A por las competencias exclusivas del Estado

Más competencias para la nueva nación vasca. El debate sobre el nuevo Estatuto vasco afronta a partir de esta semana el nuevo perímetro competencial. Las polémicas propuestas sobre el derecho a decidir, la nacionalización de los vascos, y la confederación como manera de reorganizar las relaciones territoriales en España van a dejar paso a la definición del nuevo techo competencial y a la participación ciudadana. La propuesta del PNV en esta fase -a los textos anteriores solo se ha sumado la izquierda abertzale-, pasa por exigir el cumplimiento íntegro del Estatuto, recuperar las competencias perdidas a través de la “legislación orgánica, la legislación básica y la doctrina restrictiva del Tribunal Constitucional”, pero, además, plantea una reforma constitucional para incorporar al texto vasco algunas competencias exclusivas que el artículo 149 de la Carta Magna atribuye al Estado como, por ejemplo, la titularidad y el control de las infraestructuras en su territorio como las aeroportuarias, ferroviarias y portuarias, entre otras. Los nacionalistas empiezan a ponerle deberes al nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

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“Es cierto que esta es una fase de propuestas pero el preámbulo y el título preliminar anteponen los temas identitarios a los sociales y lo convierten en un texto sin recorrido alguno en el Congreso de los Diputados", advierte el portavoz parlamentario de su socio de Gobierno en Euskadi, y ahora prioritario también del de España, el socialista José Antonio Pastor.

El PNV distingue entre tres bloques de materias exclusivas del “nuevo sujeto jurídico político” en el que se convertirá esa Euskadi de ciudadanos y nacionalizados. En el primer bloque incluyen “materias que expresan con especial intensidad la preservación del hecho diferencial e identitario vasco” como lengua y cultura vascas, educación, seguridad, empleo público, derecho civil, régimen del Concierto Económico, la organización institucional propia de los tres niveles institucionales forales, entre otras.

Un segundo grupo reconocerá a las instituciones vascas la titularidad “demanial y/o patrimonial de los recursos naturales de su ámbito territorial –que se extiende hasta el mar territorial– y de las infraestructuras sitas en el mismo”. Y en tercer lugar atribuirá a los poderes públicos vascos todas las facultades relacionadas con los sistemas de relaciones laborales y de protección o de seguridad social, que deben incluir la capacidad legislativa plena de Euskadi. Es lo que los nacionalistas definen como “ampliar el quantum competencial estatutariamente reconocido a Euskadi, a través de una actualización sistemática y ambiciosa de los Derechos Históricos amparados por la Constitución” cita la propuesta en manos de los partidos de la Ponencia. La clave para el PNV es la capacidad que les atribuye la Disposición Adicional primera de la Constitución española que "ampara y respeta los derechos históricos de los Territorios forales” y que regula su actualización en el marco Constitucional y Estatutario.

"Esa disposición no es un cheque en blanco para todo, no les hace depositarios de un fondo de poder sin limites", explica Pastor, para quien es mucho más posibilista trabajar con el margen que proporciona el marco legal a través de encomiendas de gestión para algunas competencias exclusivas del Estado y en las que se puede crecer porque concurren con las del Estado.

El PNV quiere además, blindar esas competencias políticas del mismo modo que ya lo están las financieras y tributarias. Es decir, busca proteger el “corpus competencial” con el muro que le proporcionaría aglutinarlas en torno a un Concierto Político, como ya sucede con las relaciones financieras en el Concierto Económico, cuya singularidad reside en la manera de negociar cualquier modificación, discrepancia o actualización, en una comisión bilateral entre Euskadi y el Estado.