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El Gobierno avala la euroorden frente a PP y Ciudadanos

La ministra de Educación recalca que “la enseñanza concertada no está amenazada”

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la ministra de Economía, María Jesús Montero, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras.Foto: atlas | Vídeo: GTRES / ATLAS

El Gobierno no cree que la dignidad de España haya sido atacada, como sostienen dirigentes del PP y Ciudadanos, por la decisión de un tribunal alemán de no dar la razón al Tribunal Supremo sobre los delitos por los que el expresidente catalán Carles Puigdemont —fugado en Alemania— debe ser extraditado. No hay que renegar del mecanismo de la euroorden ni salirse del espacio Schengen, sostiene el Ejecutivo. Apoyándose en el auto del tribunal alemán, los abogados de los nueve líderes independentistas presos volvieron a pedir este viernes su libertad.

El silencio es la respuesta que el Gobierno quiere dar a la decisión de la Audiencia del landde Schleswig-Holstein de aceptar la extradición de Carles Puigdemont por el delito de malversación pero no por el de rebelión, negando así la petición del juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena. Esta contradicción entre ese tribunal regional alemán y el Supremo español va a ser ignorada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mucho más la petición de algunos dirigentes del PP de que España salga en consecuencia del tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas por Europa. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Isabel Celaá, mantuvo el discurso del diálogo con la Generalitat en busca de la “normalidad”. Según el Gobierno, esa vía debe transitarse al margen de los avatares judiciales, por lo que nada de lo que pase en ese terreno tendrá comentario público del Ejecutivo.

El clásico recurso al “respeto” a las resoluciones judiciales se ha instalado en La Moncloa. “El Gobierno no comparte las dudas que se han manifestado sobre la eficacia de la euroorden [el mecanismo activado para pedir la entrega de los procesados fugados]; solo podemos afirmar nuestro respeto a la misma”, señaló Celaá. Y añadió, en referencia a Schengen: “Nosotros defendemos ese tratado de libre circulación, sobre todo de personas, porque ponerlo en cuestión supone alinearse con posiciones de partidos que no compartimos”.

La portavoz aseguró además que el Gobierno no ha abordado la posibilidad de revisar en el Código Penal el delito de rebelión para que cubra expresamente acontecimientos como los vividos en Cataluña el pasado otoño, algo que sí defendió Sánchez antes de convertirse en presidente.

Petición de los presos

Las defensas de los nueve líderes independentistas que permanecen en prisión preventiva por rebelión, sedición y malversación entienden que la decisión de la Audiencia de Schleswig-Holstein refuerza los argumentos de sus clientes, y la próxima semana volverán a pedir la libertad de los políticos ante la Sala del Tribunal Supremo que los ha de enjuiciar.

Los abogados explicaron ayer que esgrimirán la decisión de la justicia alemana para alegar que, descartada la rebelión en Puigdemont, sus clientes deberían quedar libres, como sucede con el resto de procesados a los que no se les imputa este delito. Y reclamaron a la fiscalía que no se oponga a esa libertad. Andreu Van Den Eynde, abogado de los presos de ERC, sostuvo que “no hay ninguna probabilidad de que el caso acabe en condena por rebelión”, aunque admitió que el Supremo podría rechazar la euroorden y juzgar el caso por ese delito con la ausencia de Puigdemont. Las defensas negaron cualquier pacto con la fiscalía para rebajar las penas y anunciaron que llegarán hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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