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El Gobierno revisará los 31 conflictos en el Constitucional con Cataluña

La ministra Batet reconoce el derecho de Torra de "exponer todo lo que crea conveniente" en la reunión con Sánchez

La ministra de Política territorial, Meritxell Batet, a su llegada a la comisión territorial en el Congreso. En vídeo, sus declaraciones tras la reunión con Pedro Sánchez y Quim Torra.

El Gobierno revisará los conflictos pendientes en el Tribunal Constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas, que ascienden a un total de 56, de los cuales 31 son con Cataluña. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha avanzado esta intención del Ejecutivo en su comparecencia este miércoles a petición propia ante la comisión de política territorial del Congreso, en la que también ha reconocido el derecho del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a "exponer todo lo que crea conveniente" en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo lunes. ERC se ha dado por satisfecha en que bajo esa expresión de la ministra entiende amparado que Torra puede plantear el referéndum de independencia de Cataluña.

El Ejecutivo quiere reducir la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por cuestiones de competencia, que entiende en parte encuadradas en una "visión coercitiva" del Estado que tenía el Gobierno del PP. De esos conflictos competenciales, el Estado llevó al Tribunal Constitucional 42 impugnaciones, mientras las comunidades 14. "Consideramos que podemos iniciar una negociación con cada comunidad afectada para disminuir la conflictividad", ha explicado la ministra. 

Batet, a quien Sánchez ha encargado el complejo trabajo de encauzar el conflicto con Cataluña, ha expuesto como declaración de intenciones que la política territorial "no puede ser solo reactiva o defensiva", y a cambio "el Gobierno debe recuperar la iniciativa". La crisis en Cataluña exige una "respuesta específica", entiende la ministra, que ha ofrecido un "diálogo abierto" a la Generalitat.

En ese diálogo —"sin cortapisas" lo definió ayer la vicepresidenta del Gobierno—, la ministra de política territorial cree que es necesario que se puedan escuchar todas las propuestas del otro. Así, ha reconocido la "necesidad de respetar el derecho de cada uno de los presidentes a exponer todo aquello que consideren conveniente", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Quim Torra, que se reúnen por primera vez dentro de solo cuatro días.

Cobraban especial relieve estas palabras de la ministra porque ERC viene reclamando desde hace días al Gobierno que confirme que Sánchez y Torra pueden hablar del referéndum de independencia en Cataluña, porque así quiere plantearlo el presidente catalán en su encuentro en La Moncloa el próximo lunes. "Celebramos que el lunes próximo la reunión entre Sanchez y Torra se pueda hablar de todo, también del referéndum", se ha felicitado el portavoz de ERC, Joan Tardá. ERC había vinculado su voto al decreto de RTVE con la posibilidad de hablar del referéndum con el Gobierno, de forma que se puede deducir que el Ejecutivo suma así a los republicanos después de que estos hayan conseguido su propósito, y el decreto saldrá adelante. 

El Gobierno está dispuesto a escuchar que Quim Torra plantee el referéndum pero eso no significa que vaya a negociarlo. La ministra ha sido muy clara: "Ustedes saben que el derecho de autodeterminación no existe en nuesta Constitucion y no es pretensión de este Gobierno que exista en nuestra Constitución". El Ejecutivo ofrece diálogo "dentro del sistema constitucional y del marco democrático", y considera que el autogobierno "implica el reconocimiento de diferencias" también en el marco jurídico, que no tiene por qué ser homogéneo.

La ministra ha apostado por la recuperación de la Conferencia de Presidentes como "piedra angular del sistema de cooperación" entre Administraciones, y por eso aspira a que se reúna anualmente como mínimo. El Gobierno convocará este foro antes de fin de año, ha avanzado Batet. Al exministro de Administraciones públicas Jordi Sevilla le ha ofrecido presidir una comisión para proponer medidas para la modernización de la Administración, ha explicado en la comparecencia.