Las opciones del Supremo: debate jurídico sobre dos malas alternativas

La decisión de la justicia alemana de rechazar la entrega de Carles Puigdemont obliga al juez Pablo Llarena a decidir entre dos opciones y ninguna es buena, según coinciden los juristas consultados por EL PAÍS. La primera es aceptar la entrega en las condiciones acordadas por Alemania y renunciar a juzgarle por rebelión, el delito más grave que se le atribuye y el que articula toda la causa abierta contra la cúpula del procés. La segunda, dejarle libre en Alemania con la expectativa de que entre en algún momento en España y se le pueda detener o cambie de país y se reactive la euroorden con más éxito. Hay una tercera vía, por la que apuestan algunos juristas y que no descarta el Supremo, que pasa por acudir al Tribunal de Justicia de la UE, aunque si este movimiento fracasa Llarena volvería a estar como ahora.

Los expertos coinciden en que todas las alternativas tienen riesgos, pero discrepan sobre cuál es jurídicamente más correcta. “Lo más coherente con la instrucción es renunciar a la entrega si es solo por malversación”, sostiene Juan Ignacio Navas, abogado experto en derecho de la UE. “Lo contrario, juzgarle por el delito menor, premiaría al huido”, añade. En el sentido contrario reflexiona Jacobo Dopico, catedrático de derecho penal de la Carlos III de Madrid: “El premio gordo sería dejarle en Alemania y no juzgarle por ningún delito”, afirma Dopico, para quien esta decisión supondría en la práctica “un sobreseimiento total”.

En la misma línea se pronuncia el jurista Miguel Pasquau, que recuerda que en la legislación española no rige el principio de oportunidad (que sería no traer a Puigdemont porque no conviene por estrategia jurídica) sino el de legalidad (que obliga a perseguir los delitos). Tanto Pasquau como Dopico tienen serias dudas de que el instructor del Supremo esté facultado para renunciar a juzgar al expresidente catalán. “Está entrando en un juego táctico que no tiene encaje en el derecho español, que no admite el principio de oportunidad en la persecución penal”, advierte el catedrático de la Carlos III, que lanza una pregunta: “¿Puede un instructor a quien ya le han concedido la entrega de un procesado no ponerlo a disposición del Tribunal Supremo?”. En su opinión, y en la de Pasquau, no. Esta obligación de perseguir el delito sería aún más contundente en el caso de la Fiscalía, señalan ambos juristas, por lo que creen que el ministerio público debería exigir a Llarena que reclame la entrega por malversación.

Sus tesis divergen de la de Luis Arroyo, especialista en derecho penal internacional y exvicepresidente del consejo científico del Instituto Max-Planck de Derecho Penal Internacional, con sede en la ciudad alemana de Friburgo de Brisgovia, que cree que el instructor no tiene que rendirse ante el país germano. “La justicia y el Estado tienen que defender su dignidad”, advierte Arroyo, muy crítico con la resolución alemana. “Es un despropósito. Una violación del derecho europeo y del sentido común”.

Arroyo no tiene dudas de que Alemania se ha extralimitado en el papel que le correspondía. “No es que se meta ya a examinar los hechos, sino que ha examinado las intenciones. Y ha concluido que Puigdemont es un hombre bueno”, dice el jurista, que apunta un dato, en su opinión, “muy llamativo”: entre la jurisprudencia que cita el tribunal alemán hay un libro cuyo primer autor es el letrado de Puigdemont en ese país Wolfgang Schomburg.

Pasquau y Dopico consideran, sin embargo, que Alemania ha actuado correctamente. “Yo diría que ha sido impecable”, afirma el primero. “Tenían que ver si los hechos eran delito en Alemania y han considerado y argumentado que no”, añade.

Arroyo y el abogado Juan Ignacio Navas, ven en cambio argumentos para que el Supremo lleve el caso al Tribunal de Justicia de la UE con opciones de ganar. Ambos sostienen, además, que el Gobierno haría bien en presentar una queja en la Comisión Europea contra Alemania por incumplimiento de la normativa comunitaria. Arroyo, buen conocedor de ese país, advierte asimismo que a España le falla la política de comunicación. “No sabemos explicar que somos un país plenamente democrático, allí todavía nos tratan como si no lo fuéramos del todo”, afirma.