Desarticulada una banda de estafadores que alquilaban pisos embargados y de fallecidos

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de siete personas que aprovechaba los embargos de los bancos o el fallecimiento de un propietario extranjero para apropiarse de los apartamentos de varios edificios y alquilárselos a familias con pocos recursos. Los delincuentes se apropiaron de varios estudios de pequeñas dimensiones situados en tres edificios del turístico barrio de Cala Major de Palma y estafaron más de 200.000 euros en ocho años mediante alquileres ilegales a familias de pocos recursos. Uno de los arrestados ha quedado en libertad tras prestar declaración en la sede policial mientras que los otros seis fueron puestos en libertad tras declarar en el juzgado. Los miembros del grupo están acusados de presuntos delitos de estafa, fraude procesal, coacciones, desobediencia a la autoridad y alzamiento de bienes.

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Los hechos arrancaron en 2010 cuando el cabecilla del grupo advirtió que varios pisos de un edificio del que había sido presidente de comunidad estaban vacíos. Las viviendas habían sido embargadas por diferentes entidades bancarias, que no gestionaron los pisos porque se encontraban en malas condiciones. En el mismo bloque, el principal acusado detectó también la existencia de apartamentos que permanecían abandonados después del fallecimiento de los propietarios, en su mayoría ciudadanos extranjeros que los habían adquirido en los años 80 como residencia de veraneo y cuyos herederos no habían realizado gestiones para recuperarlos.

El líder de la organización decidió hacerse con los pisos de forma ilegal y comenzó a realizar reformas en algunos de los apartamentos con el objetivo de alquilarlos a personas y familias de escasos recursos. En su mayoría se trataba de estudios de 25 metros cuadrados de mala calidad concebidos inicialmente como apartamentos para estancias vacacionales cortas. La organización realquilaba las viviendas a familias de hasta seis miembros, que se hacinaban en el lugar por la imposibilidad de acceder a otro tipo de inmueble.

Los miembros de la trama —la esposa y el hijo del cabecilla, tres personas que se dedicaban al cobro de las rentas y un abogado— no dudaban en amenazar a los inquilinos que se retrasaban o no pagaban el alquiler. Los detenidos habían montado un cuarto de contadores en el sótano de uno de los edificios desde el que distribuían la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurrían por los pasillos e incluso por el interior de alguno de los pisos. Así podían cortar la luz de las viviendas de forma individual para presionar a sus víctimas. La banda incluso llegó a dejar sin luz a una mujer y su hija de siete años.

Procedimientos judiciales

Las amenazas y coacciones para cobrar los alquileres no se quedaron ahí. Los arrestados llegaron a presentar demandas contra los inquilinos por el impago de los arrendamientos. Según los investigadores, trataron de engañar a las autoridades judiciales haciéndoles creer que los alquileres eran legales para que se ordenara el desahucio de sus habitantes y así poder seguir estafando a otras familias. En uno de los procedimientos, uno de los inquilinos acudió al Registro de la Propiedad ante las sospechas de irregularidades y descubrió que el apartamento estaba a nombre de otras personas. El juzgado acordó precintar el apartamento, pero los miembros de la organización rompieron el precinto y realquilaron la vivienda a una familia extranjera. Los nuevos inquilinos fueron sorprendidos por la Policía Nacional, que acudió al domicilio tras descubrir el engaño.

A pesar de que los miembros del grupo obtuvieron más de 200.000 euros con los alquileres ilegales —los investigadores sospechan que esa cantidad puede incrementarse ya que el hijo del cabecilla acumula el patrimonio de cuatro viviendas y varios locales comerciales en Palma— también intentaron hacerse con la titularidad de algunos de los inmuebles de forma ilícita. Para ello demandaron por el supuesto impago de reformas a los propietarios fallecidos de algunas de las viviendas. Alegaban que los dueños habían dado el visto bueno a las obras y que después no las habían abonado. La operación continúa abierta y la Policía Nacional trata de contabilizar el número total de víctimas de la trama.