El fiscal de Sevilla compara los centros de menores andaluces con “almacenes de niños”
Crecen las críticas de las ONG y trabajadores por la precariedad de los servicios de asistencia a niños no acompañados
La angustiosa situación en el que se encuentran los centros de atención a los menores no acompañados de Andalucía, saturados ante su llegada masiva en los últimos dos años, no disminuye y en las últimas horas ha generado críticas, acompañadas de la presentación de diferentes denuncias por parte de varias ONG ante la Fiscalía, el Defensor del Menor andaluz y la Junta de Andalucía. Los profesionales que prestan sus servicios en estas instalaciones también se encuentran desbordados y han empezado a movilizarse para dar a conocer sus quejas ante las precarias condiciones y la indefensión en las que tienen que trabajar.
El fiscal coordinador de Familia y Protección de Menores de Sevilla, Daniel Valpuesta, reconoció este lunes que la situación de desbordamiento se les "ha ido de las manos” y lamentó que, a su juicio, los centros de acogida se hayan convertido en un “almacén de niños” a los que no se les pueden ofrecer los recursos previstos para su formación. Valpuesta, en declaraciones a la agencia Efe, reconoce que hasta ahora no han prosperado ninguno de los 400 expedientes de repatriación que su departamento ha abierto este año.
La falta de recursos para atender a los menores es la base de la denuncia que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado ante la Fiscalía de Protección de Menores de Cádiz, el Defensor del Menor y la Junta de Andalucía para alertar sobre las “condiciones indignas” del trato a los jóvenes migrantes solos que están siendo acogidos en el hotel Ávila de Jerez de la Frontera (Cádiz), habilitado por el Gobierno andaluz ante la saturación de sus instalaciones y las externalizadas.
En su escrito, la APDHA señala “insuficiencia de alimentación, falta de mudas y ropa interior, sin artículos de higiene, atención sanitaria y no derivación a médico, cierre a cal y canto del lugar, con ambientes cargados y sin ventilación…”. La ONG considera que estas circunstancias “evidencian unas condiciones inadecuadas para estos menores, contrarias a los derechos que tienen reconocidos en los Convenios Internacionales sobre los Derechos del Niño” y sugieren que de estos hechos podría derivarse “responsabilidad por parte de sus autores y de las personas e instituciones que tienen encargada su guarda, custodia y tutela”.
La sobresaturación de los centros de menores, no solo redunda en un detrimento de los cuidados que reciben los menores, también están afectando a los trabajadores encargados de atenderles. Este martes, los profesionales del Hogar San Juan de Ávila de Carmona (Sevilla) se concentraban a sus puertas para denunciar las condiciones en las que tienen que realizar sus tareas. “Venimos a trabajar con miedo”, explica a EL PAÍS Toñi Jiménez, presidenta del comité de empresa. “Los chavales se escapan porque no quieren estar aquí, luego vuelven colocados, y no sabemos cómo pueden reaccionar a lo que les decimos”, señala. En plena concentración del personal del centro, aparecieron tres chavales que se habían fugado el día anterior, y que esperaron en la puerta hasta que se decició readmitirlos.
Jiménez denuncia que los centros de menores de Andalucía, y en concreto el suyo, no están diseñados para atender a la avalancha de migrantes niños no acompañados que han llegado en los últimos meses. “El hogar se proyectó para acoger a bebés y tiene habilitadas 20 plazas. Ahora tenemos a 91 chavales de entre tres y 18 años”, relata.
Las condiciones del centro en el que trabaja Jiménez también han sido denunciadas por la APDHA. La Oficina del Defensor del Menor de Andalucía admitió el lunes la queja de la asociación que califica de “caótica” la situación que se vive entre sus muros. “No es admisible que se les acoja en condiciones de sobresaturación, obligando a dormir en el suelo, con graves déficits en alimentación e higiene y encomendados a un personal injustamente tratado al impedírsele una atención profesional”, se lee en su escrito.
Desde la Junta se insiste en que están trabajando con las entidades que atienden a los menores con la premisa de que solo esta comunidad es la que está lidiando sola con los 4.650 menores que han llegado a sus costas desde enero. El Gobierno andaluz está esperando a que se materialicen las medidas extraordinarias que se adoptaron la semana pasada y que incluyen una distribución solidaria y voluntaria de los menores no acompañados entre el resto de comunidades autónomas y una dotación de 40 millones de euros para compensar a las regiones por la acogida de estos jóvenes solos.
El fiscal Valpuesta ha calificado estos fondos extraordinarios como “parche” e hizo hincapié en que, en su lugar, había que potenciar fórmulas para disuadir a los menores de que lleguen a España. Sí se manifestó a favor de otra de las propuestas de la Junta para tratar de dar solución a la crisis de los jóvenes migrantes solos: impulsar un acuerdo con Marruecos para agilizar la devolución de los menores a sus lugares de origen y con sus familias. “El objetivo del sistema de protección de menores es la reagrupación. Es más fácil lograr ese objetivo con Marruecos que con menores cuyos países tienen mayores dificultades económicas, como Eritrea, Sudán o Somalia”, aseguró.
Esta iniciativa, sin embargo, es rechazada por las ONG. Desde la APDHA, Rafel Lara, cuestiona que “Marruecos vaya a comprometerse con la entrega de los menores a sus familiares”. Por el contrario, respecto del reparto de estos jóvenes sí valoran “que haya corresponsabilidad del conjunto de las Comunidades Autónomas”.
La Fiscalía pide que se revise el sistema legal de determinación de la edad
“Aquí tenemos niños de entre tres y 18 años, más los que realmente tienen 20, porque no se han sometido al sistema de determinación de la edad o han sabido sortearlo”. Toñi Jiménez, presidenta del comité de empresa del centro de menores Hogar San Juan de Ávila, en Carmona (Sevilla), describe con estas palabras una realidad que ha provocado las críticas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: la imprecisión de las pruebas que se hacen en España para detectar la edad de los migrantes.
En su Memoria General, la Fiscalía, responsable de ordenar este tipo de exámenes si hay dudas, concluye que “el sistema legal de determinación de la edad vigente debe ser objeto de profunda revisión para adecuarlo a una realidad inmigratoria que, como ha quedado reseñado, ha desbordado todas las previsiones”. Desde el Ministerio Público se propone que el sistema actual, “fundado en la atribución del Fiscal, en la mayoría de las ocasiones en servicio de guardia, de la responsabilidad de la adopción de una medida cautelar de carácter provisionalísima, sea sustituido “por un procedimiento específico de carácter administrativo sometido a recurso judicial directo”. Con este cambio, la Fiscalía considera que se eliminarían buena parte de las incertidumbres de los afectados y se “limitaría los casos de mayores de edad declarados menores de edad que alteran la normal convivencia en los centros”.
Para la prueba se utiliza el Atlas de Greulich y Pyle, que asigna una edad cronológica aproximada según el grado de osificación de los huesos de la mano. El servicio público de Salud admite que el método está sujeto "a grandes márgenes de error" y que sería preciso tener en cuenta factores que puedan alterar el proceso madurativo, como el origen étnico o el estatus socioeconómico de una persona. En Andalucía, CEAR, el Defensor del Menor andaluz o Andalucía Acoge, siguiendo las directrices del Comité de Derechos del Niño, apuestan por realizar pruebas complementarias, como una radiografía de la mandíbula, de la clavícula y una entrevista personal y en profundidad.
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