Pedro Sánchez quiere salvar medidas de la ‘ley mordaza’ que rechazó en la oposición

La negociación del pacto presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos incluyó las primeras escaramuzas sobre el alcance de la reforma de ley de seguridad ciudadana —conocida como ley mordaza— que se empezará a estudiar mañana jueves en la Comisión de Interior del Congreso. El Gobierno, según diversos documentos a los que ha tenido acceso este diario, tiene previsto excluir de ese cambio legal el compromiso de derogar la devolución en caliente de migrantes y otros aspectos polémicos que en su día denunció cuando estaba en la oposición, como la utilización de imágenes de la policía tomadas por la ciudadanía.

El consenso para modificar la denominada ley mordaza —aprobada en 2015 por el PP y polémica desde el primer día— sigue ahí. Pero el PSOE es ahora menos tajante en el Gobierno de lo que era en la oposición. El Ejecutivo intentará salvar en los próximos días algunos de los aspectos más controvertidos de esa normativa, según los documentos utilizados durante la negociación entre la coalición de Pablo Iglesias y los socialistas, que con 84 diputados necesitan el apoyo de Unidos Podemos.

Básicamente, Interior pretende excluir —al menos hasta que se conozca el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al recurso presentado por España tras la condena por la expulsión de dos subsaharianos en 2014— el compromiso de acabar con las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, pese a que el propio presidente, Pedro Sánchez, firmó el recurso ante el Tribunal Constitucional que calificaba de “arbitraria” esa medida al poner en peligro “la integridad física y moral” de los migrantes retornados.

Esta nueva postura —defendida públicamente por Fernando Grande-Marlaska— se resume en uno de los documentos intercambiados por “la necesidad de esperar a la resolución judicial en marcha con el fin de establecer con garantías legislativas plenas” un nuevo texto. Fuentes de Interior hablan también de “reformar la figura dentro del marco europeo y de acuerdo con otros países de la UE”. Los intentos de Unidos Podemos de incluir, al menos, una mención al Tribunal de Estrasburgo en el documento final fueron rechazados dos veces por el Ejecutivo, según se recoge en los diferentes borradores del acuerdo.

Hay otros asuntos en los que el PSOE da marcha atrás en La Moncloa: las sanciones para aquellos que graben y difundan imágenes de la policía recogidas en el artículo 36.23, que los socialistas querían eliminar —en su recurso de la ley ante el Constitucional catalogaban este punto como “censura previa”—. La ponencia del PNV que va a servir de punto de partida para el debate contempla la eliminación de este artículo que el PSOE quiere ahora solo modificar.

Interior se remite a la instrucción que difundirá en breve a las Fuerzas de Seguridad para suavizar la aplicación de este artículo de la ley —que se mantendrá—. En este documento, el ministerio admite la colisión entre esta norma y el derecho a la libertad de expresión y ordena castigar la grabación y difusión de imágenes de los agentes solo cuando su uso pueda poner “en peligro la seguridad personal” de los policías o sus familias, o hacer peligrar “el éxito de una operación”. Pide que la denuncia recoja “con el mayor detalle que sea posible” este riesgo.

Sobre este tema, en su primera propuesta a Unidos Podemos, el PSOE planteó salvaguardar únicamente “a los profesionales de los medios [de comunicación]”. Ante la insistencia del partido de Iglesias para ampliar dicha protección “a todos los ciudadanos”, los socialistas decidieron excluir cualquier referencia a las imágenes de policías en el acuerdo. Durante las conversaciones, el PSOE esgrimió la agresión sufrida en mayo por nueve guardias civiles fuera de servicio en Algeciras tras ser identificados por un grupo de supuestos narcos.

En las negociaciones para activar esas modificaciones han participado representantes de Unidos Podemos —con la diputada Ione Belarra al frente— y una delegación del Gobierno integrada por cargos de los ministerios de Hacienda y Justicia, además del diputado socialista David Serrada. El pasado 3 de octubre se celebró una primera reunión para consensuar los detalles sobre la modificación de la ley mordaza que iban a figurar en el acuerdo que Sánchez e Iglesias firmarían apenas ocho días más tarde. Se iniciaba así una negociación en la sombra en la que los dos partidos intercambiaron varios documentos sobre el alcance de la reforma de la ley y de algunos artículos del Código Penal, entre ellos el que castiga las injurias a la Corona. El PSOE utilizó durante las negociaciones un informe de Interior que fijaba las líneas rojas del Gobierno para esta reforma, según admiten fuentes parlamentarias y del departamento de Marlaska.