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Marlaska exige a Torra poder hablar de los lazos amarillos en la Junta de Seguridad de Cataluña

Tenso cruce de cartas entre el ministro y el 'conseller' de Interior, que reclamó sacar el asunto de la seguridad ciudadana de la agenda por ser una competencia exclusiva

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a principios de este mes de agosto en Madrid. En vídeo, declaraciones de Xavier García Albiol, presidente del PP catalán.

La relación entre el Gobierno y la Generalitat parecía en vías de normalización después de la primera reunión en julio entre Pedro Sánchez y Joaquim Torra y la reanudación de las comisiones bilaterales, pero algo se ha torcido en las últimas horas. El nuevo punto de fricción ha llegado en una zona muy sensible. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le recuerda en una carta al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que la seguridad pública, según la Constitución, es "competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la posibilidad de la creación de policías por parte de la Comunidades autónomas". La carta también apela al artículo 38 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala las competencias que las comunidades autónomas deberán ejercer en colaboración con el Estado. Entre estas últimas está la de "vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas".

Marlaska justifica así, con la enumeración de varias leyes, su decisión de mantener en el orden del día de la Junta de Seguridad entre las dos administraciones, cuya fecha de celebración aún no se ha acordado, el punto primero: "Análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público". El ministro reivindica así el derecho de su departamento a hablar con la Generalitat de cuestiones importantes de orden público y en especial del conflicto por la retirada de lazos amarillos y símbolos independentistas que colocan algunos ciudadanos en lugares públicos para protestar por el encarcelamiento de varios políticos catalanes acusados del delito de rebelión.

Marlaska, que propuso celebrar la reunión entre el 3 y el 7 de septiembre, responde de ese modo a la carta que le remitió el conseller, donde se oponía a la inclusión de ese punto al considerar que el orden público y la convivencia "son competencias exclusivas de la Generalitat". "Agradecemos el interés que expresa esta propuesta, pero consideramos necesario remarcar que la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña son competencias exclusivas de la Generalitat y se ejercen mediante los Mossos d'Esquadra y la función de autoridad gubernativa de acuerdo con la normativa vigente", decía el conseller en su carta. Y añadía: "Es en este ámbito en el que se suscribe la utilización del espacio público y la persecución de los hechos de violencia vinculada a la libertad de expresión que se puedan producir".

La respuesta de Marlaska es un claro aviso a navegantes. En Interior sorprendió mucho el tono de la carta de Buch, en la que prácticamente venía a decir que el ministerio no tiene nada que decir sobre lo que pase en Cataluña en asuntos de seguridad ciudadana y orden público. En realidad, ni Marlaska ni el Gobierno tienen intenciones de entrar abiertamente en la cuestión de la retirada de los lazos amarillos y la polémica que genera, pero el ministro entendió que no podía dejar pasar una carta en la que se asume que ni siquiera pueden hablar de temas de seguridad pública en una junta de seguridad. En realidad, Marlaska mantiene el tono institucional y no reivindica para el Estado la competencia de seguridad ciudadana que tiene cedida la Generalitat, pero sí quiere dejar claro que no acepta que ni siquiera tenga derecho a hablar del asunto en una reunión política.

Esta escalada de tensión supone un giro, ya que precisamente ambas administraciones habían destacado la buena colaboración en situaciones recientes de máxima tensión como el ataque a una comisaría de Cornellá, en el que los agentes mataron al atacante. Todo parecía mucho más tranquilo y el propio Marlaska dijo que no se habían detectado problemas de coordinación importantes en el análisis del atentado de Las Ramblas en 2017. Pero este cruce de cartas cambia radicalmente la situación y si no se produce una gestión política para rebajar la tensión podría dar al traste con la propia convocatoria de la cita.

En la carta, el ministro, dentro del "espíritu de cooperación institucional" y el "respeto recíproco que integra nuestra forma de entender el servicio público", incluye en su misiva una serie de preceptos para recordar al conseller que las citadas competencias son del Estado. De este modo, alude al artículo 149.1.29 de la Constitución, donde dice que el Estado tiene competencia exclusiva en "seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación por las comunidades autónomas en la forma que establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica".

Incluye también el ministro otros preceptos de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para apuntalar sus argumentos. Todo ello, según Marlaska, "conduce a mantener el orden del día propuesto" por el ministro el pasado 23 de agosto, incluido el primer punto:"Análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público. Índice de Criminalidad. Apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias y Certificación de efectivos".

El ministro queda pendiente "exclusivamente" de que se fije la fecha dentro de las que se propusieron y agradece al conseller las facilidades para que se pueda llegar a un acuerdo, según se lee en la misiva.

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