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España reclama un capítulo sobre Gibraltar en el acuerdo del Brexit

Sánchez y Borrell discuten este lunes los detalles con el negociador jefe de la UE

El peñón de Gibraltar.
El peñón de Gibraltar. AP

España reclama más protagonismo para el contencioso de Gibraltar en la negociación europea del Brexit. El Gobierno presiona para que el acuerdo de retirada de Reino Unido incluya un capítulo específico sobre la colonia británica. Exteriores quiere aprovechar ese momento excepcional, la salida de Londres de la UE, para lograr arreglos fiscales, medioambientales y anticontrabando —entre otros asuntos—, a los que las autoridades británicas siempre se han resistido. El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, cada vez más sensible a esta estrategia, se reúne este lunes en Madrid con el presidente Pedro Sánchez. Para propiciar el éxito de esa maniobra, España renuncia a plantear ahora el espinoso capítulo de la soberanía sobre el Peñón.

Gibraltar tiene la tercera mayor renta per cápita del mundo en una región (la punta sur de la Península) que figura entre las de mayor paro de la UE. España quiere aprovechar la coyuntura del Brexit para corregir, al menos en parte, esa anomalía. Y el Brexit favorece esa estrategia. Las directrices de negociación del divorcio que acordaron los 27 Estados que permanecerán en la UE tras la retirada británica, en marzo de 2019, dan la última palabra a España para decidir si Gibraltar se beneficia o no de las ventajas que pacten Bruselas y Londres para su relación futura. Y para el periodo de transición que se aplique hasta llegar a ese horizonte. Con esa baza, Madrid ha iniciado un proceso bilateral con Londres que acaba de concluir su sexta ronda con algún progreso, según media docena de fuentes.

El objetivo es que todas esas gestiones cristalicen en un protocolo anejo al acuerdo de retirada de Reino Unido, con medidas concretas para cada uno de los conflictos que a España le genera el peculiar estatus de Gibraltar en la UE (no forma parte de la unión aduanera, no asume las políticas agrícola y comercial ni aplica el IVA, entre otros problemas). Así lo confirman a EL PAÍS tres fuentes conocedoras de estos trabajos. En particular, al Gobierno le interesa mejorar las condiciones de los alrededor de 12.000 trabajadores transfronterizos, reducir el contrabando de tabaco, estrechar el cerco sobre los abusos fiscales (en ese territorio de poco más de 30.000 personas hay radicadas 55.000 empresas que en buena medida operan en España) y limitar los desmanes medioambientales de la colonia (entre ellos vertidos contaminantes). Y tratar de poner una pica en el aeropuerto, quizá el asunto más controvertido.

Relación más equilibrada

“Se trata de trabajar para conseguir un beneficio mutuo. Necesitamos tener una relación más equilibrada. Y en el futuro, es inevitable que Gibraltar se acerque más a España porque eso significa acercarse a la UE”, argumenta una de las fuentes consultadas. El Gobierno intenta trasladar a Bruselas que estas reclamaciones no constituyen una idea trasnochada de España, sino que el hecho de contar con una frontera exterior de la UE hacia un territorio enclavado en un país comunitario requiere supervisar esos litigios.

Principales demandas españolas

Contrabando de tabaco. Gibraltar es el mayor punto de entrada de tabaco ilegal en España. El año pasado se aprehendieron más de 600.000 cajetillas, según datos oficiales, un 158% más que en 2016. El Gobierno quiere comprometer a Reino Unido a que el precio del tabaco, muy reducido en Gibraltar, se equipare más al español para hacer menos atractivo el tráfico ilegal.

Fiscalidad. España pretende impulsar unos criterios más estrictos de domicilio fiscal que impidan radicar en el Peñón la actividad de empresas que claramente operan en España y que solo se establecen allí para evadir impuestos.

Trabajadores. El Ejecutivo considera primordial dar estabilidad a los entre 10.000 y 12.000 ciudadanos que cada día cruzan la verja desde el Campo de Gibraltar al Peñón para trabajar.

El camino no es fácil. Lo último que desea la Comisión Europea es añadir más divergencias a una negociación, la del Brexit, ya muy compleja que se juega su futuro contrarreloj, de aquí a noviembre, cuando Bruselas y Londres confían en poder pactar todo el acuerdo de divorcio y el esbozo de la relación futura. Para allanar el terreno, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha conversado en los últimos días con David Lidington, número dos de la primera ministra británica, Theresa May. También aprovechó la carta de bienvenida a su homólogo británico, Jeremy Hunt, nombrado por May el pasado julio, para exponer la posición española con un nivel de detalle que causó sorpresa en Londres, según fuentes británicas.

Borrell ha querido dejar claro en público que reclamar la soberanía sobre ese enclave no entra en sus planes. “La cuestión de la soberanía no está sobre la mesa. Solo me planteo que Gibraltar no sea el último obstáculo en el camino del acuerdo del Brexit. Me preocupa mucho más la situación en el Campo de Gibraltar que la soberanía”, respondió el ministro la semana pasada en una comisión parlamentaria cuando el diputado del PP José Ramón García Hernández le preguntó si iba a “defender a Gibraltar”.

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro Borrell se reunirán este lunes con Barnier en Madrid para hablar del Brexit. El asunto de Gibraltar será capital. Fuentes comunitarias consideran probable que el acuerdo del Brexit acabe incluyendo tres protocolos separados sobre las tres dificultades fronterizas que genera el abandono británico: Irlanda del Norte, Gibraltar y las bases británicas que alberga Chipre, país que formó parte del Imperio británico hasta 1960.

Aunque la importancia política de este gesto es enorme, sus efectos prácticos son limitados a corto plazo. España aspira a que las condiciones pactadas en ese marco se apliquen exclusivamente durante el llamado periodo transitorio, el que regirá entre el día del Brexit (30 de marzo de 2019) y el inicio del marco futuro aún por definir, que debería entrar en vigor en enero de 2021. Pese a las limitaciones iniciales, ese empeño es esencial a medio y largo plazo: España confía en que ese esquema provisional permita sentar las bases para un futuro más equilibrado con Gibraltar.

El éxito, pese a todo, no está garantizado. Reconocer que España tiene derecho de veto sobre ese asunto en el Brexit resulta sensible para Reino Unido; cualquier movimiento en falso puede arruinar el diálogo. Fuentes europeas consideran que, con el respaldo de Bruselas, a Londres le resultará más difícil resistirse a este capítulo específico anejo al documento de retirada. Por eso es tan importante para el Ejecutivo ganarse la complicidad de Barnier. La estrategia inicial española estuvo más centrada en hablar de manera bilateral con Reino Unido, sin implicar tanto a la Comisión. Bruselas, por su parte, ha estado volcada en los conflictos que genera la frontera exterior que tendrá que colocarse entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, perteneciente a Reino Unido.

Aunque España no vaya a reclamar la soberanía, su posición respecto al Peñón no ha cambiado. Las autoridades lo consideran una colonia británica, que no es parte de Reino Unido, aunque este país asuma sus relaciones exteriores.

La dificultad de pactar el uso del aeropuerto

El uso del aeropuerto de Gibraltar es uno de los elementos más complejos de la negociación entre Madrid y Londres respecto al futuro del Peñón. España quiere aprovechar la coyuntura del Brexit para lograr un uso conjunto del aeródromo, construido en 1938 por Reino Unido sobre el istmo, una parte que España considera ocupada ilegalmente porque excede lo firmado en el Tratado de Utrecht (1713). Entonces, el Reino de España cedió al británico la ciudad, el puerto y las fortalezas, pero no ese terreno en el que se asienta el aeropuerto. Este contencioso forma parte de las discusiones bilaterales, pero es uno de los que más irritan a las autoridades británicas, que temen un intento español de dar entrada a fuerzas de seguridad españolas en un territorio que consideran propio.

España aspira a ponerse de acuerdo con su todavía socio europeo para poder gestionar conjuntamente el aeropuerto. Como Reino Unido no forma parte del área de libre circulación de Schengen, España reclamaría contar, en algún punto del aeródromo, con policías o guardias civiles que supervisaran los tránsitos. Londres se niega en redondo; este aspecto casi hizo descarrilar la negociación en mayo.

Londres y Madrid ya pactaron un uso conjunto de esa infraestructura en 2006, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el proyecto fracasó. No es descartable que el eventual pacto entre Londres y Madrid en el marco del Brexit acabe excluyendo este aspecto.

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