El Gobierno no sabe aún cómo recurrir el acuerdo contra el Rey del Parlament

El Gobierno inició este viernes el trámite para recurrir al Tribunal Constitucional la reprobación del Rey por el Parlament, aunque no tiene muy claro cómo hacerlo. El Ejecutivo no logra explicar aún cómo piensa recurrir una resolución que califica de “políticamente inaceptable” pero que tiene muchas más dificultades para ser afrontada jurídicamente por su escaso peso.

De momento, el Gobierno deja la responsabilidad en el Consejo de Estado. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, no quiso aclarar qué harán si este organismo, —al que se incorpora ahora por decisión de Pedro Sánchez la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría— le dice que no se puede hacer o si el Constitucional rechaza esta posibilidad, algo que sería un duro golpe político. Celaá insistió en que los ciudadanos tienen derecho a criticar al Rey si quieren, pero un Parlamento autonómico no tiene competencias ni para reprobarlo ni mucho menos para decidir si España debe ser una monarquía o una república. El Gobierno se esfuerza en ofrecer la imagen de firmeza y defensa del Rey precisamente en plena precampaña de las elecciones andaluzas, una comunidad en la que la crisis de Cataluña es un asunto especialmente sensible.

En la explicación de Celaá se vio claro lo que el Gobierno traslada en privado, esto es que dentro del Ejecutivo ha habido muchas dudas sobre qué hacer en este caso porque la resolución no tiene ningún valor jurídico más allá de una declaración política. El Gobierno ha insistido en que quiere dar una respuesta “política”, pero está judicializando el asunto al acudir al Constitucional, y en esa delgada línea ha habido muchas dudas técnicas que finalmente se han resuelto con la decisión política de tirar hacia adelante. Tres constitucionalistas consultados por EL PAÍS ya plantearon esos recelos: “No se puede impedir que alguien desapruebe una actuación de Felipe VI”, afirmó Xavier Arbós, catedrático de la Universidad de Barcelona (UB). “Tengo dudas de que sea posible impugnar la resolución del Parlament porque no se trata de un texto con efectos jurídicos, ni pretende que tenga efectos políticos. Simplemente expresa la opinión de la Cámara. En otras ocasiones, el Congreso o Senado ha reprobado a una ministra, cuando todos sabemos que es una declaración política sin efectos jurídicos. Y no se puede prohibir o impedir eso. Teniendo en cuenta, además, que en España no estamos en una democracia militante, sino que hay partidos republicanos legales”, remató Arbós.

En esa línea se expresó también Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla: “No tiene ningún recorrido porque se está impugnando un pronunciamiento político. Es como si se pide anular una pancarta. Es todo kafkiano porque, además, los parlamentos autonómicos tienen la capacidad de iniciar la petición de reformas constitucionales”, apostilló. Eduardo Vírgala, catedrático de la Universidad del País Vasco, señaló: “Entiendo que la sentencia tendría que ser desestimatoria ya que, aunque el contenido de la resolución del Parlament, no sea contrario a la Constitución, no produce efectos jurídicos ni siquiera vinculantes, al no haber llamamiento a que los órganos autonómicos hagan algo”.

Por el contrario, el catedrático de la Universidad de Santiago Carlos Ruiz, consideró viable que los magistrados den la razón al Gobierno. “Un Parlamento regional se crea para cumplir unas determinadas competencias. En consecuencia, dedicar el tiempo y el dinero que ello cuesta a aprobar cuestiones ajenas a su competencia es algo que debe poder ser impugnado”, explicó el profesor.