IU pide al juez personarse como acusación popular en el caso de las grabaciones de Corinna

"En salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la interdicción de la arbitrariedad, la defensa del patrimonio y del erario público, la lucha contra la corrupción institucional y la erradicación de los espacios de impunidad penal". Con estas palabras, Izquierda Unida (IU) ha pedido este lunes a Diego de Egea, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que acepte su personación como acusación popular en la causa abierta por las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgesntein donde asegura que fue utilizada como testaferro por Juan Carlos I y le atribuye el cobro de comisiones.

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La coalición de izquierdas considera en su escrito que "tiene plena legitimación" para poder personarse ante la presunta comisión de delitos de "extrema gravedad que afectarían a diversas instituciones del Estado, incluida la Corona". "En la presente causa, existen elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas altamente irregulares y reiteradas en el tiempo que siendo penalmente relevantes causan a su vez un grave descrédito al funcionamiento democrático de nuestro país", añade IU en su solicitud a De Egea, que se produce después de que el juez decidiese la semana pasada investigar los audios y citase a declarar el próximo jueves al comisario jubilado José Manuel Villarejo, encarcelado y presunto autor de las grabaciones.

Según los investigadores, la supuesta confesión de Sayn-Wittgesntein, amiga del rey emérito, fue captada con un micro espía por Villarejo en una reunión en Londres en 2015. La empresaria aseguró en ese encuentro que Juan Carlos I cobró comisiones por mediar en la construcción del AVE a La Meca y que manejó cuentas en Suiza a través de su primo Álvaro de Orleans Borbón.

Las grabaciones se interceptaron en el marco de la Operación Tándem, que indaga la supuesta red de tráfico de información dirigida por Villarejo. La Fiscalía cree que el comisario, considerado el rey de las cloacas del Estado, tejió todo un entramado con el objetivo de obtener datos y documentos confidenciales para los dosieres que elaboraba por encargo a través de sus empresas privadas. Los investigadores sospechan que entre sus informadores hay policías —ya se ha detenido a varios—, empleados bancarios y un inspector de Hacienda —el juez ha pedido ayuda a la Agencia Tributaria para identificarlo—.