Los retos, ministerio a ministerio, de un Gobierno que mete el feminismo en la agenda

Los dos objetivos prioritarios para el nuevo ministro de Exteriores, José Borrell, le son muy conocidos y guardan relación: el futuro de la Unión Europea y de Gibraltar tras el Brexit. En la carpeta de urgentes está la negociación del presupuesto general de la UE para los próximos siete años y donde España se juega miles de millones de euros, que debería aclararse algo en la cumbre de los días 28 y 29 de junio en Bruselas. Pero el tema más sensible, ahora mismo, es Gibraltar, porque el anterior equipo de Exteriores estaba en un momento determinante para encontrar una salida bilateral con el Reino Unido.

En política internacional, de aquí a finales de año, hay cinco citas obligadas que Borrell deberá preparar para la asistencia del presidente Pedro Sánchez: la de la UE; la de la OTAN también en Bruselas los días 11 y 12 de julio; la asamblea anual de la ONU el 25 de septiembre en Nueva York; la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Antigua (Guatemala) entre el 15 y 16 de noviembre y la reunión del G-20 este año el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Buenos Aires. En algunas de esas reuniones Sánchez se verá con Donald Trump. / JAVIER CASQUEIRO

El cambio de Gobierno llega en medio de una negociación trascendental sobre los fondos de la próxima Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027. El contexto está lejos de ser propicio para los agricultores. El Brexit pondrá fin a la jugosa aportación británica, Donald Trump sigue empeñado en que sus aliados contribuyan más al esfuerzo global en Defensa, y el nuevo Ejecutivo italiano ha avisado de que no va a asumir en solitario la carga de nuevas oleadas migratorias.

Eso se ha traducido en más dinero comunitario para seguridad y migración. Pierde agricultura. España —que es el segundo mayor receptor de fondos, tras Francia— afronta un recorte de las ayudas agrícolas del 5,4%, y puede ser mayor. Un revés de más de 2.500 millones.

Luis Planas, el ministro de Agricultura, tiene deberes también en casa. Debe cerrar el pacto del agua. Regular las ventas a pérdidas. Y, sobre todo, acometer un plan de reordenación del sector agrario para dar respuestas al desafío del cambio climático. Aunque buena parte de su labor se concentrará, al menos en los próximos meses, en Bruselas: la Comisión Europea es partidaria de una reducción de la factura de la PAC. El comisario del ramo, Phil Hogan, ha dejado entrever que el único modo de detener la caída de las subvenciones es que los socios europeos aumenten sus aportaciones al presupuesto comunitario. De lo contrario, habrá que hacer más con menos, una ecuación que algunas cancillerías no ven nada clara. El titular de Agricultura francés, Stéphane Travert, afirmó este martes en una reunión informal de ministros en Sofía que los fondos agrícolas son una red de seguridad para el campo, y admitió que su país está en plena búsqueda de aliados para tratar de impedir los retoques a la baja. / CLAUDI PÉREZ / ÁLVARO SÁNCHEZ, Bruselas

El cambio de Gobierno se produce en plenas movilizaciones de jueces y fiscales por la pasividad del anterior Ejecutivo ante las reivindicaciones que llevaban años planteándoles. La nueva ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado, ha apoyado esas reivindicaciones, a las que ahora tendrá que dar respuesta.

Los retos del Gobierno en materia judicial tienen tres patas: un pacto de Estado, medidas para mejorar la eficacia de la Administración de Justicia y medidas para acabar con la imagen de politización de la justicia extendida en la opinión pública.

La primera, el pacto de Estado, se antoja difícil ante la fragmentación del Parlamento y por el previsible rechazo de PP y Ciudadanos a llegar a acuerdos con el PSOE tras la moción de censura. Respecto a las mejoras de la Administración, las asociaciones profesionales creen que sí se pueden hacer cosas, como la conexión digital entre los juzgados de las comunidades autónomas.

Los jueces presionarán también para que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que deben ser jueces sean elegidos por los miembros de la carrera y no por el Parlamento./ R. RINCÓN

Los retos inmediatos en Defensa empiezan por fijar y aprobar en Consejo de Ministros el anunciado y ambicioso nuevo ciclo inversor, con siete programas de compras de material muy precisos, y sobre todo afrontar la renovación y rejuvenecimiento del personal militar, con el despido de casi 21.000 personas mayores de 45 años en la próxima década. Las inversiones anunciadas ascenderían a unos 10.800 millones de euros para los próximos 15 años y se centrarían en los nuevos vehículos de combate sobre ruedas 8x8 (VCR8x8); contratar las cinco fragatas F-110 y el nuevo submarino S-80 (que tenían que haberse aprobado ya); encarar la sustitución de los cazas F-18; la modernización de los helicópteros Chinook; el segundo lote de helicópteros NH90, la actualización del sistema de defensa aérea y del avión de abastecimiento MRTT.

Margarita Robles acudirá el 11 y 12 de julio en Bruselas a la cumbre de la OTAN, en la que estará Donald Trump, y en la que se volverá a abordar la exigencia de Estados Unidos al resto de los miembros de acercarse en inversión militar al 2% del PIB en 2024, algo que España está lejos de cumplir. / J.C.

La primera tarea que se encontrará la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será decidir cómo financia el incremento de las pensiones que el PP comprometió en los Presupuestos de 2018 (el 1,5% este año y del 1,6% el próximo). Su antecesor, Cristóbal Montoro, había anunciado un impuesto sobre las operaciones de las grandes tecnológicas como Facebook, Google, Apple o Amazon para recaudar unos 600 millones de euros este año y otros 1.500 millones en 2019. Pero no existe ni siquiera un borrador del nuevo impuesto.

La ministra tendrá que darse prisa para aprobar el techo de gasto antes de finales de junio, según el compromiso de España con la Comisión Europea. Esta cifra será el pistoletazo de salida para los próximos Presupuestos, que Montero tendrá que preparar tras el verano.

Otro de los asuntos urgentes es la reforma de la financiación autonómica. La ministra tendrá que impulsar la negociación. Aunque se asume que cerrar un acuerdo es prácticamente imposible, por la compleja aritmética parlamentaria y la situación de Cataluña, sí se espera que se vayan concretando algunos puntos de acuerdo. / J. S. GONZÁLEZ

Fernando Grande-Marlaska tendrá dos misiones fundamentales a su llegada. Una primera, tranquilizar a sus huestes: los 143.000 policías y guardias civiles esperan que mantenga —y, sobre todo, que haga efectivo— el compromiso de equiparación salarial adquirido por su predecesor y presupuestado. No podrá demorarse demasiado en atender la emergencia migratoria. El buen tiempo del verano anima la llegada de pateras y genera situaciones complicadas en instalaciones como los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los de menores inmigrantes, más que saturados. Ni tampoco podrá eludir el auge del narcotráfico que ha convertido los municipios del Campo de Gibraltar en una suerte de “narcociudades”.

La situación en Cataluña, con el refuerzo policial en esa comunidad puesto en marcha por el Gobierno anterior, será otra de las patatas calientes a tratar, ahora con máximo cuidado, dado el frágil acuerdo de los socios catalanes con los que Pedro Sánchez ha logrado echar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Y la persistente amenaza terrorista del yihadismo es cuestión obligada, unida a las relaciones con los países del Sahel. /  P. ORTEGA DOLZ

José Luis Ábalos va a tener muchas tareas al frente del Ministerio de Fomento, el departamento inversor por excelencia. Nada más llegar, tendrá que decidir si mantiene el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que presentó Mariano Rajoy y que tiene una dotación de 5.000 millones de euros.

En materia de autopistas tiene que relicitar las nueve autopistas de peaje rescatadas y negociar con las concesionarias para decidir la compensación del Estado (las empresas quieren 4.000 millones). También debe decidir qué se va a hacer con las concesiones de peaje que vencen entre este año y 2019.

En ferrocarriles, tendrá que gestionar la inversión de 3.000 millones prevista para ampliar el AVE, con especial atención al corredor mediterráneo. Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 que puede elevarse a 3.000 millones.

El ministro deberá elegir a los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado y Aena. En este último, el responsable tendrá que ratificar o modificar el ambicioso plan 2018-2021 que presentó su antecesor hace un mes./ RAMÓN MUÑOZ

A Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, la oposición le exigirá recuperar la inversión que pedía el PSOE —5% del PIB en 2025— cuando se levantó de la mesa de negociación del Pacto de Estado educativo. Los Presupuestos que el PSOE asumió para lograr la moción de censura de Pedro Sánchez le dejan poco margen de maniobra a corto plazo. Los sindicatos CC OO y UGT reclaman algún guiño que permita al menos destinar partidas como los 1.400 millones para ayudas fiscales en educación a becas al estudio. Esperan además que derogue el real decreto con el que el PP amplió la ratio de alumnos por aula y aumentó las horas lectivas y que supuso la salida de 30.000 profesores del sistema, según UGT.

La comunidad educativa anhela que vuelva el diálogo y que este conduzca a un pacto que culmine con la derogación de la LOMCE. La ley incluye asuntos espinosos que avaló el Constitucional, como la asignatura de religión evaluable, los itinerarios educativos y la segregación por sexo en la concertada./ GLORIA RODRÍGUEZ-PINA

Tres son los retos que afronta la nueva titular de Trabajo, Magdalena Valerio: pensiones, precariedad y políticas activas. La primera prioridad pasa por resolver la precaria situación financiera de la Seguridad Social, cuyo pago está garantizado, pero también su déficit, casi 19.000 millones en 2016 y 2017.

Para cerrarlo tendrá que buscar el consenso del Pacto de Toledo donde deberá abordar los cambios en la revalorización de las pensiones y el factor del sostenibilidad que tanto ha reivindicado el PSOE desde la oposición.

La lucha contra la precariedad sin afectar al alto ritmo de creación de empleo actual también será un objetivo prioritario a tenor de las propuestas socialistas: corregir la temporalidad y la debilidad de los salarios es uno de los retos. Falta saber si Valerio conseguirá reunir los apoyos necesarios en el Congreso para elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores o para hacer cambios parciales en la reforma laboral. Reformar las políticas activas y los servicios públicos de empleo para que sean eficaces en la lucha contra el paro, y no solo a la hora de pagar prestaciones, es una reclamación constante de Bruselas. / MANUEL V. GÓMEZ

Con Reyes Maroto vuelve a tener ministerio propio un sector, la industria, que es clave para una economía robusta, pero que en España ha perdido peso ante la pujanza de los servicios. Una de sus patas más importantes es la automovilística, que emplea a unos 300.000 trabajadores y que se encuentra en el inicio de un proceso de cambio total, con el horizonte de la electrificación o el vehículo autónomo. Además, la ministra deberá pilotar desde mediados de julio la subasta de la banda de frecuencias 3,6-3,8 gigahercios (GHz), sobre la que se desarrollará la nueva generación de telefonía móvil 5G.

En su cartera tendrá también turismo, que representa el 11% del PIB y un porcentaje similar de empleo. España es líder mundial en competitividad en turismo y es el segundo destino preferido del mundo, con 82 millones de visitantes en 2017. En el otro lado, problemas de masificación y turismofobia en algunos puntos. En comercio tendrá que lidiar con la emergencia del comercio electrónico y sus efectos sobre el tradicional, así como mantener el impulso internacionalizador para mejorar las exportaciones. / JAVIER SALVATIERRA

Además de mirar todas las acciones de Gobierno con las gafas violeta, el Ejecutivo con más mujeres de Europa (y previsiblemente del mundo) tiene como primer reto la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2001, según datos recopilados por este periódico desde antes incluso que existieran estadísticas oficiales. El PSOE impulsó una moción para que los primeros 200 millones del pacto aparecieran en los presupuestos. Ahora tienen que conseguir aprobar las cuentas —o buscar un mecanismo alternativo— para garantizar la financiación que debe ir, en gran parte, a comunidades y Ayuntamientos.

Otra de las grandes asignaturas pendientes es la brecha salarial. Las mujeres ganan un 12,7% menos por hora que los hombres en tareas similares, según un estudio reciente de Fedea. El nuevo Gobierno se compromete a impulsar una ley de igualdad salarial, una propuesta en la que ya habían avanzado en el Congreso tanto el PSOE como Podemos.

Los colectivos feministas han recibido con gran expectación al nuevo Ejecutivo, nombrado por un partido que tiene mayoría de voto femenino y que ha sabido leer las claves de una movilización sin precedentes como la del 8 de Marzo. Estos colectivos reclaman también que la educación en igualdad llegue a las aulas —algo que ya preveía la Ley de Igualdad de 2007—, revisar el acoso en la universidad, la brecha de género en las pensiones o cambios en la Ley de Dependencia. / PILAR ÁLVAREZ

A Meritxell Batet le espera una labor ingente al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública: el enlace del Gobierno con las comunidades autónomas. La crisis catalana ha dinamitado las relaciones entre el Estado y la Generalitat los últimos años, pero ello ha tenido un efecto rebote en otras autonomías, que también vieron paralizados traspasos previstos en sus estatutos y recurridas muchas leyes.

El Gobierno no quiere precipitar el encuentro con el presidente catalán a la espera de los primeros pasos que haga Quim Torra. Se tendrán que volver a poner en marcha las comisiones bilaterales Estado-Generalitat, que no se reúnen desde 2011.

Cataluña tiene 16 leyes recurridas o anuladas por el Tribunal Constitucional que quiere recuperar. La Comunidad Valenciana aspira a desactivar la amenaza de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto de plurilingüismo. En el País Vasco también están judicializadas leyes como la del fracking o la de vivienda. Andalucía tiene también problemas con recursos pendientes, pero sus demandas se extienden a cuestiones de seguridad, como la inmigración irregular. / MIQUEL NOGUER, Barcelona

¿Se puede diseñar el futuro energético de España para la próxima década en los dos años escasos que quedan de legislatura? Y, ¿se puede hacer con solo 84 de los 350 diputados del Congreso? Conseguirlo es, sin duda, el gran reto de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que tendrá que trazar imprescindibles alianzas en el Congreso. España debe contar con una ley de cambio climático. Porque el país no está en la senda de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década y, por lo tanto, incumplirá sus compromisos con la UE y el Acuerdo de París. Contar con esa ley —para descarbonizar la economía y trazar una ruta a largo plazo que dote al sistema energético de seguridad jurídica— es una reivindicación de los ecologistas y las grandes empresas, que reclaman certidumbre para sus inversiones.

En lo concreto, deberá decidir si fija un calendario de cierre del carbón, si se permite que las nucleares sigan operando más allá de los 40 años, si se descarta definitivamente el cementerio nuclear de Cuenca, si se elimina el impuesto al sol... E intentar buscar el consenso para los cambios legales. / MANUEL PLANELLES

La labor de la titular de Economía, Nadia Calviño, dando la cara en Bruselas no será fácil. Los Presupuestos de Rajoy pueden dejar el déficit en el entorno del 2,7% del PIB, lejos del 2,2% comprometido. Este año la Comisión podría conformarse con que baje del 3%. Pero España tendrá que ajustar unos 7.000 millones el que viene. Y ello con solo 84 diputados. Si se revisan las pensiones, la reforma laboral o la financiación autonómica, tendrá que calibrar bien los efectos de estas medidas en las cuentas y en el empleo. En todo ello Calviño deberá demostrar que tiene el peso político para imponer su criterio.

Pilotará el proceso de privatización de Bankia para que genere las menores pérdidas al contribuyente. Y tiene pendiente aprobar la ley hipotecaria y la reforma de los supervisores. También debería preparar a la economía ante una subida de tipos. Y fomentar reformas que eleven el crecimiento, mejorando la competencia, la formación o el capital tecnológico. Si se repite la incertidumbre, será la imagen ante los mercados. Y para proteger a España, debería cerrar este mes un acuerdo que avance en la integración de la zona euro./ ANTONIO MAQUEDA

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tiene un amplio campo de actuación. Durante sus dos años de consejera en Valencia ha mostrado sus líneas de acción, y muchas son aplicables al país.

Una de especial relevancia es la atención a la dependencia. El Observatorio de la Dependencia indica que hay casi un millón de atendidos y 360.000 en la lista de espera.

Montón insistió en su toma de posesión en volver a una sanidad universal, que incluya a los extranjeros en situación irregular y a todos los españoles. Según los datos del padrón, en España hay más de 500.000 personas sin tarjeta sanitaria. En Valencia, Montón ya ha revertido esta situación. También ha eliminado el copago farmacéutico de los jubilados.

Además, Sanidad enfrenta problemas endémicos: las asociaciones de pacientes y profesionales critican la falta de equidad en las prestaciones, y, ligado a esto, la de transparencia. Hay que recuperar la inversión y el personal perdido (4.000 millones y 10.000 contratados desde 2009). Y hay campos (salud mental, salud pública) en los que hay que revisar las estrategias nacionales. / EMILIO DE BENITO

La ciencia en España atraviesa una tormenta perfecta. El país ha recortado su inversión en I+D+i un 9,1% entre 2009 y 2016, mientras en el mismo periodo la UE lo ha incrementado un 27,4%. Al mismo tiempo, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso un conjunto de restricciones burocráticas que paralizan la actividad en los organismos públicos de investigación.

Pedro Duque, el nuevo ministro de esta área, afronta el reto de revertir la tendencia en la financiación. Además, deberá intentar eliminar las normativas que impiden contratar a científicos en plazos razonables, gastar fondos de proyectos europeos o realizar compras de material con la agilidad necesaria, lo que reduce la competitividad. Especialmente importante es garantizar el futuro de la Agencia Estatal de Investigación, que acumula meses de retraso en la concesión de los principales programas de investigación nacionales, y dotarla de verdadera independencia. Con la creación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se da el primer paso en este sentido./ NUÑO DOMÍNGUEZ

En su toma de posesión de ayer, Màxim Huerta advirtió a quienes le pedían cita: “El lunes, a partir del lunes hablamos”. Se había reunido unos minutos con Íñigo Méndez de Vigo, titular saliente de Educación y Cultura, y con Fernando Benzo, secretario de Estado de Cultura. Entre las urgencias le debieron comentar dos prioridades museísticas. La primera, cerrar un acuerdo para que la colección de Ella Fontanals-Cisneros —3.200 cuadros de arte latinoamericano destinados a la Tabacalera de Lavapiés— quede en Madrid. La segunda, convencer a Carmen Thyssen para que los más de 1.000 cuadros que le pertenecen queden en el museo.

Tampoco habrán olvidado al Prado, que reclama una inyección económica y de moral para su nueva reforma con el salón de reinos y los fastos del centenario. No se les habrá pasado por alto los problemas del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que han vivido una época de recortes continuos en los últimos cuatro años. Una auténtica soga al cuello que ha dado al traste con giras internacionales de sus compañías de danza, teatro o la Orquesta Nacional. Y, por supuesto, el IVA de los espectáculos. / J. RUIZ MANTILLA

Las demandas del sector deportivo giran en torno al eterno modelo de financiación, dando por sentada la obligación del Estado de financiar a las federaciones, factorías de las que nacen los deportistas que ganan medallas, objetivo último, porque los campeones españoles son uno de los grades activos de la llamada marca España. Sin embargo, quizás el principal reto del deporte español sea el de definir en qué consiste exactamente el valor social del deporte. A partir de ahí se justifica la necesidad de una nueva Ley del Deporte (la actual data de 1990) que aborde y regule las deficiencias nacidas de los problemas que se aprecian: la integración e igualdad de la mujer, la integración de todos los deportistas que viven del deporte en el régimen general de la Seguridad Social, el espacio exacto que deben ocupar las federaciones (entes privados de derecho público y dependientes de subvenciones públicas actualmente), su función y su control./ CARLOS ARRIBAS