Euskadi modificará la ley que repara a las víctimas de abusos policiales

El Parlamento vasco ha acordado este jueves modificar la denominada ley de abusos policiales, aprobada en 2016 y que repara a las víctimas que murieron por disparos de armas de fuego por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado y a quienes sufrieron torturas y malos tratos en sus detenciones. La normativa vasca fue parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto en mayo de 2017 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Su sucesor, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, acordaron en junio de este año, durante un encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa, la retirada del citado recurso a cambio de introducir algunos retoques en la normativa.

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La cámara vasca ha aceptado este jueves, con los votos favorables del PNV, el PSE y Elkarrekin Podemos, tramitar la modificación de varios artículos de la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999. La normativa prevé indemnizaciones del Gobierno vasco a las víctimas —predominantemente heridos o muertos en controles policiales, manifestaciones— por un montante cercano a los 12 millones de euros. Sus cuantías son muy inferiores a las contempladas para las víctimas del terrorismo.

La ley de abusos policiales fue recurrida por el Gobierno de Rajoy, porque, entre otros argumentos, recoge la figura de una comisión de valoración, encargada de definir qué personas pueden considerarse como víctimas de abusos policiales y acogerse a las ayudas, cuya labor invade competencias que corresponden a los jueces, según adujo el Ejecutivo del PP.

Pedro Sánchez se comprometió en julio pasado a retirar dicho recurso de inconstitucionalidad si la Cámara autonómica abordaba un cambio en algunos de los artículos, un trámite que ha acordado hoy el Legislativo vasco con la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP.

Los cambios consensuados entre el Gobierno vasco (PNV-PSE) y el central inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la reparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente "asistencial", sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia.

Pese a los cambios que se van a introducir en la normativa, los principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y asociaciones de la Guardia Civil, así como varias organizaciones de víctimas del terrorismo, se han mostrado críticos con el texto, al considerar que sus contenidos contribuyen a "blanquear" el terrorismo de ETA.