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Sánchez ofrecerá a Torra desbloquear inversiones y 31 competencias

El Gobierno consideraría un éxito salir de la reunión con un segundo encuentro

El Gobierno rebaja sus expectativas sobre la reunión que mantendrán el próximo lunes Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El objetivo, una vez constatado que el soberanismo solo quiere hablar de la autodeterminación y de los presos —según el documento enviado por el Ejecutivo catalán a La Moncloa—, es que haya un segundo encuentro. El Ejecutivo estudia ofrecer un plan de inversiones y reformas, para el que se trabaja con la Declaración de Barcelona que pactaron el PSOE y el PSC en 2017. Además, revisará los 31 conflictos entre el Estado y Cataluña bloqueados en el Constitucional.

La ministra de Política territorial, Meritxell Batet, a su llegada a la comisión territorial en el Congreso. En vídeo, el Gobierno y la Generalitat acercan posiciones ante la cita entre Sánchez y Torra. FOTO: ©GTRESONLINE / VÍDEO: ATLAS

La Generalitat quiere hablar del procés y posponer todo lo demás; el Gobierno prefiere poner sobre la mesa políticas más transversales (inversión pública y la resolución de conflictos en el Constitucional) para pasar de los gestos a las primeras medidas políticas. La escasa predisposición de Torra a entrar en una negociación más allá de la autodeterminación y los presos obliga al Gobierno a trabajar en una propuesta cuyos destinatarios sean “los ciudadanos catalanes”, y no específicamente los líderes del procés. Así lo trasladan fuentes gubernamentales, que no esperan del encuentro entre ambos presidentes en Moncloa mucho más que una normalización de las relaciones.

Esa reunión sería un éxito si abre la puerta a un segundo encuentro y mantiene vivos los canales de diálogo, según las citadas fuentes. Pero el documento que envió la Generalitat a Madrid hace unos días con sus prioridades ha enfriado las expectativas: ese breve texto apenas habla de asuntos identitarios y de presos. El Ejecutivo no ha contestado oficialmente aún, pero pretende presentar al Govern una “agenda de Estado”, apuntan varias fuentes. El borrador de propuestas que prepara la ministra de Política territorial, Meritxell Batet, se trabaja entre otros documentos con el pacto político al que llegaron el PSOE y el PSC en julio de 2017: la Declaración de Barcelona.

Este texto, de apenas 10 páginas, contempla un catálogo de reformas e inversiones entre las que aparece el desarrollo de algunos aspectos del Estatut que fueron declarados inconstitucionales por cuestiones más de forma que de fondo. Entre ellas, la reforma de la Ley orgánica del poder judicial para configurar el Consejo de Justicia de Cataluña, el reconocimiento de las veguerías como entidades locales o la culminación del traspaso de las transferencias pendientes en salvamento marítimo y protección civil, entre otras.

La inversión del Estado en Cataluña es un capítulo fundamental, aunque en ese capítulo el Gobierno tiene el corsé de los Presupuestos ya aprobados. Fomento tiene un dosier que incluye las inversiones previstas y no ejecutadas para Cataluña por parte el Gobierno anterior. La Declaración de Barcelona contempla que los Presupuestos destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de Cataluña en el PIB, que ronda el 19%.

En materia de lengua y símbolos, se estudia aprobar una ley de reconocimiento de la pluralidad lingüística y anular el juicio al expresidente Lluís Companys. El Gobierno, además, revisará los 31 conflictos pendientes en el Tribunal Constitucional entre el Estado y Cataluña, según el compromiso asumido por la ministra Meritxell Batet en el Congreso.