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El PSOE negocia agravar las penas de cárcel por financiación ilegal

El texto endurece el castigo tanto para donantes nacionales, personas físicas y jurídicas, receptores y colaboradores.

El Código Penal sufrirá otra reforma para endurecer penalmente los delitos de financiación ilegal de los partidos. Esta es la propuesta del PSOE, a través de enmiendas a una proposición de ley de Compromís, que reduce a la mitad lo ahora establecido en las cantidades necesarias para incurrir en ese delito, además de llevar aparejada la entrada en la cárcel. Las penas se endurecen tanto para donantes nacionales, personas físicas y jurídicas, receptores y colaboradores.

La portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra.
La portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra.

El endurecimiento de las penas en el Código Penal para castigar la financiación ilegal de los partidos empieza su andadura. Este pasado miércoles terminó el plazo de presentación de enmiendas a una proposición de ley de Compromís, una vez que Ciudadanos ha decidido separarse del PP y permitir que empiecen a tramitarse iniciativas paradas desde hace meses por la vía de encadenar prórrogas precisamente en los plazos de presentación de enmiendas.

El endurecimiento de las penas por delitos de financiación ilegal se abordará en este trimestre y no será un asunto pacífico, aunque la posibilidad de acuerdo podría reunir al PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís. Cuando se constituya la ponencia en la comisión de Justicia se vislumbrarán esas posiciones. Como novedad el Grupo Parlamentario Socialista propone redoblar las penas para las donaciones ilegales. Actualmente el castigo de cárcel se contempla para aportaciones de 500.000 euros pero el PSOE plantea que sean desde 250.000 euros y también en los casos de donaciones internacionales. Si ahora es delito la aportación ilegal exranjera a partir de 100.000 euros lo será con 50.000. Cárcel y multa.

“Será castigado con las penas de multa del triplo al séxtuplo de la cantidad recibida e inhabilitación para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a diez años, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político”. Este es el texto de la primera de las enmiendas registradas por el PSOE que ha conocido EL PAÍS. “Los hechos anteriores serán castigados con penas de prisión de dos a cuatro años”, propone.

A los donantes por sí o por persona interpuesta, además de las penas previstas, se les podrá imponer “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años, así como la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas por el mismo período”.

Con estos severos castigos no solo se pretende actuar contra los partidos que reciban recursos ilegales y también contra donantes e intermediarios. Una empresa, organización, grupo o entidad que incurra en delitos de financiación ilegal podrá verse sometida al criterio judicial que puede acordar “la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita”, recoge otra de las enmiendas socialistas al artículo 304.4 del Código Penal.

Eliminar ordenadores

Los interlocutores consultados reconocen que la casuística de corrupción de los partidos ha inspirado la legislación que se propone. “Será castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo público el que sin haber sido autor o cómplice del delito, interviniere con posterioridad en el mismo ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento”.

Esta inclusión en el artículo 304.5 del Código Penal evoca la destrucción, en el año 2013, de los discos duros de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas utilizaba en la sede nacional del partido. La eliminación de estos dispositivos afectó a la investigación de la Audiencia Nacional sobre la caja b de la formación conservadora, por lo que la juez del caso propuso juzgar a la tesorera de entonces del PP, a un abogado y al informático que formateó los discos hasta 35 veces antes de rayarlos.

La intención de las nuevas medidas, que ahora tienen que negociarse y aprobarse en el Parlamento, es que ninguna posible conducta contraria a la ley de financiación de partidos escape del Código Penal.

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