El Constitucional revisará un accidentado salto paracaidista

Cuando todo parecía perdido, el Tribunal Constitucional ha devuelto la esperanza a la familia de Alejandro Clemente, un soldado que el 14 de febrero de 2007, cuando solo tenía 22 años, quedó tetrapléjico al saltar en paracaídas durante unas maniobras. 

El Tribunal Militar Territorial Primero y la Sala de lo Militar del Supremo atribuyeron el accidente a la "mala suerte" y absolvieron de imprudencia temeraria al sargento (ahora oficial) que autorizó el lanzamiento; a pesar de que el primer salto tuvo que suspenderse por el fuerte viento, el avión realizó dos pasadas fallidas al no divisar correctamente la zona y todos los paracaidistas cayeron fuera del lugar señalizado y resultaron heridos. Clemente el más grave de todos ellos.

La absolución del mando supuso que el tribunal ni siquiera entrase a considerar la responsabilidad civil del Ministerio de Defensa, que el soldado no haya sido indemnizado y que su familia deba afrontar los gastos derivados de su estado (no puede hablar ni mover las extremidades, se alimenta con una sonda y usa pañales) con la misma pensión que si hubiese sufrido un accidente de tráfico camino del cuartel.

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En una decisión que tiene escasos precedentes, el Constitucional ha admitido el recurso alegando que este “plantea un problema que afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”. El recurso se basa en el voto discrepante de dos de los cinco magistrados de la Sala del Supremo que confirmó la absolución del entonces sargento. Estos jueces mostraron su “sorpresa” ante el hecho de que se perdiera la hoja de cálculo empleada para decidir el lanzamiento, así como el casco, la mochila y el paracaídas del soldado Clemente, o que se borraran los datos de la caja negra del avión, "y que la sentencia simplemente lamente este hecho, pero sin extraer ninguna consecuencia al respecto”.

Además, ambos magistrados acusan al tribunal castrense de haber ido "más allá de lo permitido" al desobecer al Tribunal Supremo, quien le ordenó que se repitiera el primer juicio sobre este caso, no que se permitiera, como finalmente se hizo, la presentación de nuevas conclusiones provisionales, conculcando el derecho a un proceso debido, a la tutela judicial efectiva y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.