Una familia vendía psicofármacos en 100 países desde un pueblo de Granada

El envío de nuevas sustancias psicoactivas (NPS) por un valor de 12 millones de euros se realizaba desde Ogíjares, un pueblo granadino de 13.000 habitantes. Los estupefacientes los preparaba un nieto de la supuesta cerebro de la red criminal, una mujer de 65 años con conocimientos en dirección de empresas, que había dejado el control de la organización al marido de su hija, mientras esta se dedicaba al envasado y etiquetado de las drogas. Un verdadero negocio de familia, con apariencia de vida normal y sin antecedentes, que llegó a vender más de 100 tipos de estupefacientes a todo el mundo. Hasta que la policía logró desmantelar el entramado este jueves, con la detención de ocho personas—seis en Granada y dos en Valencia—, todos parientes, excepto un francés. "Todo quedaba en familia", ha explicado la Guardia Civil.

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"Habían conseguido desde Granada una amplia red de clientes con el funcionamiento de una serie de páginas web, ya clausuradas, creando un gran impacto mediático en redes sociales y foros vinculados a este tipo de mercado ilícito", ha explicado este jueves el teniente coronel Javier Rogero, jefe del Grupo de Delincuencia Organizada de la Policía.

La organización producía, elaboraba y distribuía NPS, por ejemplo anfetaminas, depresivos, cannabinoides o catinonas sintéticas. Los principios activos para estas eran adquiridas en países asiáticos—principalmente China—, pero cuando hubo un endurecimiento de las penas en estos países, la organización instaló un laboratorio en Ámsterdam. El tratamiento final del producto se realizaba en otros dos laboratorios, ubicados en Alhendín (Granada) y La Pobla de Vallbona (Valencia).

La operación, bautizada Dryer, empezó en 2015, cuando la policía alemana interceptó un paquete lleno de estas nuevas sustancias psicoactivas en Hof, en la región de Baviera. El envío procedía de un apartado de correos del pueblo granadino y, de esta forma, los investigadores detectaron más movimientos de paquetes y sobres, que se enviaban a más de 100 países distintos. Todos contenían sustancias estupefacientes camufladas y otros productos legales, como sustancias contra la humedad o aditivos para el cemento.  

4,5 millones de bitcoins bloqueados, la mayor intervención de Europa

El entramado familiar recomendaba usar la Deep Web y las criptomonedas como método de pago. Así, garantizaban el anonimato de ambas partes y dificultaban el seguimiento de las transacciones. Para convertir los beneficios en dinero efectivo, los responsables de la red criminal utilizaban un hotel en Madrid como punto de conexión. Ahí, un ciudadano pakistaní, aún objeto de una investigación, aportaba el dinero en efectivo tras la conversión en bitcoins. En total, 509 de estas criptomonedas fueron intervenidas, lo que supone unos 4,5 millones de euros, la mayor incautación de este tipo de criptomoneda en Europa y una de las mayores del mundo, según la Policía. 

No existe la misma regulación sobre las nuevas sustancias psicoactivas que sobre las drogas, según ha explicado la policía en un comunicado. Sin embargo, presentan un problema de salud pública. En 2016, causaron 64.000 muertes solo en Estados Unidos, llevando el país a declarar una emergencia de salud pública el año siguiente. La organización criminal escondía además un amplio conglomerado de empresas y sociedades en varios países, con el objetivo de blanquear los beneficios obtenidos y "dar una apariencia de legalidad a la actividad ilícita que realizaban", según detalla el comunicado de la policía.