El Congreso aprueba los Presupuestos y mantiene el dinero para Euskadi
La Cámara incorpora 32 de las 46 enmiendas del Senado, como la que aumenta ayudas a la talidomida
El Congreso ha validado el último trámite de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que el PP enmendó en el Senado después de que el PNV, que apoyó las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy, votara a favor de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. El pleno, sin embargo, ha evitado las pretensiones del PP de desviar 31 millones de las inversiones previstas en el País Vasco. La Cámara ha dado su respaldo al proyecto presupuestario, que asumió Sánchez pese a rechazarlo, y también a 32 de las 46 enmiendas del Senado, como la que aumenta las indemnizaciones a los afectados por el fármaco de la talidomida. Esta enmienda ha recibido el apoyo de todos los partidos excepto Foro Asturias y el PSOE, que ha argumentado que “no supone una solución real por carecer de dotación presupuestaria [por ser una disposición adicional]” y ha adquirido el compromiso de afrontar el problema desde el Gobierno.
Con las presencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del ex responsable de la cartera Cristóbal Montoro y de representantes de asociaciones de afectados por este fármaco que causó miles de nacimientos con anomalías congénitas, los grupos han vuelto a fijar las posiciones que ya defendieron en el Congreso el 23 de mayo, cuando los Presupuestos recibieron el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Con la salvedad de que el PSOE, por su compromiso con el PNV, ha positivado su discurso para rechazar todas las enmiendas, mientras que PP y Ciudadanos se lo han reprochado.
Las 46 enmiendas que ha votado el pleno fueron aprobadas en el Senado con la abstención del PSOE y de Coalición Canaria y el rechazo de la mayoría de partidos en la oposición (Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu). Los cambios introducidos en el Senado, donde los populares tienen la mayoría, suponían en principio una rebaja de inversiones de 35 millones en el País Vasco, de los 540 millones logrados por el PNV en la negociación política en el Congreso, aunque finalmente quedaron en 31.
Las modificaciones totales del Senado suponían alteraciones por unos 175 millones de euros, muchos de ellos reorientados principalmente a infraestructuras en Aragón. en el caso del País Vasco, la enmienda que mayor recorte suponía era la de 26,6 millones de euros que estaban asociados al Servicio Vasco de Empleo y que el PP quería desviar a financiar programas de mejora de transporte público en zonas despobladas, mediante convenios con comunidades autónomas. Sin embargo, tanto esta enmienda como la que le quitaba cinco millones al Biscay Marine Energy Platform (BIMEP) han sido rechazadas por la mayoría de los grupos. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha celebrado que las inversiones que su formación pactó con el PP para el País Vasco hayan quedado finalmente "intactas".
Los Presupuestos que salieron del Congreso contemplaban una partida para los afectados por la talidomida de 20 millones. La enmienda del PP propone aumentar cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad en los afectados reconocida por los organismos competentes en 12.000 euros. Además, compatibilizaba la ayuda con cualquier pensión pública. Tras la aprobación definitiva, los Presupuestos serán publicados el BOE y el Gobierno pordrá empezar a aplicar unas cuentas que tendrán una vigencia de seis meses.
El pleno, tras el debate presupuestario, ha elegido a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, como su representante en la Comisión de Gastos Reservados, el órgano con acceso a los secretos de Estado y que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lasta ha superado el respaldo de exigido de tres quintos de la Cámara (210 diputados) en una votación secreta mediante papeleta en urna.
Antes de las votaciones, el pleno del Congreso realizado una declaración institucional en la que expresa su rechazo y "profunda condena" a las declaraciones del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, quien propuso realizar un censo de gitanos para su expulsión y lamentó que no pueda expulsar a los que son italianos. "Declaraciones de este tipo nos retrotraen a los periodos más oscuros del continente europeo", subraya la declaración.
Abrazos y alegría contenida entre los afectados de la talidomida
A media mañana las escaleras del Congreso se llenaban de abrazos de los miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), varios de ellos en sillas de ruedas, muchos con deformaciones en las manos. Celebraban la aprobación de la enmienda a los Presupuestos Generales presentada por el PP, que proponía aumentar cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad en 12.000 euros. La alegría, eso sí, era contenida: el PSOE no apoyó, la iniciativa, argumentando que no es una solución real porque carece de dotación presupuestaria. Prometió, eso sí, afrontar el problema desde el Gobierno.
La indemnización aprobada este jueves, recuerdan los afectados, es menor que la que parecía que conseguirían hace un lustro (20.000 euros por punto porcentual de discapacidad). Pero un año después, la Audiencia de Madrid anuló la sentencia al considerar que los delitos habían prescrito, y desde entonces su paso por tribunales ha ido minando las fuerzas de la asociación. El último varapalo llegó el año pasado, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó una demanda de los afectados.
Los miembros de Avite, que reúne a unas 300 personas, están contentos de oír que a la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, "no le va a temblar el pulso ante ningún lobby farmacéutico". El Gobierno prometió el miércoles, cuando dejó entrever que no apoyaría esta enmienda a los presupuestos, un proyecto de ley urgente y un "diálogo" con el laboratorio Grünenthal y con las empresas distribuidoras para abordar su "posible responsabilidad económica". Los afectados estudian ahora cómo presionar a la farmacéutica para que les compense. "No se entiende que esto lo paguen los ciudadanos y ellos se vayan de rositas", señala José Riquelme, presidente de Avite. Lo ideal, reconocen, sería conseguir una pensión vitalicia, como sucede en Alemania, como reconocimiento a un drama que se arrastra desde la década de los 60.
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