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Euskadi aprueba la ley que repara a las víctimas de abusos policiales

El Parlamento sanciona la normativa vasca con el apoyo del PNV y el PSE y la abstención de EH Bildu

Jonan Fernández, secretario de Paz del Gobierno vasco, asiste al pleno que ha aprobado la ley de víctimas de abusos policiales.
Jonan Fernández, secretario de Paz del Gobierno vasco, asiste al pleno que ha aprobado la ley de víctimas de abusos policiales.

El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política, que incluye a los damnificados por las fuerzas policiales durante el periodo comprendido entre 1978 y 1999. El texto ha salido adelante con los votos del PNV y los socialistas, mientras que el PP y UPyD han votado en contra y EH Bildu se ha abstenido.

La nueva ley pretende dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que "no han sido reconocidas ni reparadas" hasta la fecha, y cuya existencia "ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos", dice la normativa.

El texto contempla la asignación de indemnizaciones a las personas a las que les sea reconocida su solicitud. Las ayudas son de 135.000 por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.

En el caso de las lesiones permanentes de carácter no invalidante, el importe de la indemnización se calculará de acuerdo con las cuantías, multiplicadas por tres, de la normativa general aplicable a las indemnizaciones por lesiones.

Tras su aprobación, el secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha emplazado al Ejecutivo central a "colaborar" en el desarrollo de la ley, ya que tiene una parte de responsabilidad "muy importante" en el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales. En declaraciones a los periodistas en el Parlamento vasco, ha respondido a las críticas del PP sobre la supuesta falta de seguridad jurídica del texto, y ha asegurado al respecto que el problema no es de carácter "jurídico", sino que responde a la posición de quienes "teniendo resortes de poder, no quieren que estas víctimas sean reconocidas".