Los partidos negocian ‘in extremis’ la renovación del Consejo del Poder Judicial

La renovación del Consejo General del Poder Judicial —el órgano constitucional que ejerce funciones de gobierno de los jueces y magistrados y que se encarga de garantizar su independencia— está siendo sorprendentemente rápida, según fuentes jurídicas. Al menos si se tiene en cuenta la fragmentación del Congreso de los Diputados, Cámara que elige a 10 de los 20 vocales del organismo por mayoría de tres quintos. “PP y PSOE están aprovechando que Podemos no está poniendo excesivas condiciones y que Ciudadanos no quiere entrar en las negociaciones”, afirma un magistrado conocedor de las conversaciones entre los partidos.

Según estas fuentes, el partido de Pablo Iglesias, que reclamaba al PSOE cuatro de los 10 vocales que se van a repartir las formaciones de izquierda, ha conseguido incluir en la lista a la magistrada Victoria Rosell. Esta juez fue diputada de Podemos entre los meses de enero y mayo de 2016, y dimitió tras ser denunciada por el exministro de Industria José Manuel Soria por un presunto caso de prevaricación y cohecho, que finalmente fue archivado.

Ciudadanos ha rechazado reclamar para sí alguno de los puestos del Consejo porque no comparte el método de elección del órgano. El líder del partido, Albert Rivera, considera que la fórmula actual supone una politización de la justicia y defiende cortar el “cordón umbilical” entre la política y la judicatura. La formación ha registrado una iniciativa en el Congreso para que en la elección de los vocales, 12 sean designados directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado.

El PSOE, representado en la negociación por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el PP, con el exministro Rafael Catalá, aceleran sus contactos. Y han acordado establecer un sistema por el cual los partidos no vetarán a los candidatos del otro. Ambas formaciones tienen interés en dejar cerrada la renovación —el mandato del CGPJ es de cinco años— antes de que unas elecciones generales, ya sean anticipadas, ya agotando la legislatura—, reduzcan su representación parlamentaria actual. En la actualidad, ambos partidos suman 218 diputados, y la mayoría de tres quintos del Congreso requerida para la renovación es de 210 parlamentarios.

El plazo para la renovación del Consejo actual expira el 4 de diciembre. El pleno del órgano colegiado es el que, sobre el papel, tiene el mandato de nombrar al presidente, que a su vez será presidente del Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque en teoría este nombramiento clave no corresponde a los políticos sino a los 20 vocales una vez designados por el Congreso y el Senado, lo cierto es que en la práctica el nombramiento como vocal lleva aparejada la condición previa impuesta por el poder político de votar al presidente que pacten los partidos. “Es una demostración gráfica de la quiebra del sistema”, se queja un juez bajo condición de anonimato.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para suceder al actual presidente, Carlos Lesmes —que acaba su mandato en medio del huracán de la sentencia del impuesto de las hipotecas— figuran el magistrado del Tribunal Constitucional Santiago Martínez-Vares y la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana Ferrer. En principio, la propuesta de presidente la debe formular el PP, partido que tiene mayor representación tanto en el Congreso como en el Senado.