, probablemente, necesario. ¿Cuál es el fondo del problema? El fondo del problema es la soberanía. [...] El planteamiento de un pueblo español soberano que nos concede una autonomía administrativa no puede convencernos. Queremos soberanía nuestra, solo nuestra, aunque sea parcial”.

Francisco Letamendia (Euskadiko Ezkerra) reclamó el derecho de autodeterminación: “El artículo 2º niega radicalmente el derecho de los pueblos a decidir sobre sí mismos. [...] Desde aquí hago un último llamamiento a las fuerzas de oposición que se llaman socialistas para que apoyen la inclusión de este derecho en la Constitución. Si no sois fieles a vuestra herencia doctrinal política, que os obliga a defender este derecho [de autodeterminación], no podréis lamentaros de la ilegalidad ni de sus efectos, que nadie desea, y menos que nadie los vascos. Si os lamentáis, vuestras lágrimas serán lágrimas de cocodrilo y vuestra condena la de los fariseos”.

Aquel llamamiento de Letamendia cayó en saco roto. Los socialistas rechazaron la invitación y las sesiones constituyentes fueron conformando un Estado de las autonomías que descentralizaba mucho el poder concediendo a las comunidades amplias competencias.

El profesor Enrique Tierno Galván, entonces diputado del Partido Socialista Popular tiró de ironía para defender la unidad de España contra quienes la negaban: “Hay una enorme unidad psicológica entre todos los españoles. Yo creo que la unidad psicológica de los españoles es la más profunda de Europa. Viendo aquí a los que hablan yo he estado pensando que los que más niegan a España están hablando porque son españoles más profundos y psicológicamente más característicos”.

Cuarenta años después, la Norma Fundamental ha resistido las acometidas independentistas de los nacionalistas vascos pero apenas puede contener los ataques rupturistas del nacionalismo catalán, para el que la Ley no importa.