La Manada no podrá acercarse a la víctima de Pozoblanco
La juez que instruye el caso de abuso sexuales contra cuatro de los condenados dicta orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de contactar con ella
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pozoblanco ha dictado esta mañana un auto de alejamiento contra cuatro de los integrantes de La Manada a los que investiga por un posible delito de abusos sexuales contra una joven de 21 años de esa localidad cordobesa. Las medidas cautelares prohíben a los condenados por el caso de Pamplona a acercarse a 500 metros de donde se encuentre la víctima y a establecer cualquier tipo de comunicación con ella, ni directamente ni a través de terceros, aún cuando esta accediera a hablar con ellos, según ha confirmado a este diario fuentes judiciales y la defensa de los miembros de La Manada.
Con esta decisión se persigue preservar la seguridad de la joven cordobesa tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de aprobar la salida de prisión de los miembros de La Manada. Desde este fin de semana, sus integrantes han regresado a sus viviendas en Sevilla -a 220 Km de Pozoblanco- y pueden desplazarse libremente por toda España a excepción de la Comunidad de Madrid, donde reside la victima de la agresión de Pamplona, una de las condiciones para mantener su libertad. La medida llega un día después de que los condenados acudieran a firmar a los juzgados de la capital andaluza, algo que deberán repetir de manera regular.
José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero están siendo investigados por un supuesto delito de abusos sexuales contra una mujer de 21 años en Pozoblanco. Los hechos tuvieron lugar dos meses antes que los de Pamplona y salieron a relucir precisamente durante la instrucción de ese caso, cuando el juez que lo instruía alertó de un vídeo en los teléfonos de La Manada donde se apreciaban indicios de abusos sexuales contra la joven cordobesa.
La instrucción de los sucesos de Pozoblanco comenzó en octubre de 2016. La semana pasada, la juez que investiga el caso prorrogó la causa, que ya había declarado “compleja” meses antes. A lo largo de estos 20 meses, la víctima ha declarado hasta en tres ocasiones y los miembros de La Manada implicados han comparecido a través de videoconferencia desde las prisiones en las que estaban confinados por el caso de Pamplona.
La decisión de poner en libertad a La Manada mientras se está instruyendo una causa por hechos similares en Pozoblanco ha levantado la indignación de juristas y grupos feministas. El auto de libertad bajo fianza dictado la semana pasada no tiene en cuenta el procedimiento que se instruye contra La Manada en el municipio cordobés. Al respecto, y en referencia a la posibilidad de reiteración delictiva derivada de lo sucedido en esa localidad, se señala que se trata de hechos “que aún continúan en fase de investigación por razones que se desconocen y que ninguna de las acusaciones ha podido esclarecer”.
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